La operación por US$100 millones permitirá contribuir a que las personas vulnerables del país alcancen niveles mínimos de consumo, informó el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Las nuevas autoridades electas estiman que en cuatro meses serán necesarios para reestructurar el presupuesto 2019 para aplicarlo el ejercicio fiscal 2020, luego de que el Congreso, tácitamente, renunciara a conocer la iniciativa del plan de gasto al no convocar a nuevas plenarias antes del 30 de noviembre, cuando vence el plazo para aprobar el presupuesto.
Clima de negocios, política comercial vigente y los acuerdos comerciales que Guatemala tiene para mejorar la competitividad, fueron algunos aspectos que conoció la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) que está de gira por el país.
Al parecer los diputados no están de acuerdo en aprobar el proyecto de presupuesto y podrían reducir el techo en hasta cinco millardos, según lo que han adelantado. Analistas cuestionan proyecciones “sobreestimadas” y crecimiento de la deuda.
Congreso deberá conocer el proceso de gasto para el 2018 en un contexto político desfavorable generado por la controversia con Cicig y la solicitud de antejuicio.
Julio Héctor Estrada, ministro de Finanzas, informó ayer que la Dirección Técnica del Presupuesto (DTP) afina los detalles para la presentación del documento. Monto planteado asciende a Q87 mil 672 millones.
Las 35 dependencias del Estado solicitaron Q18 mil millones para poder ejecutar en el 2018.
Centros de investigación se sumaron a la solicitud de que sea retirada la iniciativa de ley de simplificación, actualización e incorporación tributaria, mientras técnicos del Ministerio de Finanzas (Minfin) y la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) expresaron dudas.
La Comisión de Finanzas agilizará el proceso para otorgar un dictamen favorable a la Ley de Simplificación, Actualización e Incorporación Tributaria, que crea un régimen especial para el sector agropecuario.
A ocho días de que entre en vigor la liberación del secreto bancario, los contribuyentes aún tienen dudas sobre la implementación de la normativa por la Intendencia de Fiscalización de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).
