Inab mantiene su postura institucional contra la hidroeléctrica Central Rocja Pontila porque asegura se debe analizar el impacto que generaría en todo el Parque Nacional Laguna Lachuá y no solo en la laguna que tiene el mismo nombre.

La EEGSA adjudicó, con una licitación pública, a ocho proveedores de energía con el fin de sustituir el contrato de 120 megavatios que tenía la generadora con carbón San José, al menos el 50% será con recursos renovables.

La bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza (Une) presentó ayer una inconstitucionalidad en contra del Acuerdo Ministerial 019-2020 con el cual el Ministerio de Energía y Minas (MEM) aprobó la hidroeléctrica Central Rocja Pontila.

El ministro de Energía y Minas y presidente del Inde, Alberto Pimentel, informó a Prensa Libre que el consejo directivo de esa entidad decidió no aprobar la adjudicación de la licitación para adquirir 18 seccionadores para la generadora hidroeléctrica Aguacapa.

Instituto Nacional de Bosques (Inab) mantiene dictamen en contra de generadora hidroeléctrica de 40 megavatios en Alta Verapaz y expone sus argumentos.

La incertidumbre para cubrir el subsidio a la Tarifa Social continúa ya que las actuales autoridades del Inde indican que persiste el riesgo financiero de esa institución si sigue absorbiendo el total de ese rubro por lo que y buscarán de nuevo un aporte con presupuesto del Gobierno.

Para el siguiente trimestre las tarifas muestran un comportamiento estable, derivado de la evolución de ciertas variables que tienen incidencia directa sobre los costos de generación, informó la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE).

El nuevo Consejo Directivo del Inde relevó esta semana al gerente general y seis gerentes de área de ese ente y busca revisar varios contratos adjudicados y licitaciones en desarrollo.

Este 31 de enero Reino Unido deja de ser parte de la Unión Europea (EU) y entra en una etapa de transición para adecuar su relación con el resto de países en comercio e inversiones. También se implementarán nuevas acciones que incluyen sanciones por violación a los derechos humanos.

Unos seis mil contribuyentes serán notificados por la SAT para que se trasladen de forma obligatoria al régimen Factura Electrónica en Línea (FEL) durante el 2020.