Estado de sitio: Ataques a la PNC redujeron 55% la afluencia a restaurantes y otros sectores refieren impacto

El impacto de los ataques a agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) repercutió en la baja afluencia a restaurantes y otros servicios en el área metropolitana. Aunque en el interior del país se reporta mayor normalidad en las operaciones de diferentes actividades, el sector de manufactura de alimentos y bebidas afirma que sí les afecta.

Guatemala / Por Redacción Mundo Económico

20 de enero de 2026

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05:15h

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Seguridad tras ataque a PNC. Se refuerza presencia de agentes de la policía y del Ejército el lunes 19 de enero del 2026, mientras algunos comercios y los centros educativos permanecieron cerrados. (Foto, Prensa Libre: Byron Rivera).

Directivos de sectores de restaurantes, turismo, industria de alimentos e industria en general, exponen sus opiniones sobre los efectos de los ataques a policías y el estado de sitio.

Abraham Az, presidente de la Gremial de Restaurantes de Guatemala (Grega GT), adscrita a la Cámara de Comercio de Guatemala (CCG), señaló que, respecto de las medidas anunciadas por las autoridades, como el estado de sitio, el sector reitera su respeto al marco legal y a las acciones realizadas, ya que estas buscan preservar la seguridad y el orden público.

Desde la gremial hacen un llamado a la calma y a la responsabilidad, pues los establecimientos continúan y continuarán operando, priorizando el bienestar de colaboradores, clientes y comunidades, porque también están afectados. “Todos merecemos sentirnos con el bienestar que nos debe brindar la seguridad”, expresó.

El sector entiende que la seguridad es un factor esencial porque genera confianza, ya que el empleo y la actividad económica deben continuar.

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Los ataques a policías el domingo 18 de enero impactaron directamente la actividad de los restaurantes, con menor afluencia de clientes y horarios más restringidos. “La gente teme, y ya impactó. Definitivamente sí va a haber un impacto”, expresó Az.

Indicó que, según información del sector, ese día se registró una baja en la afluencia de entre el 50% y 60% en el área metropolitana, con un promedio de reducción del 55%. “Por ejemplo, en la zona 10 bajó casi el 55% la visita de clientes ese día”, añadió.

Aunque no tiene aún otros datos, mencionó que esperan que los problemas cesen. Este lunes todavía se observaba menos tráfico vehicular, y se sabe que universidades y ciertos colegios están cerrados. Esperan que este martes diversas actividades puedan reanudarse.

También hizo un llamado a las autoridades para mantener una comunicación clara y concisa, a fin de no confundir más a la población.

En Guatemala existen alrededor de 20 mil establecimientos de alimentos, como restaurantes, cafeterías y negocios relacionados con el sector gastronómico y la industria turística.

“Lo que nos queda a nosotros como ciudadanos, trabajadores y empresarios es estar en constante comunicación, no alarmarnos más. Tenemos que tomar con liderazgo esta situación, porque no podemos dejar en manos de personas que lamentablemente solo hacen daño a todo el país. Tenemos que seguir, porque el trabajo es importante. La gente necesita llevar alimentos a sus hogares, transportarse. El empresario necesita seguir generando empleo, seguir inyectándole a la economía, y el país necesita seguir operando. No podemos caer en el fatalismo. Entendemos, con dolor y pesar, y definitivamente también preocupación: estamos de luto, lo sentimos, y por eso pido a las autoridades tomar acciones inmediatas para restablecer esta situación”, expresó Az.

Consultado sobre el posible cambio en el comportamiento del consumidor, el ejecutivo respondió se les está brindando información y recomendaciones a empresarios y trabajadores para que tomen con calma las situaciones anómalas. Los trabajadores deben llevar identificación, usar rutas y medios de transporte conocidos, mantener la calma, atender indicaciones de las autoridades e informar a sus empresas si ocurre algo fuera de lo normal”.

El sector está brindando apoyo y transmitiendo tranquilidad, explicó. “Los trabajadores y empresarios importan. Debemos hacer ver a la población que no podemos caer en el fatalismo ni en el negativismo. Tenemos que buscar siempre alternativas que fortalezcan no solo al sector gastronómico, sino a todos los sectores. No podemos parar la economía de Guatemala por lo que ocurrió el domingo”.

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Acerca de alternativas para mantener la ocupación hotelera y la afluencia a restaurantes, Az recomendó mantener la comunicación: que los usuarios consulten antes de llegar a una reservación. También sugirió que los empresarios contacten a sus clientes para informarles sobre horarios y condiciones de operación.

