La resolución judicial ordena la ejecución de la nulidad del contrato, por lo que ya fueron notificados APM Terminals Quetzal y la EPQ, quienes a su vez interpusieron recursos de reposición y aclaración, al igual que la Procuraduría General de la Nación (PGN).
De momento, estas acciones permiten continuar las operaciones en el recinto portuario “durante días o semanas”, pero de acuerdo con las empresas, el fondo del asunto no cambiará, o sea la nulidad, según lo expuesto en una citación al Congreso de la República.
La información sobre la sentencia se dio a conocer en esta reunión, donde se explicó que se anulan los contratos de usufructo y de la prestación de servicios en la terminal -grúas-, aparte de que dejaría de operar bajo la figura fiscal de depósito aduanero temporal (DAT) al cancelar las licencias y permisos correspondientes.
No obstante, la ejecución de la sentencia es un impasse desde el punto de vista legal, ya que la Sala mencionada no especifica de qué manera se llevará a cabo el proceso ni cómo serán resarcidas las partes, así como la devolución del área. “La nulidad solo declara que el contrato nunca existió”, aunque las autoridades han reiterado que se reconoce la inversión que realizó APM Terminals.
Por su parte, usuarios y delegados de las cámaras empresariales, expresaron que la situación es “critica” y se necesita que se aclaren varios puntos, para evitar una paralización de las operaciones portuarias, que implicarían atrasos, demoras, pérdidas, menor recaudación tributaria, alzas de costos y precios de productos de consumo importados.
La resolución de nulidad del contrato de usufructo por la Sala Quinta es independiente de la activación de conciliación contra el Estado de Guatemala, en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), por parte de APM Terminals Barcelona, una de las compañías socias de Maersk, propietaria de APM Terminals Quetzal.
Buscan soluciones
Durante la citación en el Congreso, Francisco Anleu, gerente general de EPQ, confirmó la notificación e informó que se interpuso un recurso para consultar algunos aspectos que no quedan claros. Paralelo a ello, continúa el proceso de mesas de diálogo, en un contexto que calificó de “buena fe” con APM Terminals, para una posible salida, y considerar todos los escenarios probables, incluido un posible contrato de transición o uno de transacción.
“Todas las salidas y aristas se han analizado; estamos pendientes de convocar a una nueva reunión de trabajo dentro del marco de esa conciliación, que no se ha dado porque las soluciones que nosotros hemos planteado siempre se encuentran con una arista legal que no permite avanzar”, puntualizó Anleu.
Citó como ejemplo que, si en un contrato de transición se acordara arrendamiento a APM Terminals, se incumpliría una norma aduanera “y no queremos plantear una solución que puede agravar el problema. “Estamos buscando una solución que satisfaga las pretensiones de todas las partes. Como Estado de Guatemala, continuamos con esa dinámica y tendríamos una reunión en las siguientes semanas, hasta llegar a una propuesta aterrizada y consensuada”. Añadió que se trabaja en conjunto con la PGN.
Avanza la conciliación
Carla Ramírez, directora legal en Guatemala, y Sergio Pérez, director legal regional de APM Terminals, expusieron en la citación que, al ser notificados por la Sala Quinta, interpusieron un recurso, pero saben que en el fondo la situación -de nulidad- no cambiará, por lo que el accionista mayoritario APM Terminals Barcelona, inició una solicitud de conciliación internacional en el Ciadi, que ya fue inscrita y el gobierno de Guatemala se encuentra notificado de tal solicitud.
Sobre los objetivos de esa conciliación, explicaron que se trata de establecer un foro central y neutral para encontrar un acuerdo satisfactorio entre el Estado de Guatemala y los inversionistas, así como llegar a un acuerdo que permita la continuidad de la operación -actual- y proteger la inversión.
Ramirez aclaró que solo existe el proceso de conciliación internacional -con base a las normas del Ciadi-, y no existe una conciliación local, porque no hay bases legales. Sin embargo, mantienen el diálogo con EPQ.
Pérez agregó que el deseo es que el problema se resuelva de manera pacífica, buscando el bien para ambas partes, aunque no se han logrado acuerdos. “Lo que se planteó por primera vez, fue un contrato de transición en estas conversaciones locales, que nos parece un instrumento bastante apropiado o el menos malo de todos, y nosotros estamos favorables a ese tipo de soluciones”.
Esto, porque a su criterio, Guatemala necesita un puerto mucho más grande y potente par atender la demanda de carga en el Pacífico y eso necesita recursos. “Nosotros tenemos la capacidad de inversión, pero una de corto tiempo no existe para nadie”, así que un contrato de transición debería dirigir hacia un contrato permanente, previo proceso de licitación internacional.
Postura gremial
En la reunión varios representantes del sector privado organizado se mostraron sorprendidos por la resolución de la Sala Quinta, y demandaron la transparencia del proceso. Luego por medio de un comunicado conjunto, suscrito por las Cámaras del Agro, de Comercio de Guatemala, de Industria, de la Construcción, Empresarial de Comercio y Servicios, Guatemalteco-Americana (AmCham) y la Asociación de Azucareros de Guatemala, fijaron su postura porque “es urgente una solución efectiva que garantice la continuidad de operaciones en la terminal de contenedores:
APM Terminals maneja cerca de 2 mil 500 contenedores al día.
En reunión de la Comisión de Pequeña y Mediana Empresa del Congreso de la República fuimos informados que la semana pasada las autoridades de Puerto Quetzal fueron notificadas sobre la ejecutoria de la sentencia de nulidad del contrato entre APM Terminals y la Empresa Portuaria Quetzal. Notificación que, por cuestiones de forma, está en trámite de ejecución final.
Recibimos con suma preocupación y sorpresa, esta noticia por los graves impactos que en cuestión de días estarán afectando a las empresas, trabajadores, y a la población general de Guatemala.
Este proceso lleva meses de discusión y nos preocupa de sobremanera la falta de sentido de urgencia y respuesta efectiva por parte de las autoridades de Puerto Quetzal.
Reiteramos nuestra solicitud para que de manera urgente se encuentre una solución efectiva que no genere retrasos, sobre costos e ineficiencias al manejo de carga en la terminal de contenedores de puerto quetzal.
Después de meses de gestiones y ante la falta de una respuesta efectiva que se anticipara a esta grave situación, exigimos a las autoridades que se garantice la inversión privada y la continuidad de operaciones de la terminal especializada de contenedores, para la atención de la carga de importación y exportación”.
