Los graves síntomas de caducidad del modelo de partidos políticos en cuanto a su organización, funcionalidad, servicio a la población, financiamiento y cuentadancia están a la vista. No hay que perderse en buscar parches legalistas o emprender disgresiones historicistas para justificar sus anacronismos. Se debe comenzar a gestar un verdadero proceso institucional para generar una nueva ley rectora del sistema de representación a través de organizaciones.

Para desarrollar tan crucial empresa, se hace necesario un diálogo cívico responsable, sereno, incluyente y legalmente técnico que permita la exposición de las limitaciones de la Ley de Partidos Políticos vigente y de las últimas reformas trastocadas bajo aviesos intereses. La ciudadanía debe contar con vías consistentes para poder expresar su opinión y expectativas para poder encontrar los consensos necesarios. El primero de estos canales está próximo: lo constituye el voto meditado y consciente en las próximas elecciones del 16 de junio, no solo en la boleta presidencial, sino también en las diputaciones por lista nacional y distritos, a fin de configurar un Congreso que sea capaz de responder a este desafío nacional.

Los procesos que ha vivido Guatemala en las últimas cuatro décadas han dejado duras lecciones que no necesariamente han sido aprovechadas para que el modelo político y de administración pública evolucionen y permitan enfilar a un horizonte de desarrollo humano sostenido. Los caudillismos, el tráfico de influencias, las donaciones anónimas o los financiamientos ilícitos y las prácticas de corrupción a distinto nivel han sido los peldaños para un lento descenso a una especie de purgatorio de Dante, en donde se han contemplado escenas cada vez más patéticas. Mandatarios devenidos en autócratas, presidentes encarcelados, exfuncionarios sentenciados por malos manejos del erario, diputados señalados de diversos ilícitos son solo parte de esa galería que constituye una afrenta a la dignidad de millones de ciudadanos honrados que se esfuerzan a diario con la esperanza de legar a sus hijos un mejor país.

La reciente captura en EE. UU. del ahora excandidato Mario Estrada, la orden de aprehensión girada por una corte de Miami en contra del presidenciable Roberto Arzú por un adeudo a un cuestionado asesor político o los audios en los que la candidata Sandra Torres negociaba un financiamiento millonario con el operador político Gustavo Alejos son muestras recientes de la necesidad de renovar la política en el país. Así también entra dentro de estos cuestionamientos la imperiosa necesidad de que la exfiscal Thelma Aldana aclare fehacientemente, en el país, los señalamientos en su contra.

No se vislumbra un futuro diferente para la democracia guatemalteca si se siguen consintiendo las mismas prácticas; no hay posibilidades de replantear las próximas décadas guatemaltecas si no se involucra de lleno a la población que vive, que trabaja y que sufre los rezagos en materia educativa, de salud, infraestructura y eficiencia del Estado. La solución no está en una persona, sino en todas las personas que habitan este territorio. La oportunidad no radica en un partido que pretenda arrogarse la dominación del Ejecutivo o el Legislativo, e incluso las cortes, sino en que todos los actores políticos que reciban el aval de la voluntad ciudadana en las urnas asuman su misión histórica con humildad, respeto y visión de Estado.