Otro 22%, o sea Q1 mil 8 millones fueron transferidos al Ministerio de Energía y Minas (MEM) para financiar los gastos contenidos en la Ley de Apoyo Social Temporal a los Consumidores de Gas Propano (Q263 millones) y en la Ley de Apoyo Social Temporal a los Consumidores de Diésel y Gasolina Regular (Q745 millones).
Y el pasado jueves 12 de mayo, los integrantes de la Comisión de Finanzas emitieron dictamen favorable para prorrogar por 30 días al subsidio al diésel y la gasolina regular (por Q460 millones), dinero que, según la propuesta, se tomará de los saldos de caja mencionados, que el gobierno promocionó como un logro.
En consecuencia, el Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin), ya registra los cambios y el presupuesto estatal por Q106 mil 229 millones, ya subió a Q110 mil 637 millones.
¿Cómo se hizo la distribución?
De los Q12 mil 885 millones disponibles al inicio del año, Q5 mil 948 millones ya estaban asignados, y aunque el CIV ya contaba -previo a la nueva ampliación que se conoció en marzo- con Q985.8 millones, recibió otros Q3 mil 388 millones, para totalizar Q4 mil 374 millones. Sin embargo, a la fecha todavía lleva una ejecución del 12%.
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Para el MEM están registrados Q1 mil 8 millones, para atender los Q0.80 al subsidio del gas propano, así como los Q5 por galón de diésel y los Q2.50 para cada galón de gasolina regular.
El Ministerio de Salud recibió Q399 millones adicionales y la Defensa Nacional, Q225 millones, mientras que para el pago del Servicio de la Deuda Pública se destinaron Q2 mil 904 millones
Pero eso no es todo: el Ministerio de Relaciones Exteriores recibió una ampliación de Q13 millones; el de Educación, Q150 millones; Ambiente, Q50 millones, y Obligaciones a Cargo del Tesoro, Q1 mil 170 millones.
Entonces, si a los Q5 mil 948 millones al inicio del ejercicio se le suman los Q4 mil 431 millones, los recursos comprometidos totalizan Q10 mil 379 millones, de los que aparecen como devengados Q2 mil 385 millones, lo que representa una ejecución del saldo inicial equivalente al 22%.
Más detalles
Edwin Martínez Cameros, viceministro de Finanzas, encargado del área de Presupuesto, manifestó la semana pasada que de los Q12 mil millones de saldo de caja al 31 de diciembre, más lo que quedó en el presupuesto – o sea los Q5 mil 948 millones- y las modificaciones que realizó el Congreso – Q4 mil 431 millones-, ya solo queda un saldo de Q1 mil 800 millones, que es el monto aún no comprometido.
Al primer cuatrimestre -corte-, para el subsidio al glp se habían trasladado Q132 millones y para el del combustible, Q132 millones, que es el 12% de los Q745 millones -que entró en vigencia en abril-. En cuanto al subsidio a la energía eléctrica, por ley hay Q360 millones, pero el Congreso aprobó otros Q90 millones para el Instituto Nacional de Electrificación (Inde), afirmó.
En todo caso, están a la expectativa sobre lo que conozca y decida el Congreso respecto a la nueva solicitud de ampliación del apoyo para el diésel y la gasolina regular.
Respecto a las ampliaciones que el Congreso aprobó para el CIV, Martínez Cameros aseguró que ya están operados en el Sicoin, pero lo que no hay todavía es algún reporte de ejecución, debido a que las unidades ejecutoras tienen el presupuesto, pero no han requerido cuotas. Para los proyectos de infraestructura, se deben celebrar eventos públicos de licitación y subir la información al sistema Guatecompras.
Influencia política
Las maniobras al presupuesto realizadas por diputados oficialistas y aliados en marzo ya marcan y definen un camino para el proyecto del presupuesto 2023, año electoral, pues si no se aprueba la propuesta de presupuesto estatal para el próximo año, de todas maneras el gobierno contará con Q110 mil 637 millones vigentes este año.
Para Érick Coyoy, director del Instituto de Investigación y Proyección sobre Economía y Sociedad Plural (IDIES-URL), algunas bancadas de oposición empezarán a desvincularse del Gobierno, y puede ocurrir que no se apruebe un nuevo plan de gasto para 2023, último año de la gestión del presidente Alejandro Giammattei.
Por otro lado, para el Congreso puede ser muy cómodo quedarse con el presupuesto vigente, que ya incluye las ampliaciones presupuestarias por encima de Q4 mil millones sobre todo para el CIV, y otra para el MEM, y dejar el monto actual para el siguiente año, sin necesidad de que el gobierno busque nuevas alianzas.
Además, también hay nuevo presupuesto para el Ministerio de Educación, -que es el más alto del Ejecutivo- que incluye los aportes para cumplir el pacto colectivo con el sindicato magisterial, así como para la compra de vacunas contra el covid-19, que en 2023 ya no estaría aplicando.
“Este presupuesto le brinda una cómoda ventaja al Gobierno, porque hay entidades que recibieron asignaciones por la pandemia pero que ya no van a ejecutar el próximo año y tendrán margen de maniobra, en el caso de que no se apruebe un presupuesto nuevo en el Congreso”, apuntó.
Clientelismo preelectoral
Sobre las ampliaciones que recibió el CIV por parte del Congreso, Marvin Flores, analista de Acción Ciudadana (AC), opinó que la única explicación es que estamos en año preelectoral; por lo que muchos diputados oficiales y no oficiales, ministros u otros funcionarios, están haciendo ejecución de obra pública en función del clientelismo político.
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No descarta que existan obras sobrevaloradas, procesos opacos y falta de transparencia en general, con el objetivo de acumular recursos para sus procesos de campaña política, luego de que se lance la convocatoria eleccionaria el próximo 20 de enero.
“La ampliación al CIV no responde a criterios técnicos ni de planificación, sino a un financiamiento de campañas electorales vía recursos públicos y clientelismo político”, enfatizó.
Y sobre la pobre ejecución que reporta el CIV, Flores remarcó que uno de los proyectos más grandes será la construcción del Puente Belice II, pero no tiene sentido, pues hasta ahora no se resuelve el diseño ni el traslado de las personas que habitan debajo de esa estructura.
“Este sería el proyecto más grande del CIV con más de Q1 mil millones, pero que constituye una de tantas obras casuísticas, sin planificación y que responden a una precampaña electoral, concluyó el analista de AC.
