Diputados prometen cambios y otros aseguran que no notaron riesgo al acceso de datos.  

Nueve exfuncionarios o empresarios privados de libertad por casos de corrupción en entes estatales, entre otros señalamientos, fueron trasladados en la madrugada de Mariscal Zavala  otros centros de detención confirmó el Sistema Penitenciario (SP).

La poca discusión que los congresistas han hecho de las reformas constitucionales para el sector justicia en el Congreso, aunada a la poca credibilidad de que goza ese organismo, origina dudas en diferentes sectores, los cuales prefieren que se analicen y discutan en una mesa de diálogo más amplia.

Con 387 implicados, entre capturados, citados y prófugos, el caso de defraudación aduanera La  Línea “es solo el comienzo”,  afirmó el jefe de la Cicig, en el marco de la difusión del noveno informe de labores de la entidad.

Cinco de los seis casos de corrupción relacionados con el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), hechos públicos hasta ahora, habrían dañado las finanzas de la institución por Q419 millones, en tanto 21 exdirectivos y exfuncionarios del Seguro Social están capturados, incluyendo a los 5 detenidos ayer.

Las estadísticas de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) demuestran que ciertos sectores fueron beneficiados con devoluciones de crédito fiscal durante el gobierno del Partido Patriota (PP), para luego reportar una caída brusca de estos beneficios.

Fiscalía innova espacios y privilegia el relato libre en los casos de menores agredidos.

Un total de US$33 millones 800 mil, de US$35 millones convenidos, fueron entregados para la instalación del sistema prepago en buses del Transurbano, entre el 2009 y el 2014.

Al menos Q104 millones habrían sido utilizados por el Transurbano para la compra de aparatos del sistema prepago que no fueron instalados en unidades de ese transporte, porque además no se adquirió la cantidad de buses requeridos, según documentos a los que Prensa Libre tuvo acceso.

Se cumplieron 11 años de “la ruptura del Sur”, el pacto de no agresión que hubo entre estructuras pandilleras rivales, datos de la fiscalía no coinciden con los de Presidios.