El modelo de alianzas público-privadas (APP) podría permitir el desarrollo de distintos proyectos de infraestructura en Guatemala, en sectores como transporte, puertos, aeropuertos, energía, telecomunicaciones y edificaciones públicas.

Las APP son una relación contractual entre el sector público y empresas privadas para la provisión de infraestructura y servicios asociados. Bajo este esquema, el Estado mantiene la propiedad de los activos, mientras que el sector privado puede encargarse del diseño, financiamiento, construcción, operación o mantenimiento de las obras durante un plazo determinado.

Este tipo de contratos suelen establecerse a largo plazo y pueden financiarse mediante pagos del Estado, pagos de los usuarios —como peajes— o una combinación de ambos mecanismos.

De acuerdo con José Ardón, director ejecutivo de la Cámara Guatemalteca de la Construcción, en Guatemala aún no se ha dimensionado el potencial de este modelo. “No hemos dimensionado el potencial que tienen estos proyectos para cerrar esa brecha de infraestructura estratégica que tiene Guatemala, como lo han logrado otros países de Latinoamérica”, indicó.

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Ardón señaló que en países como Perú, Colombia, Chile y México existen ejemplos de proyectos ejecutados bajo este modelo en áreas como infraestructura vial, puertos y generación energética.

Según el representante del sector construcción, el país podría aprovechar este mecanismo para impulsar nuevas obras. “Para Guatemala sería una oportunidad de oro si podemos empezar en el corto plazo a hacer más proyectos de alianzas público-privadas. Las oportunidades para mejorar la infraestructura existente, ampliarla o construir nueva infraestructura son enormes”, afirmó.

Para Cecilia Pivaral, integrante de la mesa de infraestructura de Guatemala No Se Detiene, el desarrollo de proyectos bajo este modelo podría contribuir a reducir la brecha de infraestructura del país.

“Primero tenemos que pensar que estos proyectos deben apoyar a reducir la brecha de infraestructura que necesitamos como país. Luego también deberían enfocarse en la competitividad del país, lo que podría llevar a un mejoramiento en la economía de los guatemaltecos”, comentó.

Ardón indicó que persisten percepciones erróneas sobre el funcionamiento de las APP. “Uno de los paradigmas que existe es que las APP son una forma de privatización, pero no es cierto. El activo siempre es propiedad del Estado y es el sector privado el que se encarga de renovarlo, administrarlo, operarlo o ampliarlo”, explicó.

Para Ardón, las ventajas de estructurar proyectos bajo este modelo son el expertise técnico, la asignación de riesgos y el financiamiento, que suelen ser aspectos que se le dificultan al sector público.

“Una municipalidad donde consideramos que hay oportunidades bastante grandes tiene restricciones en cantidad de presupuesto y en personal que puede dedicar a estos proyectos; por eso mismo existe la oportunidad de que un privado pueda desarrollarlos”, mencionó.

Los proyectos que podrían ejecutarse

Entre las iniciativas que podrían desarrollarse bajo el modelo de alianzas público-privadas se encuentran proyectos de transporte, logística, energía y telecomunicaciones.

1. Sistemas de transporte masivo (Metro Riel o Aerómetro): desarrollo de ejes ferroviarios de cercanías o teleféricos urbanos que utilicen derechos de vía del Estado para mejorar la movilidad en el área metropolitana.
2. Vías de peaje urbano y distribuidores viales: construcción de circuitos viales que permitan atravesar la Ciudad de Guatemala sin interferir con el tráfico local, financiados mediante el pago de peaje por parte de los usuarios.
3. Ampliación y mantenimiento de carreteras troncales (CA-9, CA-2 y CA-1): modernización de tramos estratégicos mediante la ampliación de dos a cuatro carriles y la incorporación de estándares internacionales de seguridad.
4. Anillo regional de conectividad: construcción de carreteras que conecten departamentos sin pasar por la capital, con el objetivo de facilitar el transporte de mercancías y productos agrícolas.
5. Modernización del Aeropuerto Internacional La Aurora: ampliación de la pista, modernización de la terminal de pasajeros y actualización de sistemas de navegación aérea.
6. Terminales de carga en Puerto Quetzal y Santo Tomás de Castilla: construcción de muelles y terminales especializadas para contenedores o graneles que permitan aumentar la capacidad operativa del comercio exterior.
7. Aeródromos regionales: modernización de pistas existentes, como en Retalhuleu o Puerto Barrios, para impulsar el turismo y el transporte de carga regional.
8. Redes inteligentes de distribución eléctrica: modernización de la infraestructura eléctrica en zonas urbanas para reducir pérdidas de energía y mejorar la estabilidad del sistema.
9. Líneas de transmisión de alta tensión: construcción de infraestructura para conectar zonas productoras de energía renovable con los principales centros de consumo.
10. Red dorsal de fibra óptica: despliegue de infraestructura de telecomunicaciones utilizando derechos de vía de carreteras o líneas eléctricas para ampliar el acceso a internet de alta velocidad en áreas rurales.
11. Centro Administrativo del Estado: construcción de un complejo que concentre ministerios y entidades públicas en la Ciudad de Guatemala para reducir gastos en alquileres y mejorar la atención al ciudadano.
12. Puertos secos y centros de consolidación logística: desarrollo de instalaciones cerca de fronteras, como Tecún Umán o El Florido, para agilizar el despacho aduanero y el almacenamiento de mercancías.

