Economía

"Una demanda internacional la pagarían todos los guatemaltecos"

Directivos de Minera San Rafael informaron que después de 400 días sin operar y 289 sin que la Corte de Constitucionalidad (CC) haya emitido una resolución del caso, no descartan recurrir a medidas legales como el arbitraje internacional.

Por Rosa María Bolaños

Andrés Dávila, gerente de comunicación y Gabriela Roca, directora de asuntos corporativos de Mina San Rafael informaron sobre la situación actual de la compañía. (Foto Prensa Libre: Rosa María Bolaños)
Andrés Dávila, gerente de comunicación y Gabriela Roca, directora de asuntos corporativos de Mina San Rafael informaron sobre la situación actual de la compañía. (Foto Prensa Libre: Rosa María Bolaños)

Además, manifestaron su preocupación por los constantes atrasos y falta de información que ha existido con relación al avance del proceso.

Al consultar a los ejecutivos de Mina San Rafael y Tahoe Rosources Inc. si contemplan plantear algún arbitraje internacional, indicaron que analizan utilizar las medidas legales que estén al alcance.

"La empresa Tahoe no descarta una demanda internacional, pero lo analizan porque las consecuencias legales que implica afectaría a toda la población guatemalteca", dijo Gabriela Roca, directora de asuntos corporativos de la compañía.

La profesional afirmó que desde el 12 de marzo a la fecha desconocen por completo el estado del proceso.

"Asumimos que debe existir una ponencia en la que se resuman las actuaciones y se aborde el caso concreto, ya que la CC solo puede fallar basada en hechos verídicos, comprobables y pertinentes al caso", enfatizó Roca.



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Publicada por Prensa Libre en Jueves, 9 de agosto de 2018


No han visto los estudios

Según los ejecutivos en las últimas semanas han surgido manifestaciones que han buscado desviar la atención del caso, también publicaciones que hacen alusión a los estudios elaborados por las universidades, para determinar si hay o no población xinca en el área de influencia donde opera la mina.





Roca dijo que les preocupan estas publicaciones de los resultados de los estudios en redes sociales, porque como parte interesada, no han tenido acceso a los mismos.

Desde el pasado 12 de marzo, a 138 días los magistrados solicitaron un auto para fallar, porque les hacía falta información para resolver. "Parte de esa información ya estaba en el expediente, incluidos los estudios de las universidades, que no tiene que ver con el fallo", comentó la ejecutiva.

A la presente fecha ignoran de manera oficial el resultado de los estudios. Asumen que ya debería haber una ponencia, pero no conocen al pleno de magistrados que están conociendo el caso, porque existe una incongruencia entre el sistema informático y el de acceso a la información pública.

Andrés Dávila, gerente de comunicación de Mina San Rafael, recordó que la Corte Suprema de Justicia (CSJ), siguiendo la resolución de la misma CC, resolvió que el Estado de Guatemala debía llevar a cabo la consulta, y revocó la suspensión temporal contra la mina para que reiniciara sus operaciones.

"No entendemos, por qué ahora los magistrados indican que este caso es muy difícil cuando únicamente deben ser congruentes con sus propios fallos", resaltó el ejecutivo.

Recuento de los daños

Los ejecutivos mencionaron que hasta la fecha se ha obligado al despido de 500 empleos directos y 7 mil 500 indirectos. Así como más de Q440 millones que el Estado ha dejado de recaudar en concepto de impuestos en regalías.

Dávila no descartó la posibilidad que puedan continuar más despidos, conforme avanzan los días sin operación.

Además de los Q2 mil 40 millones que han dejado de ingresar a la economía del país, en pago de proveedores, salarios, entre otros.

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