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Proceso
SIT y Contraloría investigan posibles anomalías en la subasta de la banda 5G; diputados piden declarar lesiva la licitación
Las investigaciones sobre la subasta de la banda 5G adjudicada en el 2023 entran en su fase final. La Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT) y la Contraloría General de Cuentas (CGC) informaron al Congreso de la República que avanzan en la elaboración de sus informes.
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La subasta para la banda ancha 5G o banda de 700 MHz se efectuó en el 2023 y el plazo del usufructo es a 20 años. (Foto, Prensa Libre: Shutterstock).
La Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT) y la Contraloría General de Cuentas (CGC) informaron en el Congreso de la República que investigan el proceso de la subasta pública de la banda 5G, efectuada en el 2023, y que avanzan en la elaboración de sus informes.
En tanto, diputados de la bancada Cabal solicitaron a los funcionarios que se declare lesiva dicho proceso de subasta y señalaron que, para ello, deben agilizar los informes de investigación porque se agota el plazo que permite la ley para ello. Este vence el 11 de septiembre próximo, indicaron los parlamentarios Luis Aguirre y Julio Héctor Estrada.
El plazo empieza a contarse a partir de la fecha del acto o resolución que lo origina, según el artículo 20 de la Ley de lo Contencioso Administrativo (Decreto Número 119-96 del Congreso). Ese artículo establece que un acto o resolución administrativa puede ser declarado lesivo para los intereses del Estado mediante Acuerdo Gubernativo emitido por el presidente de la República en Consejo de Ministros, y que esa declaración solo podrá hacerse dentro de los tres años siguientes a la fecha del acto o resolución que la origina.
Contexto
La subasta de frecuencias radioeléctricas para servicios móviles se adjudicó el 12 de septiembre del 2023.
Según la información divulgada por la SIT en esa ocasión, se adjudicaron a las empresas Telecomunicaciones de Guatemala, S. A. (Telgua) y Comunicaciones Celulares, S. A. (Tigo) 60 megahercios (MHz) del espectro radioeléctrico, por lo que el Estado recaudó Q1 mil 06 millones.
Se trató de seis bloques de 10 MHz en la banda de 700 MHz para servicios móviles, con un usufructo de 20 años, que concluirá en el 2042. El bloque A+A´ fue adjudicado a Tigo por Q335 millones 458 mil. Los bloques B+B´ y C+C´ fueron adjudicados a Telgua por Q335 millones 397 mil cada uno, para un total de Q670 millones 794 mil.
Investigaciones
Consultado acerca de los hallazgos preliminares, el superintendente de Telecomunicaciones, Herbert Rubio Morales, declaró en el Congreso de la República el martes 11 de agosto que, durante la revisión del proceso de la subasta pública efectuada en el 2023, observaron una serie de fallas administrativas. Agregó que investigan si estas obedecieron a errores o fueron provocadas deliberadamente.
El funcionario expuso que la SIT efectuó su propia investigación y remitió información a las entidades competentes para que continúen con las pesquisas.
Consultado sobre las consecuencias que esas fallas pudieron tener en el proceso de subasta, Rubio respondió que el caso aún se encuentra en fase de análisis e investigación.
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Agregó que esperan concluir el expediente en un máximo de dos semanas y que, con base en los resultados, evaluarán si corresponde emprender otras acciones.
Amplía comentarios
Los parlamentarios también preguntaron a Rubio qué han detectado durante las pesquisas. El funcionario respondió que el expediente en elaboración busca incorporar todos los elementos disponibles, reconstruir lo ocurrido desde el 2019 hasta la actualidad e incluir los resultados del estudio efectuado por la entidad contratada.
"Lo que nosotros detectamos de inicio es que hay una serie de anomalías que pueden tipificarse como faltas o como omisiones, hasta delitos inclusive", expresó Rubio.
Sin embargo, explicó que el tema de la lesividad es distinto, ya que "puede que hayan hechos o acciones que son indebidas o ilegales, pero no necesariamente lesivas". Insistió en que la decisión se tomará cuando el expediente esté completo y sea analizado.
