El sector privado organizado presentó un análisis del proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el 2027, presentado por el Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) por Q192 mil 45 millones, en el que cuestionó el incremento del monto y el endeudamiento previsto. Ante ello, instó a la Comisión de Finanzas del Congreso de la República a efectuar una revisión exhaustiva de la propuesta, cuya discusión entra en su fase final.

El análisis fue presentado este miércoles por representantes del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa) y la Fundación 2020, quienes formularon varias observaciones sobre la capacidad del Estado para ejecutar los recursos, la estructura del financiamiento, el destino de los fondos y los resultados esperados para la población.

Además, cuestionaron el incremento del déficit fiscal previsto, equivalente al 4.4% del producto interno bruto (PIB), al considerar que no cuenta con una justificación suficiente.

Los señalamientos del sector privado organizado coinciden con la postura expresada por la Red de Centros de Pensamiento el pasado 4 de octubre, cuando cuestionó el aumento del gasto público, el endeudamiento y la creación de nuevas plazas en un año electoral.

Entre las principales preocupaciones figuran el incremento del 14% en el gasto, un déficit fiscal equivalente al 4.4% del PIB, la emisión de Q42 mil 750 millones en bonos del Tesoro y la creación de 2 mil plazas en dependencias del Ejecutivo durante un año electoral.

Tanto la Red de Centros de Pensamiento como el Cacif y Fundesa solicitaron al Congreso revisar el gasto público y garantizar fuentes claras de financiamiento.

Los integrantes de la Comisión de Finanzas del Congreso prevén emitir un dictamen antes del 10 de noviembre, con posibles modificaciones al proyecto de presupuesto. La discusión entra en su fase final después de la elección de la nueva Junta Directiva del Congreso, efectuada el martes 27 de octubre, en la que cerca del 90% de sus integrantes fueron reelectos.

Cacif advierte sobre aumento de deuda

Sigfrido Lee, director de la Unidad Económica del Cacif, señaló que el crecimiento acumulado del presupuesto asignado durante la administración del presidente Bernardo Arévalo es del 65%, el más alto al compararlo con otros períodos presidenciales.

En términos generales, explicó que el crecimiento del gasto propuesto supera tanto el aumento esperado de los ingresos tributarios como el de la economía. Detalló que el presupuesto plantea un incremento del 13.8%, mientras que los ingresos tributarios crecerían un 9.9% y el producto interno bruto (PIB) nominal, un 7.2%. Además, se proyecta un déficit fiscal equivalente al 4.4% del PIB.

El análisis del sector privado organizado advierte sobre la sostenibilidad del endeudamiento, debido a que el proyecto contempla financiamiento mediante deuda por Q45 mil 619 millones, de los cuales Q42 mil 750 millones corresponden al cupo de emisión de bonos del Tesoro.

Según las proyecciones presentadas, la deuda pública alcanzaría el 29.4% del PIB en el 2027, frente al 26.3% registrado en el 2024. Asimismo, se programan Q24 mil 601 millones para el servicio de la deuda.

Lee advirtió que un mayor déficit fiscal implica una mayor dependencia del endeudamiento y señaló que, según el análisis, el 52% de los recursos provenientes de la deuda se destinaría a gastos de funcionamiento.

Cacif pide no aprobar presupuesto 2027

Sergio de la Torre, coordinador de la Comisión Económica del Cacif, consideró que el proyecto de presupuesto está técnicamente mal planteado y es financieramente insostenible, lo que, a su juicio, dificulta su ejecución.

“Cuando digo que es insostenible, es el presupuesto más alto de la historia, aunque siempre se dice lo mismo, pero es que en términos porcentuales es el más alto de la historia y además tiene un gran endeudamiento para gasto corriente”, apuntó.

De la Torre reiteró que una proporción elevada del financiamiento mediante deuda se destinaría a cubrir gastos de funcionamiento. Ante este escenario, recomendó al Congreso de la República no aprobar el proyecto de presupuesto o, al menos, no hacerlo en los términos en que fue presentado.

Sector privado pide revisar presupuesto 2027

Sigfrido Lee, director de la Unidad Económica del Cacif, afirmó que es necesario efectuar una revisión exhaustiva del proyecto de presupuesto para el 2027 antes de que sea conocido por el pleno del Congreso de la República en noviembre.