Otra opción es el servicio a domicilio, muchas empresas ya lo brindan, en tanto muchos clientes podrían sentirse más seguros si no quieren salir.

Refirió que se debe cuidar al personal. Este lunes les informaron sobre problemas de transporte, lo cual dificulta el traslado hacia y desde algunos lugares.

Agregó que para el sector es fundamental mantener una comunicación permanente y acompañar a los agremiados en la implementación de buenas prácticas operativas o ajustes necesarios, derivados de las dificultades de transporte, pero cumpliendo las disposiciones vigentes y priorizando a las personas y el trabajo digno.

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“El servicio responsable y la generación de empleo como Gremial de Restaurantes de Guatemala, adscrita a la Cámara de Comercio, es muy importante para nosotros. Estamos preparados para que los clientes se sientan tranquilos, bien atendidos. No somos ajenos ni antiempáticos; al contrario, entendemos que estamos en un momento de dolor y luto, por eso también estamos fortaleciendo nuestro sistema interno para salir adelante”.

Refirió que lo sucedido les consterna y preocupa, y recordó que han hecho llamados de acercamiento con Gobernación porque “esto se veía venir”. Piden que, con los cambios implementados, se restablezca cuanto antes la seguridad en el país.

Manufactura y distribución de alimentos y bebidas

José Antonio Pivaral, presidente de la Cámara Guatemalteca de Alimentos y Bebidas (CGAB), explicó que un estado de sitio representa una situación anormal en la relación entre ciudadanos y gobierno, pues los primeros ven afectados sus plenos derechos ante una circunstancia extraordinaria, en este caso, la inseguridad.

“Entendemos que se trata de una medida preventiva para proteger la vida de todos y facilitar la labor de las autoridades. Sin embargo, está claro que genera incertidumbre y temor”, afirmó.

Desde el punto de vista de la industria de alimentos y bebidas, el impacto inmediato podría ser leve, pero a mediano plazo podría volverse más severo, pues se afecta la inversión en el país y a sectores como el turismo, que tienen un alto consumo de productos con valor agregado local.

En escenarios de incertidumbre y temor, los consumidores tienden a comportarse de formas diversas: por un lado, buscan abastecerse de lo básico, como ocurrió durante la pandemia del covid-19; por otro, la limitada movilidad ciudadana reprime el consumo de servicios relacionados con alimentos fuera del hogar. Así, los más afectados son los servicios de hotelería y restaurantes.

Como medida preventiva, Pivaral comentó que los colaboradores y afiliados de la CGAB han suspendido reuniones o citas no esenciales, con el objetivo de limitar desplazamientos innecesarios. También se ha restringido la distribución de productos en zonas consideradas de riesgo, mientras la situación se aclara.

Turismo

Carlos Ramos, director de la Asociación de Proveedores de Servicios Turísticos de Antigua Guatemala y Sacatepéquez (Asoprotur), afirmó que el sector observa con prudencia la declaratoria del estado de sitio, comprendiendo que es una medida orientada a garantizar la seguridad y el orden.

No obstante, advirtió que puede generar incertidumbre y afectar la percepción del país, especialmente en los mercados internacionales, aun cuando los hechos sean focalizados y no impacten directamente en destinos como Antigua Guatemala.

“En este contexto, el turista nacional y extranjero suele adoptar una actitud de cautela, lo que puede derivar en postergación de viajes o reducción de actividades, principalmente por razones de percepción y prevención”, comentó.

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Coincidió en la necesidad de reforzar la comunicación oficial, delimitar con claridad las zonas afectadas y brindar certeza a los visitantes, pues el turismo es un sector clave para el empleo y la economía local.

Ramos expresó condolencias a las familias de los policías fallecidos en el cumplimiento de su deber, reconociendo su entrega y servicio al país.

Carlos Rezzio, presidente de la Mesa Local de Turismo Guatemágica, en coordinación con la Asociación de Turismo de Retalhuleu (Asotur), afirmó que el lunes se observaba normalidad en el sector. Indicó que hay temor entre algunos, pero otros continúan con sus actividades porque muchas veces no se comprender qué implica el estado de sitio.

Dijo que la información disponible orienta a la población sobre cómo actuar. En cuanto a la afluencia y reservas, aseguró que han estado monitoreando hoteles y se mantiene una alta ocupación por parte de turistas y trabajadores de empresas que llegan al área. Este lunes, los registros eran normales en comparación con semanas anteriores, con entre 65% y 70% de reservas.