Estudian precios
Durante la citación con los parlamentarios, Rubio indicó que intentaron contratar a una empresa especializada en el tema del espectro radioeléctrico para efectuar un análisis sobre los precios, pero no hubo oferentes.
Por ello, el viceministro de Comunicaciones, Raúl Solares, explicó que contactaron a la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) para buscar proveedores en el extranjero; sin embargo, esta les indicó que no presta ese tipo de servicios y les recomendó acudir al ente regional.
Solares indicó que recurrieron a la Comisión Técnica Regional de Telecomunicaciones (Comtelca), organismo especializado del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), al que entregaron los términos de referencia para efectuar una contratación internacional. Según Rubio, el contrato fue por Q120 mil.
Consultado sobre si incluirán en su informe las observaciones de la firma contratada, el superintendente respondió que el estudio de Comtelca no es vinculante, pero constituye un elemento adicional importante para definir cuáles eran las condiciones que, a su criterio, debieron considerarse en ese momento.
Por su parte, el viceministro Solares indicó que esperan que el análisis que efectuará la entidad contratada sobre el tema permita aclarar la situación.
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Agregó que el precio no es, según lo expresado por los diputados durante la citación, el aspecto más importante del caso; sin embargo, fue el elemento que despertó las alertas, ya que el monto de adjudicación no superó en 1% el precio base.
También señaló que debe garantizarse la competencia en este tipo de procesos.
Durante la reunión se indicó que, en Guatemala, el precio fue de un centavo de dólar, mientras que en otros países, como Chile, alcanzó entre 12 y 13 centavos.
Diputados hablan de lesividad, funcionarios dicen que aún no está definido
Tanto los parlamentarios como los medios de comunicación consultaron al superintendente si la información recopilada servirá para recomendar o emitir una declaración de lesividad. El funcionario respondió que actualmente conforman el expediente, pero que determinar si existe lesividad corresponde a otra instancia.
Consultado sobre si la SIT recomendará una declaratoria de lesividad u otra medida, respondió que esa decisión dependerá de los hallazgos de la investigación y que, por el momento, no puede anticipar una conclusión.
Rubio agregó que, de manera paralela, han presentado alrededor de cuatro denuncias ante el Ministerio Público. Algunas están relacionadas con la falta de documentos, que pudieron haberse perdido o haber sido sustraídos, y otras con hechos que, a criterio de la institución, podrían constituir delitos, cuya investigación corresponde al MP.
Contraloría también investiga
Por su parte, la Contraloría General de Cuentas informó, por medio del delegado que asistió a la citación, que se revisa la documentación para determinar las acciones a seguir. Sin embargo, se prevé que entre este martes y miércoles concluya la fase de ejecución del procedimiento, para continuar con la etapa de comunicación de resultados.
Los parlamentarios solicitaron al delegado un plazo específico para entregar el informe; sin embargo, no se comprometió con una fecha exacta y únicamente explicó los avances del proceso.
Durante la citación, el delegado de la CGC informó que la institución recibió el requerimiento de información el 26 de junio último, pero la documentación fue entregada hasta el 8 de julio.
Entre las acciones efectuadas por la CGC figura la solicitud de información al personal de la SIT que participó en el proceso de subasta y adjudicación.
El funcionario expuso que recibieron nueve expedientes, que contienen alrededor de 2,500 folios, así como 142 archivos relacionados con los responsables que participaron directamente en la subasta cuestionada.
Además, los auditores verifican la autenticidad de la documentación que uno de los involucrados remitió por vía electrónica, y que no aparecían en los expedientes.
El delegado de la CGC también informó que la institución notificó el 22 de julio posibles hallazgos y recomendaciones a los responsables señalados, y luego el 3 de agosto se efectuó una reunión para comunicarles esos resultados. Ese mismo día recibieron 43 documentos adicionales que, según el funcionario, forman parte de las pruebas de descargo.
En tanto, la representante de la Procuraduría General de la Nación (PGN) indicó que corresponde a las entidades conformar el expediente y que esa institución revisará no solo ese informe, sino también los dictámenes relacionados.
Según Rubio, la SIT remitirá a la PGN alrededor de 20 archivadores (leitz).
La bancada Cabal programó una nueva citación con los funcionarios para el 23 de agosto próximo.
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