Los Q5 mil millones que Finanzas tiene y no puede invertir en carreteras

Unos US$679 millones —Q5 mil 228 millones— de recursos financieros provenientes de tres préstamos y asignados a dos empresas señaladas de corrupción deberían desbloquearse en el Congreso para reactivar obras de infraestructura.

Víctor Martínez, viceministro de Finanzas, expone a diputados del bloque Alianza Ciudadana el plan de gasto 2017.
Víctor Martínez, viceministro de Finanzas, expone a diputados del bloque Alianza Ciudadana el plan de gasto 2017.

Los préstamos servirían para la construcción de la autopista de cuatro carriles del corredor de la frontera de Tecún Umán, San Marcos, a la de Pedro de Alvarado, Jutiapa —vía Escuintla—.

Las empresas a cargo de la construcción son la empresa nacional Sigma y la brasileña Odebrecht.

Víctor Martínez, viceministro de Finanzas, expuso ayer que irán los siguientes días al Legislativo a solicitar que se realicen modificaciones a los préstamos aprobados y que el monto de los créditos sea asignado a otras empresas.

La ampliación del tramo de la carretera de Patulul, Suchitepéquez, a la frontera de Tecún Umán, es financiada por Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil (BNDES), por US$280 millones, y US$119 millones provienen del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).


El BNDES congeló los fondos para Guatemala luego de que Odebrecht fue señalada de recibir sobornos en Brasil.

En el caso de la ampliación del tramo de Escuintla a Ciudad Pedro de Alvarado, Jutiapa, ejecutivos de la empresa Sigma Constructora enfrentan proceso judicial por el caso Cooptación del Estado.

El BCIE aprobó un préstamo de US$280 millones para ese trayecto.

“La única manera para poder seguir con la ampliación de las obras con otras empresas es que el Congreso realice las modificaciones”, afirmó el viceministro de Finanzas.

Martínez indicó que para finales de año se proyecta que la ejecución de gasto llegue al 91.5%, que equivaldría a unos Q65 mil millones.

Los Q5 mil millones que dejarían de ejecutarse provienen de préstamos de los ministerios de Comunicaciones, Educación, Agricultura y Salud, y el sector de justicia.

Para el 2017, explicó el funcionario, se pretende dejar un saldo de caja de Q800 millones, de los que Q500 millones provendrían de la baja ejecución en el Ministerio de Desarrollo.