Rezzio expresó que el despliegue de fuerzas de seguridad puede brindar mayor confianza para circular por las carreteras.

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Añadió que el Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat) emitió un comunicado instando a continuar con normalidad y a promover la seguridad de los destinos. Consideró que el estado de sitio puede ayudar a solucionar la inseguridad del ambiente actual y recalcó que, salvo por el cierre de establecimientos educativos, el resto de actividades continúa operando con normalidad.

Industria en general

Enrique Font, presidente de junta directiva de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG) expuso que como sector industrial esperan que el Estado de sitio se traduzca en resultados claros y contundentes en contra de la ola de violencia que se vive actualmente en el país. Añadió que exigen que este periodo se ejecute con transparencia y estricta rendición de cuentas, y que no se utilice para impulsar decisiones ajenas a su propósito de seguridad, ni para realizar movimientos políticos que desvíen la atención de la urgencia nacional, que es proteger a la población y restablecer el orden.

Respecto al comportamiento que puedan tener los consumidores, comensales o visitantes, el directivo dijo que las empresas continúan operando como espacios formales y seguros para la prestación de bienes y servicios, reforzando sus protocolos de seguridad para colaboradores, clientes y usuarios, en coordinación con las autoridades y respetando las disposiciones vigentes del estado de sitio. Derivado de ello, “los consumidores pueden seguir asistiendo con confianza a estos establecimientos, contribuyendo a la estabilidad económica y social del país sin interrumpir las actividades productivas”.

Entre las medidas que están adoptando ante la situación actual, Font mencionó la continuidad operativa porque la estabilidad económica y el suministro de bienes son fundamentales para la paz social. “Es por ello que las actividades comerciales, productivas y de servicios continúan desarrollándose con normalidad en todo el territorio nacional, velando en todo momento por la seguridad y el bienestar de los colaboradores”, comentó.

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Centroamérica ajusta salarios mínimos con criterios diversos y Guatemala enfrenta desafíos

Guatemala registra uno de los mayores salarios mínimos en Centroamérica y el país busca un balance entre salarios competitivos y sostenibilidad empresarial.

Lorena Álvarez

11 de diciembre de 2025

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Variables como la productividad laboral por sector económico deberían considerarse, ya que elevar los salarios sin criterios técnicos incrementa las tasas de informalidad, desempleo y subempleo, afirma el ICE. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca).

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) indica que la mayoría de países cuenta con un sistema de salarios mínimos que debe ajustarse periódicamente mediante el diálogo social para garantizar que mantenga su valor y proteja el poder adquisitivo de los hogares más vulnerables, y que los empleadores puedan absorber los cambios graduales en lugar de aumentos súbitos.

En el caso de la región, el informe Criterios para la fijación del salario mínimo en Centroamérica, de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social de Honduras, detalla que en todos los países existen salarios diferenciados que se ajustan, por ejemplo,  en El Salvador  cada tres años, en Nicaragua cada seis meses y en el resto de los países de la región, anualmente.

Los criterios que prevalecen para el reajuste salarial son el nivel de inflación, de empleo, la actividad económica, la clasificación por ocupación, el tamaño de empresa, el producto interno bruto (PIB) y la región, explica el documento de la secretaría hondureña.

En Guatemala se fijan salarios diferenciados para dos circunscripciones económicas y para las actividades agrícolas, no agrícolas, y de exportación y maquila.

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Es decir, se establecen seis distintos salarios desde el 2023, lo que, según el Ministerio de Trabajo y Previsión Social (Mintrab), debe analizarse con criterios técnicos que garanticen el equilibrio entre competitividad empresarial y protección de los ingresos laborales.

Analizar inflación

Josemaría Echeverría, director del Instituto para la Competitividad Económica (ICE), señala que hacer un comparativo de la canasta ampliada en la región presenta retos, porque se calcula de manera distinta. En un estudio reciente, elaborado por el ICE, junto con Central American Business Intelligence (Cabi), se muestra que “la inflación en Guatemala se ha comportado igual a la del resto de Centroamérica, fluctuando en niveles sanos, muy por debajo del país con mayor inflación”.

El monitoreo de precios de algunos productos en la principal cadena de supermercados de cada país, realizado por el ICE, sitúa a Panamá y Costa Rica como los más caros; Honduras y El Salvador tienen los precios más bajos; y México y Guatemala presentan valores intermedios.

