Presupuesto 2025: Finanzas evalúa acciones que se han presentado ante la CC y afirman que los artículos pasan la prueba constitucional
Tres acciones de inconstitucionalidad se han presentado ante la Corte de Constitucionalidad, a las cuales aún no les han dado trámite, mientras que el ministro de Finanzas, Jonathan Menkos asegura que el presupuesto no tiene ilegalidades.
El ministro de Finanzas, Jonathan Menkos, defiende el contenido del Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el 2025, al hablar de las acciones de inconstitucionalidad que varios sectores han presentado. (Foto, Prensa Libre: Daniel Samayoa).
Al respecto de las impugnaciones y el efecto que puedan tener, el ministro de Finanzas Públicas, Jonathan Menkos, indicó que, como cualquier otra ley, este decreto está sujeto a una evaluación constitucional que puede solicitar cualquier persona o entidad y es parte del estado de derecho.
Refirió que están haciendo un análisis a profundidad acerca de las acciones que se han interpuesto, y a la espera de la posibilidad de solicitud de información que haga la CC.
Sin embargo, el ministro expresó que considera que el presupuesto no tiene ninguna ilegalidad ya que los cálculos de las distribuciones constitucionales están basados en los criterios técnicos que manda la Constitución y están seguros de que se ha asignado de manera correcta.
Agregó que los artículos contra los que accionó el Cacif son artículos que han aparecido en otros presupuestos y sirven para prevenir cambios que se requieran en el presupuesto previamente aprobados.
Permitirá agilizar gestión
De los cuatro artículos que señala Cacif, Menkos refirió que hay dos muy valiosos, el 130 y el 135 que van a permitir pagar los cambios a los pensionados del Régimen de Clases Pasivas y Civiles del Estado y los fondos para implementar el decreto 51-2022, Ley Temporal de Desarrollo Integral, que autoriza la ampliación de la cobertura del Programa de Desarrollo Integral, a favor del medio ambiente y que también beneficia a veteranos militares.
Estos cambios se aprobaron cuando el proyecto de Presupuesto para el 2025 ya había sido enviado al Congreso de la República y en la Comisión de Finanzas no tenían la posibilidad de incluir cálculos puntuales de los montos adicionales derivados de esos dos decretos, añadió.
Explicó además que esos artículos permitirán una gestión ágil de posibles incrementos a esos rubros que ya tienen fuentes financiamientos y no significa que se vaya a ampliar el monto del presupuesto con más deuda o ni emitir más bonos, sino que se cubrirán con los recursos que se tengan a lo largo del año.
Además, expuso, por ejemplo, que estos cambios pueden prevenir incrementos en donaciones, o un proyecto financiado con deuda pública que esté avanzando más rápido y requiera tener espacio adicional, al referirse al artículo 118. Con este también se podría pagar este año por primera vez bonos de carbono a los pequeños, medianos y grandes productores por el cuidado de los bosques, añadió.
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Respecto al artículo 135 que se refiere a presupuesto para los Codedes,refirió que es un aporte que tampoco se sabía el monto exacto porque este cálculo se finaliza hasta el cierre del año 2024, por lo que se deja esa posibilidad para ajustarlos durante el año, con el monto que corresponda.
De otorgar la suspensión parcial afectaría pagos
Menkos es del criterio que las peticiones de suspensión total derivado de las asignaciones constitucionales carecen de fundamento técnico porque los cálculos los hace el Ministerio de Finanzas y los revisa la Comisión de Finanzas del Congreso.
Además de que estos no se hacen con base solo en el monto de los ingresos tributarios sino sobre variables de ingresos que ya han restado algunos elementos a estos ingresos tributarios, y que se establecen en la legislación nacional.
La distribución de recursos se hace a partir de los ingresos tributarios, pero se deben deducir los destinos específicos, eso según resoluciones de la CC de 2013 (producto de una impugnación de la USAC) y 2019 (producto de una impugnación de algunas municipalidades). Por ejemplo, se deduce nómina, aportes a seguridad social, IVA-Paz, entre otros.
Acerca de la inconstitucionalidad parcial, lo que les preocupa que si la Corte llegara a aceptarlas se tendrían dificultades para pagar plenamente los cambios aprobados para los veteranos militares y clases pasivas del estado, así como el posible pago de bono de carbonos a pequeños, medianos y grandes productores que apoyan cuidando los bosques.
“Soy optimista, creo que el presupuesto está bien hecho y que los artículos pasan la prueba constitucional. Espero que sean sometidos a discusión de la Corte y que esa diga que cumplen con todo”, dijo el funcionario.
Plan B
Al ser consultado sobre un plan B si prospera alguna de las impugnaciones, Menkos dijo que en el caso de los rubros que contienen los cuatro artículos se tendría encontrar espacios fiscales para gestionar los pagos de esas prestaciones y los bonos de carbono o recurrir al Congreso para solicitar una ampliación, pero se requeriría más tiempo, aunque en años anteriores no ha tenido conflicto.
Consultado si hay un interés particular en buscar la suspensión de varios artículos o de todo el presupuesto del 2025, insistió en que confía en el estado de derecho, que es importante que las leyes pasen por estas pruebas cuando hay alguna duda de sectores interesados y considera que el presupuesto está bien elaborado.
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