Entidades observan como un paso positivo la convocatoria pública lanzada para nombrar a un nuevo superintendente de Competencia, pero consideran necesario que el proceso se lleve a cabo con transparencia y meritocracia. Además, estiman que la institución debe trabajar en las herramientas complementarias a la ley, ya que tiene el reto de estar preparada en cuatro meses para asumir, en diciembre próximo, las labores correspondientes a la segunda fase de la normativa, referidas a la investigación y las sanciones.

El Directorio de la Sicom lanzó la convocatoria para el cargo de superintendente. El plazo para la recepción de expedientes comenzó el 11 de agosto y finalizará el 31 de este mismo mes.

Con ello se busca cubrir la vacante dejada por Jorge Miguel Castillo Castro, quien fue elegido como primer superintendente y cuya renuncia fue aceptada por el Directorio la semana pasada. En la actualidad, el intendente de Gestión Administrativa y Financiera, Tomás Xocoy Acán, ejerce como superintendente en funciones.

Por el Instituto para la Competitividad Económica (ICE), la directora ejecutiva de la entidad, Habibi Quiñonez Oliva, expuso las expectativas sobre este proceso de convocatoria y señaló que la crisis en torno a la conducción de la Sicom se remonta a marzo último, cuando el primer superintendente presentó su renuncia irrevocable.

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“Desde entonces, el Directorio ha mostrado divisiones visibles y las disputas procedimentales derivadas de ese proceso han afectado tanto la credibilidad institucional como la certeza jurídica de la Superintendencia”, comentó la ejecutiva, quien dijo que, en ese contexto, el lanzamiento de una convocatoria abierta constituye una señal positiva, ya que encauza la sucesión “por una vía formal y pública que reduce el espacio para futuras impugnaciones, en la medida en que el proceso se conduzca con rigor y apego estricto a los criterios legales”.

A consideración de la ejecutiva, el aspecto prioritario en este momento es que el Directorio conduzca un proceso transparente, meritocrático y jurídicamente sólido. La expectativa es que la selección se realice con criterios objetivos, transparentes y verificables. Añadió que también es importante que esa objetividad sea visible para la ciudadanía.

El ICE considera que un proceso con reglas claras, documentación pública y evaluación técnica del cumplimiento de requisitos reduce el espacio para cuestionamientos posteriores sobre la legitimidad de quien resulte elegido, ya que ello es relevante para una institución que necesita consolidar credibilidad desde su origen.

“Un proceso de nombramiento técnico y objetivo ofrece a la SICOM la oportunidad de fortalecer su legitimidad institucional y de enfocar sus recursos en el cumplimiento pleno de su mandato, sin que la función sustantiva de la institución se vea afectada por las tensiones que han marcado esta transición”, opinó Quiñonez Oliva. Agregó que este es un momento clave para consolidar esa legitimidad, ahora que faltan pocos meses para la entrada en vigor de la segunda fase de la ley.

Los retos de la Sicom

La Superintendencia tiene una serie de retos en una nueva etapa de desarrollo institucional, que incluyen la transición hacia la fase de investigación que comenzará en diciembre próximo. Con ello surgirán desafíos distintos a los de su etapa de instalación, explicó la ejecutiva de ICE, quien detalló tres de ellos.

• La capacidad técnica: la investigación de prácticas anticompetitivas requiere personal especializado en análisis económico y jurídico de competencia, así como procedimientos administrativos robustos que garanticen el debido proceso a los sujetos investigados. Al respecto, Quiñonez Oliva expuso que construir esa capacidad en un plazo de cuatro meses es un objetivo ambicioso, pero considera que es alcanzable si se aprovecha el tiempo disponible para consolidar equipos técnicos sólidos y procesos bien diseñados desde el inicio.
• El segundo reto es la credibilidad institucional frente a los actores económicos que serán objeto de su actuación. En este caso, refiere que una superintendencia que ejerce facultades de investigación y sanción fortalece su legitimidad en la medida en que sus decisiones se basen en criterios técnicos y objetivos. En ese contexto, también considera necesario que el proceso de selección del superintendente sea conducido bajo esos mismos criterios, ya que constituye una pieza fundamental de ese estándar. Un liderazgo percibido como legítimo y técnicamente competente sienta las bases para que la institución construya una relación de confianza, certeza jurídica y aceptación técnica a nivel nacional.
• Como tercer aspecto, menciona el reto normativo y regulatorio de fondo. Esto significa que la entrada en vigor de la segunda fase de la ley exige que la Sicom cuente, para el 9 de diciembre, “con un cuerpo robusto de reglamentos internos, manuales de procedimiento, guías técnicas y protocolos que den operatividad real a las facultades de investigación que la ley le confiere”, ya que no basta con que la ley esté vigente. Por ello, se requiere el trabajo previo de diseño, discusión y aprobación de estos instrumentos por parte del Directorio.