Por ejemplo, en la última semana de noviembre, el precio de la botella de aceite vegetal, sin el impuesto al valor agregado (IVA), fue de US$4.94 en Costa Rica y US$1.92 en Guatemala. En este caso, Panamá tuvo el precio más bajo, con US$1.48.

Echeverría explica que al subir la inflación y mantenerse los salarios, se pierde poder de compra, pero no ocurre de manera generalizada. Para la revisión salarial, variables como la productividad laboral por sector económico deberían considerarse, ya que elevar los salarios sin criterios técnicos incrementa las tasas de informalidad, desempleo y subempleo.

Poder adquisitivo

Costa Rica tiene los salarios más altos en Centroamérica, pero el tipo de inversión que atrae es distinto al que se tiene en Guatemala, que sigue siendo la economía más grande de la región, explica Adolfo Lacs, secretario general de la Federación Sindical de Empleados Bancarios, de Servicios y del Estado de Guatemala (Fesebs).

Lacs también afirma que las mejoras salariales conllevan al aumento del gasto de las familias y al crecimiento de la economía del país. De acuerdo con el Banco de Guatemala, el PIB creció 4 y 3.9% en el primer y segundo trimestres del 2025, cifras superiores a las de los mismos trimestres del 2024, que alcanzaron 2.9 y 3.7%, respectivamente.

Hace un año, el Mintrab presentó una propuesta de incremento del 10% para el 2025, considerando la inflación, el comportamiento del PIB y 2.5% de recuperación anual del poder adquisitivo de los salarios. Ese porcentaje fue el que ratificó el presidente Bernardo Arévalo, y, según Lacs, fue una decisión adecuada. Para el próximo año debería otorgarse al menos un aumento del 8%, considera el dirigente sindical.

De acuerdo con los datos del 2024 y del primer trimestre del 2025, a escala nacional el ingreso laboral promedio pasó de Q2,592 a Q2,718; es decir, un aumento del 5%; y en el área urbano-metropolitana fue del 9%, indica el director de Estadística del Mintrab, Julio Hernández.

Lacs expone que el salario medio es de Q5 mil 300 al mes, aunque hay sectores, como el de la construcción y el de minas y canteras, que tienen salarios más elevados.

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Estructura de costos

 El sector exportador y de maquila considera el pago de salarios y prestaciones al trabajador como el principal componente en su estructura de costos, que presenta un margen reducido de utilidades. También señala que ha disminuido el incentivo por productividad en la medida en que los salarios mínimos crecen más rápido que el sueldo medio.

Otros costos logísticos que se presentan a nivel interno para las empresas son la energía eléctrica, ante los cortes imprevistos y los retos pendientes de sumar generación y transmisión; las tasas de interés, que afectan el costo del crédito; las condiciones de inseguridad, que elevan las primas de seguros y encarecen las coberturas; y los bloqueos continuos de carreteras, que afectan la cadena de suministro y retrasan los despachos  a los clientes.

Aranceles

A escala internacional se logró un acuerdo de arancel cero para el 71.3% de los productos que Guatemala exporta a Estados Unidos, luego de un esfuerzo conjunto entre el sector público y privado para que se diera marcha atrás con la imposición del pago de un tributo del 10%, que restaba competitividad al país.

Pese a ello, se mantienen condiciones que afectan al sector, como la caída de los precios internacionales, alzas en los costos de insumos importados, mayor competencia regional con mejores costos y el aumento de los fletes y operaciones portuarias.

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Amador Carballido, director general de la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport), comentó que la exportación ha sufrido golpes estructurales a su competitividad desde hace varios años. Uno de los principales es que la carga se mueve a una velocidad de entre 10 y 15 kilómetros por hora. A ello se suman la congestión portuaria, los retrasos en el proceso de exportación y el aumento de los costos de energía, que se han duplicado. Actualmente, el kilovatio hora ronda los 20 centavos de dólar.

A estos factores se agregan los cambios en las reglas del comercio exterior y un incremento del 10% en el salario mínimo del 2025. Todo esto ha dificultado la actividad exportadora, algo que ya comienza a evidenciarse con datos concretos: cuando los costos aumentan sin mejoras en la productividad, el empleo formal se reduce, afirmó el directivo.

