Nueve amparos presentados ante la Corte de Constitucionalidad (CC), una denuncia penal en el Ministerio Público se ha presentado en contra del presidente Jimmy Morales, una contra la fiscal general y otra contra el procurador general de la Nación, todos desde que se oficializó la decisión unilateral de terminar el mandato de la Cicig.

El presidente Jimmy Morales está facultado para celebrar, ratificar y denunciar tratados y convenios internacionales, según el inciso O del artículo 183 de la Constitución Política; pero en el caso del acuerdo con la Cicig el estado de Guatemala aceptó en 2006 que solo puede terminarlo la ONU.

El Gobierno de Guatemala informó a las Naciones Unidas que daba por terminado el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) por considerar que cambió su visión por la que fue creada, sin embargo, las ciacs han mutado a estructuras económicas y políticas, opinan expertos.

Juristas difieren sobre alcances de medida, pero  coinciden en que la resolución de la Corte de Constitucionalidad es correcta,  y llaman a evitar la confrontación.

El Juez de Paz Oliver Orellana dio ocho horas a varias instituciones del Estado para que entreguen informes y luego de ese tiempo resolverá la situación del investigador de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) a quien el Gobierno le prohibió entrar al país este sábado, a pesar de fallo de la Corte de Constitucional que permite su ingreso.

Autoridades de Migración no permiten el ingreso de Yilen Osorio Zuluaga quien es investigador de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y que regresaba al país luego de unas vacaciones en su país natal, Colombia.

Hasta el 18 de marzo tienen 21 de 26 grupos políticos vigentes para nominar candidatos. Los cinco restantes lo hicieron durante el 2018.

Luego de presentar la denuncia en contra de tres magistrados de la Corte de Constitucionalidad, el procurador general de la Nación, Jorge Luis Donado, amplió los criterios que fundamentan su acción, entre ellos que los tres denunciados han violado la Carta Magna.

La denuncia que planteó Jorge Luis Donado, titular de la Procuraduría General de la Nación (PGN), contra los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC), Francisco de Mata, Bonerge Mejía y Gloria Porras, aún se encuentra en el Juzgado de Paz de Turno.

Al menos seis argumentos presentó la Cancillería a través de un recurso de aclaración y ampliación ante la Corte de Constitucionalidad. En este se cuestiona el amparo provisional que obliga a renovar las visas de cortesía a investigadores de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).