Con frecuencia se arguye, para negar requerimientos de datos referentes a gastos del Ejército, que están protegidos por la figura de secreto militar o razones de “seguridad nacional”, lo cual podría tener algún sustento en un estado de guerra o bien en lo referente al resguardo fronterizo. Si bien es cierto se trata de una institución constitucionalmente “destinada a mantener la independencia, la soberanía y el honor de Guatemala, la integridad del territorio, la paz y la seguridad interior y exterior”, también, según el artículo 250, “se rige por lo preceptuado en la Constitución”.

En ese sentido y salvando el honor de oficialidad y tropa que se rigen por las más altas normas de integridad, resulta especialmente grave el señalamiento contenido en un informe de Estados Unidos, en el cual se hace referencia a militares que no solo cargaron y transportaron, sino que custodiaron alijos de cocaína vinculada con el cartel denominado los Chamalé, cuyo cabecilla, Juan Ortiz, fue capturado y extraditado al país del norte en 2011, así como condenado a 20 años de prisión en 2015. No obstante, las operaciones de esa organización prosiguieron. Su hermano fue detenido en marzo de 2019 y su sobrino Kevin Giordano Ortiz López, el 21 de junio último, también bajo pedido de extradición.

No son las únicas personas vinculadas con el trasiego de drogas; sin embargo, resulta llamativo que en el requerimiento estadounidense se consignen las declaraciones de un testigo protegido que señala a Giordano Ortiz y además afirma que “llegaban soldados guatemaltecos y cargaban la cocaína en una camioneta picop (sic) para luego transportarla a una ubicación diferente”.

El informe detalla también que posteriormente los vehículos cargados con droga eran “seguidos de cerca por otra camioneta picop con soldados que proporcionaban seguridad para el transporte”. No se indica si solo eran soldados o si había algún oficial vinculado. Es probable que el testigo no distinguiera entre unos y otros, pero se hace improbable que efectivos de tropa actúen a sus anchas en un asunto de tal magnitud. En todo caso, tal indicio amerita una investigación exhaustiva cuyos resultados deben ser públicos, precisamente por atentar contra la seguridad ciudadana y contra la propia institucionalidad.
Esconderlos o simplemente negarlos implicaría una cierta admisión del hecho o del descontrol sobre ciertos castrenses. El Ejército dio a conocer, por medio de su vocero, su total colaboración a cualquier pesquisa y de hecho el Ministerio Público comenzó una, para lo cual debe contar con acceso total a registros e identidades.

Queda claro que a estas alturas de la historia los ejércitos no pueden ser feudos intocables, zonas fuera del radar o espacios de excepción al estado de Derecho, sobre todo si existen señalamientos hacia ciertos integrantes relacionados con actos ilícitos. Sus mismas metodologías de disciplina y controles de ingresos o salidas deben servir para detectar conductas sospechosas, a fin de ponerlos a disposición de las autoridades de justicia. Otros sucesos recientes que también ameritan respuesta y consecuencias, como la retención de soldados en una comunidad de San Luis, Petén, el 22 de junio último, supuestamente a manos de pobladores coaligados con grupos de narco, aunque existen versiones que señalan lo contrario. Individualizar responsabilidades y expulsar a malos miembros es también una forma de proteger la soberanía.