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Actualmente funcionan 37 mesas de trabajo en el Legislativo, cuya función además de ejercer un estricto rol de fiscalización en cada una de sus especialidades, es emitir opiniones técnicas según detalla la propia Ley Orgánica del Congreso de la República.
“Las Comisiones constituyen órganos técnicos de estudio y conocimiento de los diversos asuntos que les someta a consideración el pleno del Congreso de la República o que promuevan por su propia iniciativa. Para su funcionamiento, las comisiones tendrán irrestricto apoyo de la Junta Directiva del Congreso y podrán requerir la presencia y la colaboración de funcionarios, representantes o técnicos de cualquier institución pública o privada”, refiere el artículo 27 de la ley.
Lo anterior se puede fácilmente a traducir en la emisión de un dictamen para las iniciativas de ley, documento que deberá ser discutido y analizado por el Pleno antes del nacimiento de una nueva norma.
Pero en este año únicamente 16 comisiones han entregado dictámenes, sobresaliendo la comisión de Finanzas, con nueve; la de Trabajo, con cuatro y la mesa de Educación con tres, las 13 restantes se han mantenido entre dos o una, pero las últimas 21 no han elaborado un solo documento en 10 meses de trabajo.
La ley del Congreso también permite a cada comisión tener un fondo de Q3 mil mensuales para los gastos de trabajo, o bien para cubrir los alimentos que consuman los diputados en las reuniones.
Quienes más han gastado son las Comisiones del Migrante y Finanzas; la primera con un total de Q23 mil 905.35 en lo que va del año, esta mesa desarrolló amplias jornadas de trabajo para entregar la nómina de candidatos al Consejo Nacional del Migrante de Guatemala (Conamigua).
La segunda ha gastado Q11 mil 917.40 y lleva el mayor número de dictámenes presentados hasta ahora, así como reuniones por el análisis del proyecto de presupuesto 2021.
Pero por ejemplo la Comisión de Previsión y Seguridad Social lleva un gasto superior a Q11 mil sin un solo dictamen, cosa similar ocurre con las comisiones de Agricultura y Cooperativismo con gastos de alrededor de Q9 mil quetzales, según datos de la página web del Legislativo.
Falta transparencia
Este tipo de gastos son comunes en el Congreso, pero a criterio de Walter Menchú, integrante del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), es necesario que su plataforma mejore para así facilitar la fiscalización.
Incluso ellos han detectado, en otro años, como algunas comisiones rebasan el gasto de los Q3 mil mensuales o emiten más de un solo reporte para el mes cuando bien lo publican, de lo contrario la información se encuentra desactualizada.
“Hace falta mucho en el tema de transparencia porque cuando uno revisa los reportes de cajas chicas hay un montón de archivos, pero en formatos no legibles entonces es muy difícil o es un trabajo que lleva mucho tiempo porque no permite la fácil manipulación; con un montón de diputados y con un montón de gastos en cajas chicas se necesita un mejor formato para saber en qué se están gastando esos recursos para luego hablar si realmente es una inversión o solo un gasto”, refirió.
Menchú esta consiente que la pandemia vino a frenar la productividad en muchas instituciones, incluido el Congreso, pero esa paralización no se ve reflejada en sus finanzas, “es un gasto que se ha mantenido, aun cuando se ha presentado esta reducción de trabajo que también es preocupante porque uno quisiera que ese dinero que se está invirtiendo en el Congreso sirviera para mejorar la calidad de la producción legislativa”.
Gastos ofensivos
En lo que va del año las comisiones del Congreso han gastado Q136 mil 281.62, pero ninguna mesa tiene un reporte de todos los meses transcurridos del 2020, por lo que esa cifra podría ser mayor.
“Los diputados podrían pensar que hacer para que al nivel legislativo se reduzcan esos gastos, sobretodo en este contexto del coronavirus, podrían reducir esos gastos superfluos que son tan ofensivos en un país con una realidad como Guatemala, máxime ahora que la austeridad podría beneficiarnos a todos como Estado”, expuso María del Carmen Peláez, del Centro de Asesoría Legal Anticorrupción (ALAC).
“Es una cuestión moral”
Algunos diputados han manifestado públicamente no compartir esta serie de beneficios que le otorga el Legislativo a los congresistas, por ello han renunciado a algunos de ellos y hasta presentado proyectos de ley que permanecen estancados.
Tal es el caso del diputado Juan Carlos Rivera, jefe del bloque Victoria, quien impulsó el 14 de enero una iniciativa para que ninguna institución de gobierno goce de un seguro médico que es pagado con la recaudación tributaria.
“Creo que los fondos del Estado pueden alcanzar pero cuando los funcionario públicos dejen de abusar de los privilegios que le da a cada uno el cargo que desempeñan, yo hice una investigación antes del 14 de enero de 2020 y más o menos son Q124 millones lo que gasta el gobierno en diferentes instituciones donde se otorga como un privilegio a los funcionarios y empleados el seguro médico, la idea de esta iniciativa de ley es que los fondos que no se van a utilizar sean trasladados al ministerio de Salud”, señaló.
Por su parte el diputado Armando Castillo, tercer vicepresidente del Congreso, afirmó que también renunció a algunos de sus beneficios y que el mensaje de la Junta Directiva es no malgastar los recursos.
Castillo destacó que algunos presidentes de comisión renunciaron a la caja chica, pero añadió que legalmente cada legislador y comisión cuenta con una independencia, “definitivamente estamos en contra de que se gasten los recursos del Estado en cosas superfluas, definitivamente, pero cada comisión, cada jefatura de bancada, le asiste la ley para haber gastado y si están en el marco de la ley es más una cuestión moral que una cuestión legal en la que Junta Directiva pueda intervenir”.
