Economía

En Estados Unidos se aprobó la Ley de Reducción de la Inflación, lo que causa expectativa en Guatemala

La ley de reducción de inflación en Estados Unidos aprobada por el Senado y sancionada por el presidente, Joe Biden el 16 de agosto, podría tener diversos efectos en Guatemala.

Inflacion en Estados Unidos

La inflación en Estados Unidos ha reportado este año varios meses de niveles récord. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL).

El presidente estadounidense, Joe Biden, promulgó su plan de inversión en salud y clima, lo que se considera una importante victoria política para los demócratas, a menos de tres meses de las elecciones legislativas.

Fruto de arduas negociaciones con la derecha del Partido Demócrata, la ley incluye la mayor inversión jamás realizada en Estados Unidos para el clima: US$370 mil millones para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 40% para 2030. En total tienen previsto destinar para todas las áreas US$430 mil millones.

La normativa fue nombrada “Ley de Reducción de la Inflación” y consta de tres pilares principales: la reducción de costos médicos para los ciudadanos estadounidenses; el impulso de las energías limpias; y un incremento de impuestos a las grandes corporaciones en ese país, pero ninguno de estos pilares ayudaría para la reducción de la inflación en Guatemala, comentó Paul Boteo, director ejecutivo de la Fundación Libertad y Desarrollo.

Efectos nulos

El economista menciona que la reducción en los costos médicos sólo se percibiría para los estadounidenses, pero no se trasladaría a otras geografías, ya que esa legislación está cambiando normativas y regulaciones que encarecían los medicamentos y los servicios médicos, pero no implica que eso se trasladará a otros países.

“En el caso de Guatemala, para lograr el mismo efecto, se tendría que desregular internamente la aprobación de nuevos medicamentos. Eso implica hacer más competitivo el mercado interno” y ese aspecto no está previsto en el país.

Sobre los incentivos a las energías limpias, se trata de subsidios a las familias para la adquisición de vehículos eléctricos y paneles solares, entre otros y las medidas podrían ayudar a reducir la demanda de energías fósiles e influir en la reducción del precio internacional de los mismos, pero el efecto no se percibiría en el corto plazo, sino en al menos, en 5 años.

Mientras que sobre la reducción del déficit público, expuso que los demócratas optaron por un incremento de los impuestos y no por la reducción del gasto público, lo que no ayuda a reducir la inflación, pues la contención de los precios pasa por la disminución del gasto público que ayude al “enfriamiento” de la demanda agregada. Pero que por ser año electoral, los demócratas evitaron hacerlo y optaron por una medida más populista que afectará la competitividad de ese país.

El experto concluye que “está en duda que la llamada ley de reducción de inflación ayude a ese propósito en Estados Unidos en el corto plazo y, por ende, los efectos en Guatemala serán totalmente nulos”.

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes de julio mostró que la inflación interanual en Guatemala se situó en 8.36%, la más alta desde diciembre de 2008, cuando llegó a 9.4%, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Efectos adversos

En tanto Juan Pablo Carrasco, presidente de la Cámara de Comercio Guatemalteco Americana (Amcham) comenta que lejos de contagiar beneficios, esa ley producirá efectos negativos en  Guatemala, ya que al generar más inflación en Estados Unidos y una baja en la inversión, la inflación importada en Guatemala se mantendrá alta.

Y menciona que se estarían incorporando US$430 mil millones a la economía de Estados Unidos, por medio de los programas establecidos en la nueva ley, lo que cataloga como una cifra gigantesca, además de que hace crecer el Estado con incorporaciones como las de agentes de seguridad del gobierno.

Colocar más dinero en la economía, a criterio de Carrasco, generará más inflación interna y externa porque aumentarán los precios de los productos y servicios que se importan aquí. Además, considera que tendrá un efecto en las remesas que se envían al país ya que al encarecerse la vida en Estados Unidos, con aumentos en los precios de alimentos, transporte, vivienda y otros, los migrantes tendrás menos dinero disponible para enviar a sus familias.

Aunque el precio de los productos de exportación hacia dicho país puede ir al alza y eso generar más divisas para Guatemala, también se podrían encarecer los commodities y tener un efecto expansivo en el país, añadió.

