La derogatoria del Gabinete de Pueblos Indígenas e Interculturalidad deja un vacío legal para las consultas comunitarias

Autoridades indígenas de San Juan Cotzal y la empresa Transnova coinciden en que al derogar el Acuerdo 117-2014 causa una falta de certeza jurídica para todas las partes involucradas para la continuidad del proyecto eléctrico en la comunidad.

Autoridades Indígenas de Cotzal, Quiché, consideran que se rompió el diálogo sobre mega proyectos. (Foto Prensa Libre: Héctor Cordero).
Autoridades Indígenas de Cotzal, Quiché, consideran que se rompió el diálogo sobre mega proyectos. (Foto Prensa Libre: Héctor Cordero).

Concepción Santay, alcalde indígena de San Juan Cotzal, Quiché, dijo que el presidente Jimmy Morales, al derogar el acuerdo 117-2014 desapareció el Gabinete de Pueblos Indígenas e Interculturalidad, el cual surgió después de un recurso de amparo que se interpuso en la Corte de Constitucionalidad por la instalación de la Línea de Transmisión Uspantan Chixoy dos, en ese municipio.

De acuerdo con Santay, las negociaciones que comenzaron en 2016 se rompen con la falta del Gabinete.

El acuerdo gubernativo 11-2019 crea el Gabinete Especifico de Desarrollo Social el cual se encargará de la regulación de la consulta comunitaria, pero deja fuera a los pueblos indígenas, dijo Santay. “Se tiró por la borda dos años y siete meses de negociaciones y acercamientos con los ministerios del Gobierno, el presidente está generando estas resoluciones beneficiando a los poderosos de Guatemala”, indicó.

“Este acuerdo gubernativo es inconstitucional” explicó Santay, “porque está contraviniendo una orden de la Corte de Constitucionalidad y eso no se puede hacer nada más así como lo pretende el presidente, es una burla para los pueblos indígenas, estamos preparando las acciones legales con nuestros abogados”, mencionó.

Baltazar de la Cruz Rodríguez, principal de la alcaldía indígena de San Juan Cotzal, dijo que la creación del acuerdo gubernativo 11-2019 se suma “a las constantes desobediencias de Jimmy Morales a las resoluciones emitidas de la Corte Constitucionalidad, el presidente no ha analizado que está cayendo en un delito al no cumplir con esta sentencia y las consecuencias legales recaerán sobre él”, señaló.

“Hacemos un llamado a los pueblos indígenas de la Región Ixil a estar pendientes de los procesos que las empresas realicen en nuestros territorios porque con esta acción se rompen las negociaciones y responsabilizamos al gobierno de Guatemala por lo que suceda porque ya había avances para realizar la consulta comunitaria y ahora regresamos a cero”, comunicó.

De la Cruz señaló: “Al colocarse las empresas hidroeléctricas y de cableado de transmisión eléctrica en esta región dijeron que sería de beneficio para las comunidades de nuestros territorios, después de la construcción de tres grandes mega proyectos eléctricos en esta región de Quiché, nuestras comunidades continúan sin energía eléctrica y los empresarios cada vez con más ganancias, como puede ser posible eso”.

El 31 de marzo del 2014, el gobierno de Otto Pérez Molina instaló el referido Gabinete, en el marco del 19 aniversario de la firma del Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, ocurrido el 31 de marzo de 1995, en México. La creación de esa instancia había ocurrido 30 años después que la Asamblea Nacional Constituyente reconoció la diversidad étnica del país y “la necesidad de construir una sociedad intercultural, que reconozca, respete y promueva las distintas culturas; plasmado en los artículos 58 y 66 de la Constitución de la República”.

 

Consultada al respecto, la empresa Transmisora de Energía Renovable, S. A. (Transnova), por medio de un comunicado, indicó: “La derogación del Acuerdo que crea el Gabinete de Pueblos Indígenas e Interculturalidad crea un vacío legal, el cual al no haberse delegado la responsabilidad de la consulta en curso a otra institución, deja en una situación de incerteza jurídica a todos los involucrados”.

El documento agrega: “La compañía ha manifestado a las autoridades competentes su disposición y compromiso en buscar los mecanismos que puedan dar continuidad y finalización al proceso que se encuentra en curso. Aunque sus instalaciones eléctricas no atraviesan el Municipio de San Juan Cotzal, como lo ha comprobado en repetidas ocasiones, Transnova está en la disponibilidad y privilegia las acciones de diálogo para resolver este vacío jurídico, así como a contribuir para que todas las partes interesadas no queden en posición de riesgo y vulnerabilidad”.

“Desde la construcción de la línea, Transnova ha tenido comunicación directa con los propietarios de los terrenos donde pasa su infraestructura, de igual forma, su construcción y operación siempre ha estado alineada a un modelo de Creación de Valor Compartido, privilegiando la contratación de mano de obra local y priorizando el respeto al medio ambiente. Las acciones de Transnova siempre se han conducido conforme a la ley y principios éticos”.

La compañía seguirá enfocada en desarrollar su operación en Guatemala, “a través de una operación responsable, eficiente y sustentable”, puntualiza la comunicación.

Contenido relacionado:

>Nueva guía de consulta podría aplicarse en ocho proyectos

>Guía de consultas impulsada por el gobierno de Jimmy Morales causa rechazo y dudas

>Consulta por proyecto de Mina San Rafael costará unos Q3 millones

1

Felipe Chel Hace 3 semanas

Esos malnacidos no les importa nada, lo que les interesa es dinero como ese payaso, apesar que su esposa es origen de ese lugar, creo que esa vieja no entiende nada de lo hace su payasito. Esperamo que la justicia de Dios le caiga un día.
No hay coche que no llega su día.