"Que sean atractivos"

Para que los proyectos bajo el modelo de alianzas público-privadas logren atraer inversión, es necesario que estén adecuadamente estructurados desde el punto de vista técnico, financiero y legal.

De acuerdo con Pivaral, uno de los principales factores para generar interés en los inversionistas es la calidad de la estructuración de los proyectos. “Para que este tipo de proyectos resulten atractivos para inversionistas se requiere que estén bien estructurados y que lo que se plantee para la licitación tenga sentido para el potencial inversionista que quiera venir y decir: ‘Bueno, voy a invertir en esto por un plazo de tiempo’”, explicó.

Por su parte, Pablo del Cid Fratti, ingeniero civil y máster en dirección de proyectos, señaló que uno de los aspectos clave para atraer capital privado es la certeza jurídica. “Definitivamente, una de las cosas que todo inversionista privado va a buscar primero es que se cuente con la certeza jurídica adecuada”, afirmó.

Del Cid Fratti añadió que también es necesario definir sectores prioritarios para orientar las inversiones. “Es importante establecer criterios sobre qué sectores son interesantes para el país en temas de APP y tratar de centrarnos en esos sectores, para que el inversionista privado tenga claro en qué áreas puede aportar”, indicó.

Desafíos para ejecutarlos

Aunque las reformas recientes a la ley de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) representan un avance para impulsar proyectos bajo el modelo de alianzas público-privadas, aún existen tareas pendientes para que estas iniciativas puedan concretarse.

De acuerdo con Ardón, uno de los avances más importantes fue la reforma aprobada el año pasado. Sin embargo, señaló que aún existen aspectos clave que deben desarrollarse para que el modelo funcione plenamente, entre ellos la elaboración del reglamento de la ley y el fortalecimiento de la institucionalidad encargada de impulsar los proyectos.

“Hay temas importantes, como tener preparado el reglamento y darle herramientas a la ANI para contar con personal capacitado y recursos disponibles para desarrollar estos proyectos”, explicó.

Ardón también destacó la necesidad de construir un ecosistema que permita generar propuestas de inversión. “Donde participen la banca nacional e internacional, desarrolladoras, constructoras, tanques de pensamiento, municipalidades e instituciones del sector público, para que nazcan propuestas, proyectos e iniciativas que identifiquen oportunidades de inversión”, afirmó.

En la misma línea, Pivaral señaló que uno de los primeros pasos tras las reformas legales es la actualización del reglamento. “El primer paso es gestionar el reglamento actualizado de la ley tras las reformas”, indicó.

También señaló que será necesario fortalecer las capacidades institucionales para estructurar y gestionar proyectos. “El segundo paso es fortalecer la institucionalidad con más capacidades y con un equipo técnico capaz y comprometido para desarrollar los proyectos y luego gestionarlos”, explicó.

Para Del Cid, otro de los aspectos clave será el cumplimiento de los plazos establecidos para la emisión del reglamento y el fortalecimiento institucional de la ANI. “Primero está el tema del reglamento. Según el decreto, existe un plazo para cumplirlo y lo ideal sería que se cumpla”, señaló.

El especialista agregó que la entidad encargada de impulsar estos proyectos también deberá fortalecer sus capacidades técnicas. “La ANI tiene que tener una transformación institucional y un fortalecimiento en sus capacidades antes de empezar a trabajar en la estructuración de proyectos”, indicó. Los desafíos se resumen en:

• Cumplimiento de plazos para licencias (30 días)
• Elaboración de estudios técnicos de alta calidad sin retrasar procesos
• Fortalecimiento técnico de municipalidades
• Coordinación efectiva entre la ANI y gobiernos locales
• Manejo de pasivos por pagos por disponibilidad Estructuración de proyectos financieramente viables (bancables)
• Creación de capacidad técnica especializada dentro de la ANI
• Garantizar transparencia en procesos de licitación
• Agilización en la aprobación de contratos
• Sostenimiento de la voluntad política para impulsar el modelo APP

Fuente: ANI