Para ello, presentó cinco recomendaciones:

1. Reducir el gasto propuesto y el endeudamiento asociado.
2. Preservar las prioridades públicas, mediante una estructura fiscal más sostenible.
3. Mejorar la relación entre los recursos asignados, la ejecución presupuestaria y los resultados obtenidos.
4. Exigir capacidad de ejecución y resultados antes de incrementar significativamente las asignaciones presupuestarias.
5. Fortalecer la vigilancia ciudadana sobre la aprobación, ejecución y resultados del presupuesto.

Fundesa identifica tres riesgos fiscales

Fernando Spross, analista de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), identificó tres riesgos del proyecto de presupuesto para el 2027 que podrían afectar las finanzas públicas y el desarrollo del país.

El primero está relacionado con el marco macrofiscal y los posibles efectos del presupuesto sobre la calificación de riesgo país.

El segundo se refiere a la agenda de infraestructura, particularmente a la brecha existente en este sector y a la importancia de priorizar recursos para reducirla.

El tercero está vinculado con los recursos asignados a los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes), que, según advirtió, representan un riesgo de corrupción y opacidad en el manejo de los fondos públicos.

Presupuesto 2027 creció Q10 mil millones

Spross, analista de Fundesa, señaló que uno de los aspectos que llamó la atención del sector privado organizado fue el incremento de Q10 mil 481.9 millones en el techo del presupuesto para el 2027 en apenas un mes.

Explicó que, en agosto, el techo presupuestario preliminar era de Q181 mil millones, mientras que el proyecto presentado por el Ejecutivo ascendió a Q192 mil millones, lo que representa un incremento del 5.8% respecto de la propuesta inicial.

En cuanto a los indicadores que vigilan de cerca las agencias calificadoras de riesgo y el Fondo Monetario Internacional (FMI), Spross advirtió que el gasto público crecería por encima del producto interno bruto (PIB) nominal. Además, destacó que el déficit fiscal proyectado, equivalente al 4.4% del PIB, supera en más del doble el umbral de sostenibilidad fiscal utilizado en su análisis.

Otro indicador señalado fue la relación entre la deuda pública y los ingresos tributarios, que alcanzaría el 243.4%, cercana al nivel de alerta del 250%.

“El deterioro sostenido de estos indicadores no es compatible con la aspiración de lograr un grado de inversión”, sostuvo.

Infraestructura: 67% de decisiones fuera del CIV

En materia de infraestructura, Spross explicó que el proyecto de presupuesto contempla Q24 mil 886 millones distribuidos en 11 unidades ejecutoras. Este monto representa el 12.96% del presupuesto total y el 2.28% del PIB proyectado para el próximo ejercicio fiscal.

Según el análisis presentado, los recursos se distribuirían de la siguiente manera:

• Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV): Q8 mil 318 millones, equivalentes al 33.4%.
• Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro: Q15 mil 973 millones, que representan el 64.4%.
• Ministerio de la Defensa Nacional: Q595 millones, equivalentes al 2.4%.

“Esto significa que las decisiones sobre 67% del gasto en infraestructura se toman fuera del ministerio que tiene la capacidad técnica sectorial, la rectoría normativa y la responsabilidad de planificación de largo plazo”, puntualizó.

De acuerdo con Spross, esta distribución plantea desafíos para la planificación, coordinación y ejecución de los proyectos de infraestructura pública.

Codedes recibirían Q6 mil 185 millones

En cuanto a los recursos destinados a los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes), Fernando Spross, analista de Fundesa, explicó que el proyecto de presupuesto para el 2027 contempla una asignación de Q6 mil 185.4 millones, entre aportes ordinarios y extraordinarios.

Sin embargo, advirtió sobre la baja capacidad de ejecución de estos recursos. En el 2024, los Codedes ejecutaron el 52% de los fondos asignados, mientras que en el 2025 la ejecución alcanzó el 62%. Hasta octubre del 2026, la ejecución acumulada era del 31%.

“Con ese promedio de ejecución, canalizar Q6 mil185.4 millones 16.0% de toda la inversión por medio de los Codedes implica que una porción sustancial no se traducirá en obra concluida dentro del ejercicio 2027”, advirtió.

Spross también cuestionó la distribución territorial de los recursos, al señalar que los proyectos no se concentran necesariamente en los departamentos con mayores niveles de pobreza, entre ellos Alta Verapaz, Baja Verapaz, Jalapa, Quiché y Huehuetenango.

Según el análisis presentado, durante el período 2024-2026, la inversión de los Codedes se concentró principalmente en Guatemala, Huehuetenango, San Marcos, Quiché y Jutiapa.