Un paro de labores de empleados estatales dejó atrasos y pérdidas ayer en Puerto Quetzal. Amenazan con más suspensiones, en las cuales se coaligarían con la portuaria Santo Tomás, para manifestar su oposición y presionar en contra de la aprobación de la ley que crearía una autoridad portuaria nacional. Dicha institución se encargaría de auditar la calidad de las operaciones, cotejar reportes y velar por la aplicación de protocolos de seguridad internacional. Su existencia es un requisito exigido por Estados Unidos para certificar a ambos puertos, pero es obvio que su eventual funcionamiento representa un estorbo a los intereses de mafias que se dedican al contrabando, evasión y defraudación fiscal.

Los sindicalistas vociferan que la autoridad portuaria supuestamente dañaría la autonomía de la cual gozan las empresas portuarias estatales; sin embargo, para urdir suspensiones conjuntas, notoriamente dañosas para la productividad del país, ahí si no importa la tal autonomía. En todo caso, si tanto les preocupa cualquier vulneración operacional, bien podrían aproximarse a la comisión legislativa correspondiente para exponer de forma constructiva sus puntos de vista, sin afectar a exportadores e importadores, sobre todo en una coyuntura económica tan frágil como la que vive el país.

La iniciativa 5545 comenzó a configurarse desde el 2019, como un compromiso adquirido por el Estado, devenido de acuerdos internacionales. Obviamente, existe un marcado atraso en relación con sistemas portuarios de otros países que ya cumplen con el requisito y hacia los cuales podría desviarse el movimiento de carga con dirección a EE. UU. —principal socio comercial—, si los de Guatemala fuesen descertificados por poseer vulnerabilidades inaceptables en un mundo globalizado.

Queda claro que si los sindicatos prosiguen con su intransigencia sin presentar propuestas asertivas, claras y viables, se encontrarán en una posición rayana en la ilegalidad, pues ponen en peligro la economía nacional, pero sobre todo dejan entrever que responden a oscuros intereses que por décadas han medrado, con trasiegos inconfesables, en estas instalaciones de entrada y salida marítima al territorio nacional.

Un hecho que acrecienta las sospechas sobre los manejos portuarios es la denuncia de bloqueo sistemático al sistema de cámaras de ambos puertos en contra de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT). De 560 cámaras que supuestamente están en funcionamiento, la Intendencia de Aduanas solo tiene acceso a nueve. Desde el 2017 han insistido en la necesidad de poder contar con dicho recurso para evitar trasiegos de mercancías, o peor aún, de cargamentos ilícitos, de drogas, armas o personas, que se sospecha pasan por los puertos. Si bien podría argumentarse que ello podría ser una especie de injerencia, entonces se fortalecen las razones para crear la Autoridad Designada del Sistema Portuario.

Es evidente que hay motivos ulteriores para evitar una supervisión unificada y en tiempo real. Y también queda claro que la resistencia a la cuentadancia y al escrutinio público es una malsana cultura en ciertas dependencias estatales. Tal es el caso del Congreso de la República, que efectuó ayer, al amparo de la noche y el cierre de calles aledañas, la juramentación cuestionada de dos magistrados de la Corte de Constitucionalidad por el Colegio de Abogados, pese a que hay recursos pendientes. Y si así sucede en pleno centro de la capital, cuántas situaciones no sucederán en las instalaciones portuarias, en donde ni siquiera se sabe si funcionan y graban las cámaras de seguridad.