El paquete anunciado prevé el aumento de gastos por USD$430 mil millones y un aumento de impuestos o creación de nuevos con lo que se espera recaudar US$737 mil millones. Sin embargo, a criterio del directivo, un aumento de gasto y de impuestos genera más inflación y menos inversión.

La Cámara de Comercio de Estados Unidos se pronunció en contra de esa legislación, ya que, aunque se eliminaron algunas disposiciones que considera perjudiciales, incluidas en versiones anteriores del proyecto, “se seguirían imponiendo nuevos y significativos aumentos de tributos y controles de precios sin precedentes por parte del gobierno, que desalentarían la inversión, inhibirían la innovación y socavarían el crecimiento económico”.

Además, considera que su implementación no será sencilla ni administrable y supondría una desventaja competitiva para las empresas con sede en Estados Unidos, aparte de aumentar la incidencia de la doble imposición no compensada.

También cuestionan que se limitaría la innovación y la investigación, no solo con los nuevos impuestos, sino con el control de precios de los productos farmacéuticos, lo que podría suponer la pérdida de casi 600 mil empleados y 15 nuevos medicamentos menos en los próximos 30 años.

“Si bien cabe señalar que hay partes del proyecto de ley que avanzarían en materia de seguridad climática y energética, los beneficios de estas disposiciones no compensan los impactos negativos de las disposiciones antes mencionadas”, se añadió.

Se promueve la calidad del gasto

Pero el economista Edgar Balsells expone que la inflación y la nueva ley de Estados Unidos no solo se deben ver del lado de más emisión de dinero, sino que se está reforzando el impuesto sobre la renta para grandes empresas y capitales, aparte de que permite más acciones sociales como precios de referencia para acceso a medicamentos, mejora de pensiones y acceso a la tecnología por la baja en el consumo de energía.

Y él es del criterio que al bajar la inflación en Estados Unidos, bajará la inflación importada en  países como Guatemala, y que ese tipo de decisiones se implementan en países desarrollados y el impacto más grande será detener los efectos de inflación, que se ha propagado a otros países.

“Tiene una serie de tratamientos muy poco ortodoxos porque no son de la banca central sino que se refieren al tema energético, precios tope a los medicamentos, y negociaciones de estos a través de los seguros, dentro de Estados Unidos”. Indicó que los precios tope a los medicamentos están aprobados por la OMC.

Por lo tanto, afirmó que se reducirá la desigualdad, ya que un gran número de empresas ha tenido ganancias extraordinarias durante la pandemia, y eso dinero entrará al fisco por la vía de los impuestos y no es un dinero inflacionario. Mientras que los recursos se están orientando a un gasto social, de mejor calidad, tiene que ver con la vida de la gente.

Qué contiene la ley

El gobierno de Biden calificó este marco legal como “uno de las más importantes de la historia” del país, pues busca garantizar “la equidad” entre los ciudadanos, tras las duras consecuencias económicas de la pandemia de covid-19.

  • La Ley de Reducción de la Inflación contempla más de US$430 mil millones en nuevas inversiones, casi todas centradas en el impulso a la industria de la energía verde en el país y a reducir las emisiones de gases contaminantes.
  • Supondrá la mayor inversión pública contra la crisis climática en la historia de Estados Unidos. Sus partidarios estiman que servirá para reducir en un 40% las emisiones contaminantes, de aquí a 2030.
  • Establece un impuesto mínimo del 15% a las compañías con beneficios superiores a los US$1 mil millones, y reforzar la agencia de recaudación de impuestos para hacer más difícil evitar los pagos.
  • El plan permitiría que Medicare, un programa de cobertura sanitaria para las personas mayores de 65 años, pueda negociar los precios de las medicinas recetadas. El Gobierno espera que esto reduzca los costos de los medicamentos y ayude en parte a reducir las presiones de la alta inflación.

(Con información de agencias EFE y AFP).

ESCRITO POR:

Rosa María Bolaños

Periodista de Prensa Libre especializada en medios escritos y radiales en temas de energía eléctrica, empleo, impuestos, empresas y negocios con más de 20 años de experiencia.