Las negociaciones para reformar el pacto colectivo en el Congreso, que otorga un incremento salarial del 10 por ciento al año, podrían ir en declive, luego de que salió a luz que la intención de la mesa mixta  era impulsar una aumento del 30 por ciento cada tres años y un bono escolar anual correspondiente a un sueldo.

Luego de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) criticó varios artículos de las reformas que desde el Congreso se plantean a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, diputados consideran que será necesario reevaluar la propuesta y sugieren eliminar algunos  que motivan el rechazo.

La titular de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia (SBSP), Cándida Rabanales, presentó un anteproyecto de ley en el Congreso con el que se faculta a esa instancia a efectuar compras y contrataciones sin utilizar la Ley.

¿Ha visto a  Belice incluido en el mapa de Guatemala? Quizá le interese saber que es posible que el diferendo que ha existido entre ambas naciones desde el siglo XIX llegue a terminar e incluso que se recupere alguna porción de territorio.

Pese al respaldo que han recibido las reformas constitucionales para el sector Justicia, por parte de de organizaciones sociales e internacionales, los diputados se empecinan en detener el tema o bien buscan restarle fuerza pues  con el argumento de   crear una nueva mesa técnica de discusión buscan adecuarla a sus intereses.

Una renegociación del pacto colectivo es discutida en junta mixta en el que los trabajadores buscan fijar el 10% de incremento salarial cada tres años. 

FCN-Nación podría volver a quedare solo debido a que en el Congreso se habla de reorganización para elegir a los dirigentes del 2018, el año de la precampaña.

Diputados de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) evidenciaron la mala ejecución de parte del Ejecutivo, a causa, según ellos, de la "incapacidad de los ministros".

Dos de las empresas que están ligadas al caso Construcción y Corrupción, revelado el viernes pasado por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), también fueron subcontratadas por la firma brasileña Norberto Odebrecht, que es  investigada en 12 países, incluido Guatemala, por haber dado sobornos por obras.

El Cacif solicitó esta semana la urgente intervención del director general de la OIT, Guy Ryder, para que se retome en Guatemala la correcta aplicación del Convenio 169 por los organismos del Estado y evitar la suspensión de proyectos.