Guatemala pasó de un crecimiento promedio de 6.88% en nuevos afiliados al IGSS a solo 1.30% interanual en abril del 2025. La productividad debe ser el eje de cualquier decisión sobre el salario mínimo. Según la OIT y The Conference Board, de 16 países analizados, Guatemala tiene el cuarto salario mínimo más alto, pero ocupa el puesto 13 en productividad.

“El sector exportador es tomador de precios: no puede trasladar aumentos salariales al costo final del producto. Si suben los costos laborales sin mejoras reales en productividad, el empleo cae”, enfatizó Carballido.

Por ello, el sector exportador hace un llamado a que la revisión salarial tome en cuenta el entorno internacional en el que compite la actividad exportadora y que cualquier decisión se base en la productividad. “Guatemala necesita una política salarial previsible, diferenciada por territorio y alineada con la capacidad de pago, para proteger el empleo y atraer inversión”, resaltó el director de Agexport.

análisis

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Gobierno dispuesto a diálogo sobre política salarial y sectores piden inclusión

Sectores laborales y empresariales refieren la necesidad de establecer bases técnicas a través de un diálogo tripartito para crear una política salarial que sea real e incluyente.

Lorena Álvarez

10 de diciembre de 2025

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El objetivo es garantizar ingresos que cubran necesidades esenciales y permitan una vida digna, afirman los sindicalistas ante la creación de una política salarial. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca)

En materia de empleo, el Gobierno podría convocar a un diálogo sobre desarrollo productivo, que tenga como uno de los pilares estratégicos la creación de una política salarial, discutida a nivel tripartito.

De acuerdo con el Ministerio de Trabajo y Previsión Social (Mintrab), la Comisión Nacional del Salario (CNS) ha analizado los elementos que podrían formar parte de una política salarial y se han planteado recomendaciones al Ejecutivo, que “en su momento convocará a un diálogo más amplio sobre desarrollo productivo”.

Al consultar al secretario general de Planificación de la Presidencia, Carlos Mendoza, indicó que el ámbito laboral corresponde al Mintrab y dijo desconocer la fecha para convocar el diálogo sobre desarrollo productivo.

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Dentro de la Política General de Gobierno (PGG) 2024-2028, elaborada por la administración del presidente Bernardo Arévalo, se propone la promoción del empleo digno con enfoque en derechos y diálogo social tripartito, y se retoman las acciones incluidas en la Política Nacional de Empleo Digno 2017-2032 (PNED), que aún carece de un acuerdo ministerial o gubernativo que le dé vigencia.

Además, la política menciona cuatro grandes diálogos nacionales en educación, salud, medioambiente y desarrollo del país.

Piden más discusión

En septiembre del 2021 se creó de manera temporal la Comisión Nacional de Empleo Digno (Coned), en la que participan los ministerios de Trabajo, Economía, Agricultura, Desarrollo Social y Educación. Según la propuesta, esta comisión es la encargada de evaluar cada año los avances de dicha política.

Una de las acciones prioritarias de la política es generar condiciones para definir una política orientada a mejorar la estructura salarial de los trabajadores. Esta está en revisión, y se espera de que, al completarse el proceso, se publique el acuerdo correspondiente para darle vigencia.

Sin embargo, Maritza Velásquez, secretaria general de la Asociación de Trabajadoras del Hogar, a Domicilio y de Maquila (Atrahdom), afirmó que la política no fue discutida con los sindicatos del país, y que han solicitado espacios para su revisión, pero no han sido convocadas para presentar sus propuestas.

Se trata de una política impulsada desde el gobierno de Jimmy Morales para que el país sea visto como uno que cumple con la normativa de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), pero que carece de una aplicación real y justa, ya que sectores como el trabajo doméstico continúan excluidos, agregó la dirigente.

Horizonte salarial

Guido Ricci, delegado del sector empleador ante la CNS, consideró que contar con una política salarial nacional es un tema central para el país y se ha propuesto como un componente de una política de empleo que permita ampliar el sector formal con más y mejores puestos de trabajo.

La política de empleo debe contemplar certeza jurídica, infraestructura y condiciones adecuadas para atraer inversión a los departamentos, mientras que la política salarial debe ir acompañada de la capacitación de los trabajadores, de acuerdo con las oportunidades en cada lugar, a fin de generar clústeres, explicó Ricci.

En ese sentido, Velásquez opinó que las políticas deben ser inclusivas y considerar el costo de la canasta ampliada, que incluye vivienda, comunicaciones y transporte, elementos básicos para una vida digna.

