En los últimos 60 años, el sector ha tenido tres períodos de expansión y el más reciente se dio del 2012 al 2015, cuando llegó a representar 1.6% del PIB anual y unos US$1,800 millones en inversión extranjera directa (IED), expuso Ricardo Rodríguez, analista de Central American Business Intelligence (Ca-Bi), durante el foro “El rol de la minería en el desarrollo económico del país”, efectuado por la Gremial de Recursos Naturales, Minas y Canteras (Grenat) adscrita a Cámara de Industria de Guatemala (CIG).
Pero luego de la suspensión de varios proyectos (en especial de El Escobal, en San Rafael Las Flores, Santa Rosa) y el proceso de cierre programado de extracción de otros, la producción bajó a 0.5% del PIB.
En el 2015 el sector representaba ingresos en regalías e impuestos por unos Q700 millones y en la actualidad unos Q100 millones, a pesar de que Latinoamérica es en la actualidad el destino más importante de inversiones para explotación minera, seguido por Australia.
“En el caso de Guatemala, la minería ha estado presente en cada etapa de su evolución, desde la época precolombina hasta la industrialización, llegando en el 2013 a representar US$172.4 millones en IED para el país. Para el 2050 se prevé que la demanda de minerales sobrepasará los US$400 billones a nivel mundial y ante este panorama Guatemala tiene el potencial de convertirse en un jugador clave en el mercado”, mencionó Valery Zurita, directora ejecutiva de Grenat.
Por el momento, en el sector de minería metálica trabajan las compañías CGN/Pronico, Mayaniquel, Elevar (proyecto en construcción) y Pan American Silver (El Escobal). Además, Guatemala cuenta con proyectos de minería no metálica como canteras y depósitos de jade, se agregó.
Reglamentarán las consultas que establece el convenio 169
Ante esta situación, el ministro de Energía y Minas, Alberto Pimentel, presente en el foro, afirmó que en breve, el Gobierno emitirá un reglamento para la realización de las consultas comunitarias que estipula el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales.
Admitió que incluso el Estado ha tenido dificultades para tener claro el proceso de realización de las consultas. Señaló que este reglamento no disminuirá la conflictividad, pero si quitará argumentos a otros sectores que se aprovechan de la falta de reglamentación de las consultas para rechazar la minería.
Zurita dijo que observan con optimismo el anuncio de la próxima aprobación del reglamento, ya que el mismo aportará certeza a las operaciones actuales y también generará confianza en futuros inversionistas, no solo para el sector minero sino de otro tipo de industrias.
“A nivel sector hemos visto ejemplos de otros países que ya cuentan con un marco para realizar las consultas del Convenio 169 y permite que las mismas se reconozcan como un mecanismo de diálogo y acuerdos, que generan un clima de oportunidades para todos los involucrados”, con lo cual coincidió Rodríguez, del Ca-Bi.
Esta semana, el MEM dio a conocer que prevén finalizar la etapa de preconsulta para El Escobal el 20 de julio y llegar a acuerdos finales de la fase de consulta durante febrero del 2023.
Aparte se prepara la etapa de preconsulta para el proyecto Minero Progreso VII Derivada, también conocido como El Tambor o La Puya. Mientras que la del proyecto Fénix de CGN, finalizó en el 2021.
Pimentel agregó que otra medida es agilizar el análisis y procesos de las solicitudes de licencias mineras, ya que gobiernos anteriores habían puesto en práctica una moratoria y encontraron una presa de más de 600 expedientes sin resolver.
También anunció que se está preparando la Política Nacional Minera, que no solo se base en una reforma a la Ley de Minería, sino un proceso de discusión más amplio con el resto de los sectores del país que serán convocados para hacer el ejercicio de definir el futuro de la minería en el país. También deberán integrarse otros entes como el Ministerio de Ambiente y otros.
Según el funcionario la Política estaría terminada en el 2023, ya que la quiere dejar finalizada antes del cambio de gobierno.
