El Mineduc aceptó recibir el proyecto del pacto colectivo bajo garantía de confidencialidad, pese a que contenía información pública.

Autoridades locales no han tenido una comunicación fluida con actores locales, como transportistas y representantes del comercio comunitario, advierten expertos.

Los abogados del presidente tienen contratos en instituciones públicas y la presidencia no aclara si sus honorarios se pagan con fondos públicos. Uno de los defensores ha defendido a sindicados por corrupción en casos que investigó la FECI y la CICIG.

La Ley Orgánica del Legislativo permite a los diputados apartarse de votaciones cuando tienen conflicto de interés, afirman expertos.

La Comisión de Finanzas tendrá que descifrar cuánto dinero necesita el Ministerio de Educación para cumplir con el aumento en la alimentación escolar.

El presidente generó un desplegado de denuncias, pero este no garantiza que no será investigado o que pueda perfilar como sospechoso en alguna investigación.

La Constitución garantiza en su artículo 35 la libre emisión del pensamiento y prohíbe su censura. Por lo tanto, la CSJ emitió una resolución ilegal, consideran expertos.

El gobierno aseguró hace un mes que se había firmado un contrato con AstraZeneca, pero un mes después se retractan y aseguran estar en fase final de la negociación.

Instituciones que incumplen con la LAIP y una disminución en la cantidad de solicitudes de información evidencian rezagos en el derecho de solicitar información pública.

El MSPAS es una de las carteras más opacas, pese a que maneja información indispensable para le monitoreo de la pandemia.