Además, en una política nacional de salarios, se podría promover un incremento progresivo durante cinco años, con rangos del 5% al 7%, lo que permitiría a los inversionistas incluirlo en sus costos y evitar decisiones de último momento, propuso el investigador Guillermo Díaz, de la Universidad Rafael Landívar.

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El objetivo es elevar el salario promedio del país, ya que el esquema actual se limita al salario mínimo, que es una obligación constitucional. Según Ricci, las discusiones deben basarse en criterios técnicos y brindar previsibilidad, por ejemplo, fijar incrementos para períodos de tres años.

Con el apoyo de la OIT, se empezó hace varios años a discutir, en las comisiones paritarias de salarios y en la CNS, el uso de una fórmula para fijar los ajustes salariales. Esta incluye el valor mínimo de la meta de inflación y un ajuste por productividad —crecimiento del PIB menos crecimiento poblacional, multiplicado por 0.5—.

Pero, el sector sindical ha rechazado esa fórmula, ya que no refleja la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores, y porque la productividad depende de factores como innovación, competencia, reinversión privada y bajos niveles de inversión pública, señalaron en su momento.

Establecer reglas claras

 Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), consideró que una política salarial establecería normas claras, considerando la competitividad frente a países vecinos. “No tiene sentido seguir subiendo el salario sin una política clara de país”, opinó.

Por otro lado, Guido Ricci, delegado del sector empleador ante la CNS, subrayó la necesidad de convocar con urgencia al diálogo sobre desarrollo y empleo. En cuanto al debate salarial, afirmó que debe realizarse en foros como la CNS o la Comisión Tripartita de Asuntos Internacionales, que revisa temas de relaciones laborales y libertad sindical.

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Representatividad

En ese sentido, coincidió Maritza Velásquez, secretaria general de Atrahdom, afirmando que la discusión debe ser tripartita, pero pide revisar la representatividad, a fin de incluir las propuestas de todos los sectores.

También, los integrantes del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) informó que el pasado 5 de diciembre se sostuvo una reunión con el presidente Bernardo Arévalo y otras autoridades del Ejecutivo, en la cual se presentó una propuesta para impulsar una política salarial moderna, tripartita y basada en productividad.

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Salarios diferenciados aún no provocan cambio medible a dos años de su creación

A dos años de su creación, las circunscripciones económicas no han generado mayor inversión ni empleo en los departamentos. Expertos señalan que el diferencial salarial es insuficiente frente a otras limitaciones estructurales.

Lorena Álvarez

9 de diciembre de 2025

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El país no cuenta con datos (encuesta de empleo) para afirmar que existe un aumento de empleos por dominio urbano en el país, según analistas. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca).

El 54% de los afiliados al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) se encuentra en el departamento de Guatemala, que alcanzó, hasta junio de este año, 933 mil 596 trabajadores del total de 1 millón 728 mil 649.

Escuintla (161 mil 612) y Quetzaltenango (75 mil 255) completan el cuadro de los tres principales departamentos que concentran mayor cantidad de cotizantes al IGSS. Por el contrario, Totonicapán y Baja Verapaz tienen las cifras más bajas, con 11 mil 759 y 12 mil inscritos en el seguro social, respectivamente.

La distribución por departamentos se mantiene constante, incluso luego de la creación de los salarios por circunscripciones, aprobada a finales del 2021 y vigente desde el 2023. Al segmentar de esta forma, en el país los salarios mínimos —que se establecen anualmente— deben fijarse por tres actividades económicas y dos circunscripciones económicas.

La Circunscripción Económica 1 (CE1) comprende el departamento de Guatemala, donde se concentra la mayor actividad económica y los salarios mínimos que se fijan son más altos que en la CE2, que agrupa al resto de departamentos.

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Resultados limitados

Los salarios mínimos se establecen para las actividades agrícolas, no agrícolas y de exportación y maquila. Cada año, las comisiones paritarias de estos sectores, conformadas por representantes de los empleadores y de los trabajadores, con la participación del Ministerio de Trabajo y Previsión Social (Mintrab), hacen propuestas para definir los pagos mínimos. Sin embargo, las posturas son tan opuestas que las negociaciones fracasan.

Para el 2026, el sector patronal propuso incrementos del 4% y 2% para las actividades no agrícolas; 3.5% y 2% para maquila, y 2% y 1% para el agro, en la CE1 y la CE2, respectivamente. Los trabajadores solicitaron que se fije en Q200 por día, alrededor de Q6 mil mensuales.

