Guatemala se ha convertido en un experimento gubernamental sin precedentes. En pleno siglo XXI, las características que definen al Estado guatemalteco nos remiten más a la Edad Media que a ningún otro tiempo y lugar. Vivimos un gobierno feudo-narco-clepto-teocrático. El predominio de una función sobre la otra (a veces más feudal, a veces más narco, más teocrático o cleptocrático) ha dependido de las circunstancias, y de cómo ha sido manejado el poder por quien gobierna (o más bien por quienes lo han puesto a desgobernar).

En el fondo, la oposición más consistente y profunda a la Comisión Internacional Contra la Corrupción y la Impunidad en Guatemala (Cicig) u otra instancia cualquiera cuyo mandato sea la lucha contra la corrupción y la impunidad  viene de quienes saben que, por esa lucha, podrían perder dinero y privilegios. La reputación ya no es una variable de análisis, porque la decencia ha perdido adeptos, y porque, cuando la vergüenza pasa (como muchos de ellos aseguran), la plata queda en casa.

Mi bisabuelo materno y mi tío abuelo paterno siempre hablaron del Memorial de los 311. Fueron principalmente jóvenes universitarios quienes se dirigieron aquel 22 de junio de 1944 al dictador Jorge Ubico, en una carta que cambiaría mucho de nuestra historia reciente. Ambos, de tan distinto pensamiento político pero tan decentes y tan queridos entre sí, habían signado aquel documento, precedente irreductible de la Revolución de Octubre.

Caminaron por horas y venían de todo el país. Miles de hombres y mujeres del movimiento que integra a indígenas, campesinos y pueblos entraron al amanecer a la capital guatemalteca por los cuatro puntos cardinales. Venían a expresar pacíficamente su postura contra la corrupción, a favor de la Cicig y contra el gobierno de Jimmy Morales. Su manera de hablar es manifestar, porque no tienen participación ni en los espacios políticos ni en los económicos, ni en los mediáticos.

Del Pacto de Corruptos mutaron al Pacto de Golpistas, porque las especies que buscan sobrevivir se transforman en lo que sea para adaptarse al medio que las incuba y hospeda. Pasaron de ser los protagonistas de la corrupción a tratar de impulsar un golpe de Estado, rompiendo para ello el orden constitucional —desacatar una orden de la Corte de Constitucionalidad (CC),  impidiendo el ingreso de Iván Velásquez, jefe  de la Cicig, es un golpe técnico) y legislando para crear un contexto favorable al golpe —reformar la Ley en materia de Antejuicio—.

Cuando la clase política quiere distraer la atención ciudadana y hacer avanzar agendas a favor de la impunidad pone en las agendas mediáticas temas que pueden rompernos por la mitad: la pena de muerte, la diversidad sexual y el aborto, por ejemplo. Son temas fundamentales en la construcción de cualquier democracia, y ameritan sus propios espacios y tiempos, como lo saben las personas, grupos y organizaciones que han puesto su empeño en sacarlos del silencio y revisarlos en la práctica social.

Obtuvo el primer lugar en la Escuela de Estudios Judiciales, en el año 2001, con un promedio de 98 puntos. Según dicta la Ley de Servicio Civil del Organismo Judicial (OJ), los primeros 10 lugares deben ser nombrados como los más aptos para ocupar el cargo al cual aplican. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de entonces no nombra a Érika Lorena Aifán Dávila.

Querer a Guatemala no significa callar sobre sus horrores cotidianos. Hay días en que una siente que este lugar no es un país, y ni siquiera un paraje maldito como algunos la definen, sino una distopía o una mala serie de Netflix. Hay días en que solo puedo vernos como una sociedad cerrada, desigual, de guetos solo solidarios con sus idénticos, con poco cerebro y demasiado dogma, inoculada de miedo, discriminación, voracidad y racismo.

En un “país” donde cualquiera puede terminar en prisión indefinidamente por crímenes tan serios como robar una gallina, los corifeos del #PactodeCorruptos se rasgan las vestiduras después de la muerte del exdiputado Manuel Barquín en el Hospital Roosevelt. Como en la representación de las antiguas tragedias clásicas griegas, cantan recio una supuesta indignación  por quien enfrentaba prisión preventiva por los delitos de asociación ilícita, financiamiento electoral ilícito y tráfico de influencias.

Cuando Otto Pérez ganó las elecciones del  2011 compartí con algunas personas una preocupación: que la vuelta de un militar de alto rango a la cabeza del Estado podría implicar una amenaza para la Guatemala de la posguerra, que transitaba con mucho esfuerzo hacia la democracia que queríamos. Esta reflexión partía tanto del ámbito de lo simbólico como del ámbito de lo real.