“Este es un reto de tiempo y de capacidad técnica simultáneamente: la elaboración de reglamentos y guías requiere insumos técnicos sólidos, consistencia con la ley y con estándares internacionales de competencia y un proceso de revisión que no puede improvisarse en las últimas semanas antes de la fecha límite”, explicó Quiñonez Oliva. Añadió que estos instrumentos deben avanzar con rigurosidad técnica para contar con las bases de una infraestructura regulatoria sólida a partir del 9 de diciembre.

Importante la tabla de gradación y experiencias que piden

Marcos Palma, presidente del Instituto de Derecho de la Competencia, dijo que espera que participen personas con el perfil adecuado para el cargo, aunque considera que mucho dependerá de la tabla de gradación que diseñe la Sicom para determinar qué criterios se ponderarán.

Palma opina que el criterio con mayor peso debe ser la capacidad técnica y los conocimientos en derecho de la competencia, evaluados mediante el examen de oposición. A su juicio, este aspecto debería representar más del 50% de la calificación porque ese criterio garantizará la independencia técnica del nuevo superintendente.

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“La tabla de gradación es importante para ver qué expectativas podemos tener de que se contrate una persona que tenga esa independencia técnica que para mí es lo más importante, porque eso va a garantizar que la persona va a tomar decisiones apegadas estrictamente a rigor jurídico y análisis económico”, expresó Palma.

Añadió que, si bien es deseable que los aspirantes tengan experiencia profesional en derecho de la competencia o en áreas afines, considera que ese requisito será difícil de cumplir, ya que es la primera vez que Guatemala cuenta con una ley en esta materia. Por ello, en el país hay pocas personas con experiencia, aunque algunas la han adquirido en casos desarrollados fuera de Guatemala.

Otro aspecto que comentó es que, si la tabla de gradación incluye experiencia en administración pública, considera que ese sería un criterio equivocado. A su juicio, quien ocupe el cargo no necesita experiencia en esa área, ya que contará con un equipo encargado de la gestión administrativa de la entidad.

“La mayoría de los superintendentes en los países donde hay buenas autoridades no han tenido experiencia en la administración pública”, afirmó. Agregó que, en Guatemala, existe la creencia equivocada de que para ocupar un cargo público es indispensable contar con esa experiencia.

Palma mencionó que el reto más importante es concluir el proceso de selección para que el superintendente sea designado y la Superintendencia cuente, al menos, con su estructura básica antes de que entre en vigor la parte sustantiva de la ley, el 9 de diciembre.

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Sin embargo, considera que otro desafío es el fortalecimiento institucional, un aspecto en el que, a su juicio, la entidad ha enfrentado problemas. Refirió que, en un órgano colegiado, las diferencias de criterio son normales; sin embargo, afirmó que en el Directorio “no veo un disenso razonado, sino irracional, con una oposición abierta a todas las decisiones de los demás”, por parte de una persona.

Perfil y tiempos de la convocatoria

Acerca del perfil y los requisitos solicitados en la convocatoria efectuada por el Directorio, el ICE explica que estos responden a lo establecido en el Decreto 32-2024, que crea la Ley de Competencia. Según el artículo 54, se requieren los mismos requisitos e impedimentos que para ser director de la Sicom.

En este caso, la ley unifica el estándar de idoneidad para todos los cargos, y los requisitos son los que la propia normativa establece de manera expresa. El Directorio no puede exigir criterios distintos de los allí definidos, explicó Quiñonez Oliva.

Sin embargo, indicó que la ley no determina el procedimiento ni la ponderación con que debe evaluarse cada requisito, por lo que corresponde al Directorio definir un método de evaluación claro y consistente que minimice el riesgo de cuestionamientos sobre la calificación de los candidatos.

El plazo de 15 días hábiles, del 11 al 31 de agosto del 2026, para la recepción de expedientes es razonable si se considera que se trata de un proceso de postulación pública que requiere documentación técnica, como un currículum vítae elaborado conforme a una guía normada y un plan de trabajo de un máximo de cinco hojas.

Además, considera que ese plazo permite cumplir dos objetivos: dar tiempo suficiente para que los interesados preparen expedientes completos y ordenados, y evitar prolongar un proceso que tiene una fecha límite institucional clara, ya que la SICOM debe estar en condiciones de operar plenamente antes de que comience la segunda fase de la ley.

Amcham pide transparencia y proceso basado en méritos

La Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana (AmCham Guatemala) emitió un comunicado en el que destacó la importancia de que el proceso para elegir al nuevo superintendente se desarrolle con transparencia.

La entidad calificó como positivo el anuncio de la convocatoria y “reconoce la importancia de contar con una autoridad técnica, independiente e imparcial que contribuya a garantizar el adecuado cumplimiento de la Ley de Competencia”.

Por ello, instó al Directorio a desarrollar un proceso transparente, abierto y basado en méritos, que permita la participación de profesionales que reúnan las calidades y capacidades necesarias para ejercer esa función con independencia, solvencia técnica e integridad.