La Ley de Migración fue aprobada de urgencia nacional con el voto a favor de 118 diputados; sin embargo, el 3 de diciembre esa aprobación fue “censurada” por la Organización de Naciones Unidas, que considera que fomenta la “persecución penal del tráfico ilícito”  de personas e implica incluso “la criminalización” de la migración irregular.

Una de las principales reformas a la Ley contempla una pena de prisión de seis a ocho años a quienes, con el fin de obtener directa o indirectamente un beneficio económico, promueva o facilite el ingreso, permanencia o salida ilegal del territorio nacional de una o más personas extranjeras.

Lo mismo se aplicará a quien facilite o promueva el transporte o tránsito de una o más personas extranjeras y a quien facilite un documento de viaje o identificación falsa a los extranjeros.

En el artículo 16 también se indica que los responsables por los delitos contenidos en la Ley, quedarán obligados a indemnizar a los agraviados por los daños y perjuicios causados, incluidos todos los costos de atención necesarios para su completa recuperación física, psicológica y económica.

La nueva Ley de Migración entra en vigencia mañana miércoles según la publicación oficial firmada por Maldonado Aguirre; la ministra de Gobernación, Eunice Mendizábal y el secretario general de la Presidencia, José Roberto Hernández.