El Tribunal Supremo Electoral (TSE) implementa un protocolo de seguridad para resguardar los datos del padrón electoral que son vitales para el correcto desarrollo del proceso electoral. Además desarrolla su propio programa para evitar cualquier inconveniente.

Paula Barrios, directora de la Organización Mujeres Transformando el Mundo (MTM), da sus impresiones sobre la iniciativa 5272 que busca aprobar la ley para la protección de la vida y la familia.

Marco Antonio Rodríguez, presidente del Movimiento Evangélico Nacional de Acción Pastoral (Menap), da sus impresiones sobre la iniciativa 5272, que busca aprobar la ley para la protección de la vida y la familia.

La iniciativa 5272, que busca aprobar la ley para la protección de la vida y la familia, ha causado comentarios a favor y en contra en días recientes, por lo que diputados y activistas sociales señalan que está siendo utilizada con fines electorales.

Dos ministros, un secretario y diputados estuvieron en la misma mesa con Jimmy Morales y Mario Estrada en la reunión de la hacienda de Jalapa del excandidato preso en Estados Unidos por intentar obtener financiamiento del cartel de Sinaloa y de planear la muerte de candidatos.

Las autoridades de seguridad confirmaron que Mario Estrada, detenido en Estados Unidos por conspirar para asegurarse la victoria electoral, tenía asignado a nueve agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) para su seguridad.

El mercado La Económica, ubicado en la zona 1 de Playa Grande Ixcán, Quiché, fue afectado por un pavoroso incendio.

El Senado de México ratificó este 29 de abril a Romeo Ruiz Armento como próximo embajador de ese país en Guatemala.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) ordenó el 26 de abril la inscripción de Alejandra Carrillo, quien se une a la creciente lista de parlamentarios que consiguen su inscripción a pesar de que fueron rechazados en el primer filtro.

El estratega político Juan José Rendón respondió a Prensa Libre sobre los señalamientos que hizo en su contra el candidato presidencial por la coalición PAN-Podemos, Roberto Arzú, y aseguró que esta no es una demanda en proceso sino una sentencia en firme, por lo que el político guatemalteco deberá pagar US$6.1 millones.