La libertad de expresión, de opinión y de prensa tienen orígenes históricamente documentados; uno es político, otro religioso y el último jurídico, aunque no hayan nacido rigurosamente en ese orden. Son parientes, además, de la libertad de cultos y de la libertad de conciencia.

El apasionamiento desmedido o exagerado en la defensa de creencias y opiniones, especialmente religiosas o políticas, tiene que ser colocado en sus justos límites por la  aplicación del Derecho mediante acciones de los tribunales de justicia englobadas genéricamente en lo que se denomina el debido proceso.

Esas palabras figuran en el testimonio dado por un capellán (sacerdote) durante el proceso penal contra estudiantes universitarios y activistas que irrumpieron en una capilla en el campus de la estatal Universidad Complutense de Madrid, para pedir la eliminación de todos los símbolos religiosos de esa casa de estudios superiores y protestaron contra la actitud de la Iglesia en asuntos como el aborto y el matrimonio entre homosexuales.

En tiempos medievales, antes y después, en Europa (no solo en España) las personas denunciadas por no ser católicas o de incurrir en actos contrarios a los principios de la Iglesia eran detenidas, procesadas, torturadas y en miles de casos ejecutadas públicamente para que la pena de muerte sirviera de disuasivo a la población y todos temieran discrepar hasta en lo más mínimo de los sentimientos, los dogmas y disposiciones de la autoridad eclesiástica. Bastaba la denuncia de un vecino para que el presunto hereje —persona que tiene opiniones o actitudes contrarias a la Iglesia católica— fuera detenido, procesado, torturado y quemado.

Ha quedado en evidencia que la opinión pública estima más el trabajo del Procurador de los Derechos Humanos que las opiniones de los diputados que lo interpelaron el miércoles en la Comisión de Derechos Humanos, del Congreso de la República.

El empeño por silenciar o destituir al Procurador de los Derechos Humanos ha querido encontrar una nueva fuente de energía en la manifestación pública del Día  Internacional de la Mujer,  que recorrió partes del centro de la ciudad capital la semana pasada.

La cantidad de mujeres en el estudiantado de la Universidad de San Carlos alcanza este año el 60 por ciento de los 250,000 matriculados,  lo cual equivale a más de 140,000 alumnas  y esto puede influir en  la elección del nuevo rector, o rectora,  de esa casa de estudios.

Las elecciones en la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) son las más importantes, en cantidad de votos,  después de las elecciones generales y,  en calidad del votante, las mejores, porque los votos provienen de personas con avanzados estudios.

Existe una ligera posibilidad de sacar del Ministerio de Relaciones Exteriores a la licenciada Sandra Jovel por su apoyo al invariable deseo oficial, hasta ahora fallido, de expulsar del país al abogado colombiano Iván Velásquez, líder  indiscutible de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), la cual tiene tras las rejas a cientos  de exfuncionarios, exdiputados,  exmagistrados y, por lo menos un  periodista de alto rango, en el combate más grande en la historia guatemalteca de la lucha contra la corrupción en nuestro país; y estos días intenta  atrapar a uno de los más poderosos militares en activo. Retumba,  pues,  una gran batalla legal que habrá de prolongarse, y  nadie sabe por cuánto tiempo más, especialmente este año de política pre eleccionaria.

Hace tiempo que una  gigantesca ola de corrupción golpea los bordes del poder político en América Latina y los entes investigadores y la justicia misma han estado más ciegos que nunca, dejando hacer y dejando pasar, meciéndose alegres en la hamaca de la impunidad.