¿Es verdad que la Cicig no logró combatir las Ciacs, como dice el gobierno de Jimmy Morales ante la ONU?

El Gobierno de Guatemala informó a las Naciones Unidas que daba por terminado el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) por considerar que cambió su visión por la que fue creada, sin embargo, las ciacs han mutado a estructuras económicas y políticas, opinan expertos.

“Es importante reiterar que la Cicig fue creada para combatir los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad que estaban incrustados en el Estado lo cual después de 11 años tres meses no logró realizar”, afirmó la canciller Sandra Jovel en una conferencia de prensa ofrecida en Nueva York, luego de reunirse en la sede de Naciones Unidas con el secretario general de esa organización, António Guterres. 


 
El Estado de Guatemala a través del acuerdo global de derechos humanos, firmado el 22 de marzo de 1994, se obligó a combatir los Cuerpos Ilegales de Seguridad y los Aparatos Clandestinos de Seguridad (Ciacs), con el propósito de que estos ya no existan.

Por tal razón, el convenio aprobado entre el Estado de Guatemala y las Naciones Unidas define como Cuerpos Ilegales de Seguridad y los Aparatos Clandestinos de Seguridad (Ciacs) a aquellos que reúnan las siguientes características.

  • Cometer acciones ilegales para afectar el pleno goce y ejercicio de los derechos civiles y políticos, y
  • Estar vinculados directa o indirectamente con agentes del Estado, o contar con capacidad de generar impunidad para sus acciones ilícitas.

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En su último informe de labores, la Cicig afirma que en sus 11 años de trabajo, junto al Ministerio Público, ha logrado identificar más de 60 Ciacs, ha presentado más de 100 casos y, hasta noviembre de 2018, han procesado a más de 680 personas, de las cuales 60% con medida sustitutiva; y han logrado la condena de más 310 personas.

El informe apunta que entre septiembre de 2017 y septiembre de 2018, se han judicializado 16 casos en los que se han identificado, investigado y desarticulado aparatos clandestinos; entre estos:

  • En las municipalidades: Caja de Pandora -relacionado con la municipalidad de Guatemala; Corrupción en las municipalidades de Huehuetenango y Totonicapán; así como el caso Corrupción en Quetzaltenango.
  • En la administración tributaria: Caso traficantes de influencias.
  • En el sector de la construcción: Caso Odebrecht y segunda fase de Construcción y Corrupción
  • Sector transporte: Caso Transurbano y Caso Seguridad y Transporte.
  • Corrupción en el Sistema de salud: Caso Igss Ambulancias (fase 2).
  • Corrupción administrativa: Industria Militar y Registro Catastral
  • Corrupción en la administración de justicia, con el Caso Comisiones Paralelas, en el cual se evidenció el funcionamiento de una estructura paralela a las comisiones de postulación de los magistrados de las Cortes, integrada por abogados, magistrados y diputados, con el objetivo de influir en el nombramiento de las más altas autoridades del poder judicial vulnerando principios fundamentales de la democracia y de la separación de poderes y afectando sensiblemente la independencia judicial. Además, se judicializó el Caso Manipulación de Justicia, que evidenció la manipulación de testigos y elementos probatorios para involucrar a personas sin responsabilidad en hechos delictivos.
  • Corrupción en el Congreso: Investigación contra Mario Israel Rivera Cabrera por los delitos de lavado de dinero u otros activos, cohecho activo y  falsedad ideológica por equiparación de documentos.
  • Financiamiento electoral ilícito: En 2018 se dieron a conocer dos nuevas fases del caso de Financiamiento Electoral Ilícito- FCN-Nación.

Grupos han mutado

La directora de la Fundación Myrna Mack, Helen Mack, manifestó que para redefinir las ciacs hay que remontarse a 1994, cuando se refería a los abusos que había los escuadrones de la muerte, que estaban involucrados en secuestros, asaltos y contrabando.

“De 1994 a la fecha ya estaban mutando las Ciacs, sobre todo cuando se cambia el sistema económico, cuando empezó la privatización de los bienes del Estado, y es en ese momento es cuando se empiezan a aprovechar de los contratos. Muchos empezaron a involucrarse, diputados y alcaldes, con el crimen organizado y en la mutación surgen lo que ahora conocemos como las redes político-económicas Ilícitas”, refiere Mack.

La directiva añadió: “Una de las características es que van de lo legal a lo ilegal. Entonces tenemos funcionarios -legales- pero que tiene relaciones que no son de gobierno con crimen organizado y un ejemplo de eso es La Línea y Cooptación del Estado, y en esta, incluso, participa el sector privado”.

Mientras que la exministra de Gobernación, Adela de Torrebiarte, considera que las ciacs han evolucionado conforme al tiempo.

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“Van evolucionando y capturando nuevas personas de las diferentes instituciones, porque esto está muy enraizado. Algunas se han desarticulado bastante, pero otras continúan. En algunos gobiernos se afianza más que con otros y eso lo podemos ver con el caso La Línea”, refirió.

Añadió: “El caso La Línea es muy representativo, fue una tarea que se libró realmente en esta etapa de la Cicig, con el comisionado Iván Velásquez, aunque creo que hubo casos que no son ciacs, pero que fueron -redes- desarticuladas”.

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