Larios, junto a Víctor Alberto Ovando, representante de los extrabajadores, informó que el monto original era de Q6.2 millones en 1991, tras lo que hubo un abono, por lo que el nuevo monto se estableció en Q4.2 millones.

Una sentencia de lo Contencioso Administrativo ordenó al Estado de Guatemala pagar el capital y los intereses desde el 23 de abril de 1997 en adelante. Basados en ello, los extrabajadores presentaron en el Juzgado Primero de Primera Instancia Civil una liquidación que incluye capital e intereses, que al 30 de junio del 2008 ascendía a Q12 millones 55 mil 923.50, cifra que aprobó dicha sala.

Los otros siete años de intereses —del 2008 al 2015— no han sido reclamados, explicaron. El monto podría subir Q3 millones si se toma en cuenta que corren intereses entre Q400 y Q500 por cada día de atraso.

Después de años de litigio y numerosos recursos legales utilizados para evitar el pago, el 9 de julio pasado, un tribunal ordenó al Ministerio de Finanzas cumplir con el pago, para lo cual se le fijaron 10 días.

A la fecha no se ha hecho el pago, pero se convocó a los extrabajadores a llenar un formulario, dijo Ovando. Agregó que se les informó que la orden de pago está en el despacho del viceministro Edwin Martínez.

Se solicitó la versión del Minfin. Sin embargo, al cierre de la edición, no había respondido.

Un total de 85 personas laboraron en Pan American, de las cuales 21 ya fallecieron.

Se agrega que el Estado de Guatemala intervino la empresa y encontró activos en caja y también vendió equipo a Aviateca. Además, el interventor solicitó al Estado la devolución de un crédito fiscal a favor de la empresa por pagos de impuestos efectuados en exceso (retenciones de ISR) por más de Q6 millones.

Pese a un convenio de 1992, el Estado no lo honró, “apropiándose del dinero del crédito fiscal que tenía un destino específico para el pago de las indemnizaciones de los trabajadores”, se denunció ayer.