El exdirigente sindical Edwin Ortega cuestionó el funcionamiento de las CE, al considerar que generan salarios discriminatorios entre regiones y carecen de un análisis de la realidad que vive la población, con sueldos que no alcanzan.

Desde la pandemia del 2020, el costo del transporte pasó de Q1 a Q5; lo mismo ocurrió con los buses extraurbanos, afirmó, al señalar que el salario mínimo debe cubrir al menos la canasta básica.

“Es una realidad que los trabajadores de empresas de seguridad y de casa particular no ganan ni el mínimo, y las contrataciones a tiempo parcial han servido para despedir a empleados de tiempo completo y recontratar con menor salario”, comentó Ortega.

Para Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), los salarios diferenciados por circunscripciones presentan una mínima diferencia, y desde una perspectiva técnica debería existir un diferencial por lo menos tres veces mayor en el departamento de Guatemala, para incentivar la inversión en otras regiones.

Baja competitividad

Luis Linares, exministro de Trabajo, comentó que no se cuenta con datos (encuesta de empleo) para afirmar que existe un aumento de empleos por dominio urbano en el país. Sin embargo, en la medida que existen mayores dificultades de movilidad a nivel nacional, se enfrenta un factor que disuade las inversiones, y la ventaja de un salario menor por circunscripciones no compensa el costo del transporte de los insumos desde el departamento de Guatemala, agregó.

“Por ejemplo, trasladar productos desde Salamá o Chimaltenango hacia los puertos es sumamente difícil y hace inviable cualquier proyecto de inversión, sumado a la inestabilidad del servicio de energía eléctrica que se tiene en los departamentos”, explicó Linares.

El exministro no considera que los salarios mínimos sean un factor decisivo para definir la ubicación de las empresas, y afirma que la creación de circunscripciones no ha contribuido a generar empleo mejor remunerado en los departamentos, debido al rezago en infraestructura y la falta de mano de obra calificada.

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Guillermo Díaz, del Instituto de Investigación en Ciencias Sociohumanistas (Icesh) de la Universidad Rafael Landívar, indicó que los aumentos salariales se dan más en el departamento de Guatemala, mientras que hay departamentos como Alta Verapaz que presentan índices altos de inflación. Afirmó que, al momento de fijar el salario mínimo, pesa más el criterio político.

Por su parte, Julio Hernández, director de Estadística del Mintrab, consideró que aún no es posible evaluar el impacto a largo plazo de los salarios diferenciados, dado que se implementaron en el 2023; no obstante, hasta el momento, los indicadores no muestran retrocesos ni desplazamiento del empleo formal hacia otros territorios.

Análisis

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¿Por qué bajó el crecimiento del empleo formal y de la afiliación al IGSS en 2025?

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8 de diciembre de 2025

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Pese al alza salarial en e 2025, el empleo formal creció 5.2% a julio del presente año, aunque a menor ritmo que el año anterior. (Foto Prensa Libre: Shutterstock).

En el 2025, los empleadores reportaron una caída en el empleo formal, tras el alza al salario mínimo decretado por el Ejecutivo. Sectores como maquila y exportación fueron los más afectados, según la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), debido a la pérdida de competitividad, problemas logísticos y altos costos laborales.

Aunque el salario mínimo benefició a una parte de la población ocupada, la afiliación al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) creció a un ritmo más lento que el año anterior, lo que evidencia una desaceleración en la contratación formal.

El impacto, según el sector empleador, ha sido la caída del empleo formal desde febrero, principalmente en maquilas y actividades de exportación. Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), indicó que los datos de afiliación al IGSS reflejan ese efecto, el cual se suma a la baja competitividad en infraestructura.

Guillermo Díaz, del Instituto de Investigación en Ciencias Sociohumanistas (Icesh), de la Universidad Rafael Landívar, señaló que existe una desaceleración en el ritmo de afiliación al IGSS.

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“En agosto del 2024 se observó un crecimiento del 7%, mientras que en el mismo mes del 2025 fue de 4%”, advirtió.

Sin embargo, indicó que  otros factores también inciden en ese comportamiento. “No son solo los salarios mínimos —dijo—, también influyen, por ejemplo, los aranceles, que han tenido cierto impacto”.

Añadió que, pese a las previsiones de inflación, al cierre del 2025 esta se mantiene como una de las más bajas registradas.

