Entre los consorcios que fueron precalificados para continuar en el proceso son Ortiz Construcciones y Proyectos Guatemala, grupo de capital español; Odebrecht de Brasil; Instalaciones Inabensa de España; Consorcio CAE Guatemala (capital guatemalteco y mexicano) según los documentos divulgados en el sistema Guatecompras.

También fueron habilitados  Gia Constructora y Edificadora, S. A., de México y SBI International Holdings, de Suiza.
El único que quedó fuera PLIF Corporation y Hansol Eme Co., con capital suizo y coreano.

Los interesados presentaron su papelería ante la Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica (Anadie)  el 26 de mayo recién pasado, y ahora los interesados que quedaron habilitados pueden presentar sus ofertas en tres meses.

Según información de Anadie el proyecto, que sería una alianza público-privada, se construiría en terrenos de Ferrocarriles de Guatemala, en la zona 1, y busca albergar unos 11 mil trabajadores públicos en 280 mil metros cuadrados.

El Gobierno pagaría US$18 millones al año por 22 años a la empresa que los construya y opere y luego lo ejecutaría el Estado.