Hace pocos días, un amigo conocedor de cuestiones geopolíticas y geoestratégicas lanzó en redes la expresión “el diablo está en los detalles”, refiriéndose a las recientes elecciones intermedias en EE. UU. Particularmente, aludía al sistema de pesos y contrapesos que se dará a partir de ahora para la administración Trump, con un Senado Republicano y una Cámara Demócrata. Aunque pensemos que la política de EE. UU. es una, independientemente del partido que gobierne, cuando se hila más fino queda claro que hay ciertos detalles que cambiarán a partir de ahora.

¿Se habría dado un éxodo de 7 mil personas centroamericanas si por acá no hubiera un sistema tan inequitativo?

La Caravana Migrante no se formó en un día. Este éxodo humano que empezara a mover unos mil pares de pies hondureños el 13 de octubre del 2018 inició hace mucho en nuestra región expulsora, corrupta, miserable y violenta. Es una práctica social que hoy tiene la connotación de huida, sobre todo en Honduras, El Salvador y Guatemala, y se calcula que suma ya más de siete mil personas.

Que cada quien profese la fe que desee. Mi artículo no va en la línea de cuestionar las creencias de nadie, sino de iniciar una reflexión en dos sentidos, como ciudadana de un Estado supuestamente laico: 1) Las facciones más institucionales, poderosas y conservadoras de las Iglesias, se han vinculado históricamente con el poder político, para darle respuesta a los intereses del poder económico; y 2) El dogma de fe, difundido desde cualquier púlpito político, impacta profundamente la psiquis de las personas, imposibilitadas de cuestionar lo sagrado. Quienes lo saben también saben que pueden manejar realidades con ello, porque inducen una manera de ver el mundo, de representar la autoridad y de ejercer el poder.

Guatemala se ha convertido en un experimento gubernamental sin precedentes. En pleno siglo XXI, las características que definen al Estado guatemalteco nos remiten más a la Edad Media que a ningún otro tiempo y lugar. Vivimos un gobierno feudo-narco-clepto-teocrático. El predominio de una función sobre la otra (a veces más feudal, a veces más narco, más teocrático o cleptocrático) ha dependido de las circunstancias, y de cómo ha sido manejado el poder por quien gobierna (o más bien por quienes lo han puesto a desgobernar).

En el fondo, la oposición más consistente y profunda a la Comisión Internacional Contra la Corrupción y la Impunidad en Guatemala (Cicig) u otra instancia cualquiera cuyo mandato sea la lucha contra la corrupción y la impunidad  viene de quienes saben que, por esa lucha, podrían perder dinero y privilegios. La reputación ya no es una variable de análisis, porque la decencia ha perdido adeptos, y porque, cuando la vergüenza pasa (como muchos de ellos aseguran), la plata queda en casa.

Mi bisabuelo materno y mi tío abuelo paterno siempre hablaron del Memorial de los 311. Fueron principalmente jóvenes universitarios quienes se dirigieron aquel 22 de junio de 1944 al dictador Jorge Ubico, en una carta que cambiaría mucho de nuestra historia reciente. Ambos, de tan distinto pensamiento político pero tan decentes y tan queridos entre sí, habían signado aquel documento, precedente irreductible de la Revolución de Octubre.

Caminaron por horas y venían de todo el país. Miles de hombres y mujeres del movimiento que integra a indígenas, campesinos y pueblos entraron al amanecer a la capital guatemalteca por los cuatro puntos cardinales. Venían a expresar pacíficamente su postura contra la corrupción, a favor de la Cicig y contra el gobierno de Jimmy Morales. Su manera de hablar es manifestar, porque no tienen participación ni en los espacios políticos ni en los económicos, ni en los mediáticos.

Del Pacto de Corruptos mutaron al Pacto de Golpistas, porque las especies que buscan sobrevivir se transforman en lo que sea para adaptarse al medio que las incuba y hospeda. Pasaron de ser los protagonistas de la corrupción a tratar de impulsar un golpe de Estado, rompiendo para ello el orden constitucional —desacatar una orden de la Corte de Constitucionalidad (CC),  impidiendo el ingreso de Iván Velásquez, jefe  de la Cicig, es un golpe técnico) y legislando para crear un contexto favorable al golpe —reformar la Ley en materia de Antejuicio—.

Cuando la clase política quiere distraer la atención ciudadana y hacer avanzar agendas a favor de la impunidad pone en las agendas mediáticas temas que pueden rompernos por la mitad: la pena de muerte, la diversidad sexual y el aborto, por ejemplo. Son temas fundamentales en la construcción de cualquier democracia, y ameritan sus propios espacios y tiempos, como lo saben las personas, grupos y organizaciones que han puesto su empeño en sacarlos del silencio y revisarlos en la práctica social.