Díaz afirmó que las mejoras salariales ayudan a reducir la pobreza laboral —que incluye a personas cuyos ingresos no alcanzan para cubrir la canasta básica alimentaria—. En el 2022, la pobreza laboral se situaba en 60%, y en el 2024 fue de 52%. Están pendientes los datos del mercado laboral del 2025 para medir el impacto de la decisión presidencial.

Zapata comentó que el alza al salario mínimo se suma a la pérdida de competitividad provocada por la deficiente infraestructura en carreteras y puertos. Añadió que el gran desafío es la formación bruta de capital fijo, que es muy baja: 1.6% del producto interno bruto (PIB), cuando debería alcanzar al menos el 4%.

Explicó que el salario mínimo en Guatemala es más alto que en otros países de Latinoamérica, sin que el país tenga la misma competitividad. No obstante, Ortega opina que el salario mínimo aún no cubre el costo de la canasta básica.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) calculó, para octubre, el costo de la canasta básica en Q712 por persona en áreas rurales y Q922 en zonas urbanas.

Informalidad

Zapata recalcó que el aumento al salario mínimo aplica solo al 20% de la población ocupada que tiene empleo formal y cotiza al IGSS; el resto sigue en la informalidad.

Aunque a escala nacional la informalidad se redujo levemente, en el área metropolitana pasó de 48.8% en el cuarto trimestre del 2024 a 46.1% en el primer trimestre del 2025, y a 45.2% en el segundo, según Hernández.

Mientras tanto, los cotizantes al IGSS del sector privado aumentaron 5.2% a julio de este año, ritmo inferior al 8.1% del 2024.

“Lo que se debe hacer es mejorar los ingresos reales de toda la población, y para ello es necesario aumentar la competitividad”, explicó, al sugerir que el Gobierno impulse medidas para mejorar la infraestructura y resolver los problemas logísticos que impactan la productividad.

Decisión política

Edwin Ortega, representante sindical en la Comisión Nacional del Salario (CNS) en el 2012, comentó que el papel de dicha instancia es permitir que los sectores presenten sus planteamientos, y “no forzosamente llegar a un consenso”, ya que la Ley faculta al presidente a tomar una decisión política con base en los insumos presentados.

Entre estos insumos están los análisis del Banco de Guatemala (Banguat), el INE y el IGSS, añadió Ortega.

El Código de Trabajo establece que el salario mínimo debe fijarse periódicamente, tomando en cuenta que cubra las necesidades materiales, morales y culturales del trabajador y las posibilidades patronales. Alcanzar ese equilibrio es parte de un debate polarizado, en el que surgen criterios técnicos y posiciones políticas.

Hernández recordó que la CNS conoció las posturas sobre los salarios mínimos para el 2026, y ante la falta de consenso, la decisión final corresponde al presidente de la República.

Durante 14 años consecutivos, el mandatario de turno ha tenido que decidir el rumbo salarial del país.

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Inflación se mantuvo baja

 Los salarios de quienes se dedican a actividades no agrícolas, así como de los empleados de maquilas y empresas de exportación, recuperaron parte del poder adquisitivo. Se mantiene la estabilidad en el empleo formal y, a escala nacional, la informalidad se redujo ligeramente de 66.7 a 66.1%, según el Ministerio de Trabajo y Previsión Social (Mintrab).

Julio Hernández, director de Estadística del Mintrab, señala estos tres elementos como parte del efecto de la decisión del presidente Bernardo Arévalo, quien —en su primer año de gobierno— decretó un aumento del 10% para las actividades agrícolas y no agrícolas en la Circunscripción Económica 1 (CE1) y la Circunscripción Económica 2 (CE2); y del 6% para las actividades de exportación y maquila en ambas circunscripciones.

Además, el crecimiento de la economía se proyecta en 4%, superior al 3.7% alcanzado en el 2024, y la inflación interanual está muy por debajo del promedio del año pasado, que fue de 3.8%, “lo que permite que el incremento salarial no se erosione por el aumento de precios”, agregó Hernández.

En el 2024, la inflación fue de 1.7%, una de las más bajas registradas en el país. Hasta octubre de este año, ese indicador se ubicó en 1.26%, según el INE.

]]> 24380200 https://www.prensalibre.com/economia/cambio-en-la-jefatura-interina-de-la-sat/ Sat, 11 Jul 2015 01:22:10 +0000 Economía

ESCRITO POR:

Guatemala / Por Redacción Mundo Económico