Los diputados descansan después de una maratónica aprobación de un abultado endeudamiento, del cual solo una parte está destinada para atender las necesidades de la emergencia. Mientras, miles de ciudadanos guatemaltecos viven la agonía de qué van a comer hoy, ante las restricciones preventivas a las actividades económicas, prohibiciones de locomoción y limitaciones del toque de queda, que les vedan la oportunidad de obtener el escaso ingreso diario para la sobrevivencia. Los anuncios de reparto de víveres y distribución de un bono de Q1 mil ya llevan dos semanas, pero no hay claridad sobre los mecanismos para definir a los beneficiarios.

Las aglomeraciones de vendedores informales, locatarios, conductores de buses, microbuses y mototaxis, así como adultos mayores y madres solteras, frente a municipalidades empiezan a hacerse cada vez más frecuentes, nutridas y desesperadas, a la vez que constituyen riesgo de contagio, pues la finalidad de las prohibiciones vigentes es precisamente evitar las concentraciones de personas. Igual, la respuesta que reciben es ambigua y hasta desalentadora. Las comunas solo registran a vendedores, pero no son las encargadas de entregar la ayuda y endosan la tarea al Ejecutivo.

Duele ver llorar como un niño indefenso a Juan Francisco Figueroa, de 73 años, quien confiesa no poder atender las restricciones de movilidad establecidas para adultos mayores porque necesita salir a las calles —parcialmente desiertas— con su carreta de granizadas para ganarse el sustento. Le pide públicamente al Gobierno atender a las personas desprotegidas. Usa la coloquial frase “ponerse la mano en la conciencia” para hacer un llamado angustioso y manifestar su voluntad de trabajar a pesar de los riesgos.

Las explicaciones técnicas y las interioridades burocráticas resultan irrelevantes para quien ya tiene el bolsillo vacío, a un mes de la suspensión sanitaria. Los mismos ciudadanos aceptan y comprenden estoicamente la situación; saben que es una necesidad de contención, aceptan que se requiere un sacrificio para frenar al coronavirus, pero les agobia la amenaza del hambre, del alquiler, de pagos de servicios, entre otras necesidades.

Hay esfuerzos loables de empresas, instituciones, iglesias y personas particulares que han comenzado a compartir alimentos en determinadas áreas, pero falta clarificar y sistematizar el papel asistencial del Estado, puesto que, de lo contrario, se está incubando la posibilidad de conflictos, pugnas y protestas. En un país que ya de por sí exhibe indicadores preocupantes de pobreza, una crisis como la actual se convierte en oportunidad de mostrar liderazgo, pero también de detonar el descontento. La precariedad económica debe abordarse con la misma seriedad que se ha tenido para enfrentar al coronavirus.

Finalmente, un último aspecto a subrayar: es probable que la tardanza en la distribución de un aporte económico de emergencia obedezca a la estructuración de controles de transparencia y depuración de beneficiarios. Esto podría ser comprensible, pero igual debe trazarse una fecha límite y establecerse un mecanismo claramente explicado para un inicio ordenado, seguro, salubre y auditable de la distribución de tal subsidio. Si, por el contrario, la demora obedece más bien a la intersección de intereses políticos, clientelares o de cualquier tipo de propaganda a nivel local, solo cabe señalar que ninguna conveniencia política es válida para poner en juego la vida de ciudadanos ni la subsistencia de familias completas.