“Gracias a esta recuperación al final del año es que el sector terminó con un 7.6% por debajo de las ventas que se dieron en 2019, lo que definitivamente superó nuestras expectativas”, comentó.
Los únicos segmentos que crecieron en el 2020 fueron camiones con 21% y picop con 9%, debido a que los sectores que los utilizan fueron los menos afectados, comentó el ejecutivo.
Originalmente, para el 2020 el sector había previsto crecer entre el 5% y 10%, a pesar del panorama mundial que se observaba en ese entonces. Ese comportamiento también dependería de que se cumpliera con factores de regulación internos, estabilidad política y crecimiento económico.
Sin embargo, luego empezaron a impactar los efectos de la pandemia. Los meses de marzo, abril y mayo fueron los más bajos para el sector de vehículos nuevos (con caídas de entre 48% y 77%).
En Guatemala el primer caso de coronavirus se detectó el 13 de marzo y el gobierno estableció restricciones que incluyeron cierre de fronteras y del aeropuerto, restricciones de viaje o movilidad interdepartamental, toques de queda y cierre de diversas actividades. Las restricciones se empezaron a flexibilizar a finales de julio y el 30 de septiembre finalizó el estado de Calamidad.
Contar con inventarios: el desafío
Para el 2021 la expectativa del sector es la recuperación a sus niveles prepandemia, ya que no se están proyectando crecimientos arriba de lo que fue 2019 o anteriores, agregó.
En febrero del año pasado Devaux dio a conocer que en el 2019 el sector de vehículos nuevos solo pudo crecer 0.73%, es decir, 213 unidades más que el año anterior a ese.
Respecto a las expectativas para este año, comentó que confianza de la población, el proceso de vacunación y otros factores podrían ir determinando cualquier crecimiento.
“Nuestro mayor reto para 2021 será poder contar con los inventarios necesarios para abastecer la demanda del mercado nacional debido a que la mayoría de fabricantes está teniendo problemas de abastecimiento de parte de sus proveedores lo cual ha afectado los inventarios a nivel mundial”, explicó el director ejecutivo de Aidva.
Sin embargo, también se depende de otros indicadores. La economía en Guatemala, en comparación con la región, reflejó las medidas que tomó el Gobierno para enfrentar la crisis del covid-19 y que en su mayoría fueron acertadas.
Es crucial añadió, que no suban los contagios y ni se vuelvan a imponer restricciones, además de que aumente la confianza de inversión en el país y del consumidor.
Según el parque vehicular del país registrado en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), a diciembre del 2020 había 4 millones 96 mil 800 unidades, 8% más que al cierre del 2019. Este incluye nuevos registros tanto de vehículos nuevos como usados.
El parque de automóviles creció en 21 mil 523 unidades (2.7%) y llegó a 816 mil 553. Aparte de las motocicletas que registraron 13.7% de crecimiento en el registro de la SAT; las grúas, 9.2%; camionetas, camionetillas u tipo panel, 7.7%; camiones cabezales y transporte de carga, 6.1%; mientras que los picops subieron 3.5%.
Atenuantes para el sector
En el 2020, el directivo de Aidva mencionó que en el país el sector de autos nuevos mantiene un crecimiento mínimo, influenciado por los escenarios mundiales, pero también por factores locales:
Falta de controles internos y competencia desleal, que según el ejecutivo “se debe al cálculo y la forma de aplicar el cobro del Impuesto de Primera Matrícula (Iprima) a la importación de vehículos usados que luego se venden en el mercado “sin recibir garantías o respaldos por la compra”.
Desincentivo en la compra de vehículos nuevos por tendencias de movilidad a través de taxis o por aplicaciones tecnológicas.
Uso de motocicletas que se venden a las personas “sin verificar los requisitos mínimos de conducción o licencia de conducir”, resaltó el directivo.
Limitación tanto de personal como de recursos de la Intendencia de Verificación Especial (IVE), por lo que no posee la capacidad de alcanzar a todos los distribuidores de vehículos usados, quienes también son “personas obligadas” para la prevención del lavado de dinero y otros activos.
