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Usuarios denuncian cobros no regulados y retrasos en el Registro de la Propiedad Intelectual

Cobros no regulados por operaciones y lentitud en los procesos del Registro de la Propiedad Intelectual conforman la crisis que denunció la Cámara Guatemalteca de la Propiedad Intelectual (Campi). Mientras tanto, el Ministerio de Economía (Mineco) aseguró que requirió un informe circunstanciado.

La Cámara Guatemalteca de Propiedad Intelectual denuncia demoras en el Registro de la Propiedad Intelectual, las cuales, según la entidad, afectan la seguridad jurídica y la confianza de los usuarios. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

La Cámara Guatemalteca de Propiedad Intelectual denuncia demoras en el Registro de la Propiedad Intelectual, las cuales, según la entidad, afectan la seguridad jurídica y la confianza de los usuarios. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

Los usuarios del Registro de la Propiedad Intelectual, adscrito al Ministerio de Economía (Mineco), denunciaron demoras en el funcionamiento que están incidiendo en la seguridad jurídica, la eficiencia administrativa y la confianza de los usuarios en el sistema registral.

La Cámara Guatemalteca de Propiedad Intelectual (Campi) expone que, en los últimos meses, ha recibido múltiples inquietudes y observaciones de profesionales, empresas y usuarios, por medio de un comunicado de prensa.

Sara Larios Hernández, viceministra de Economía encargada del área de Asuntos Registrales, declaró en su descargo que se requirió un informe circunstanciado y que están a la espera de conocer el proceso en curso relacionado con la acción de amparo que promovió la Campi.

El Registro de la Propiedad Intelectual es la autoridad encargada de la administración y protección de los derechos de marcas, derechos de autor, patentes, diseños industriales y modelos de utilidad, entre otros.

Campi cuestiona cobros en Registro

En el comunicado, la Campi señala que ha identificado la implementación de determinados cobros cuya base legal y conformidad con el marco jurídico vigente resultan, de manera preliminar, susceptibles de cuestionamiento, al no encontrarse expresamente contemplados en la Ley de Propiedad Industrial ni en el Reglamento del Registro de la Propiedad Intelectual.

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Es decir, esos cobros no se encuentran sustentados en la normativa vigente, pese a que implican la imposición de obligaciones económicas a los administrados.

"La Campi ha decidido promover las acciones legales que resulten procedentes para que las autoridades competentes se pronuncien respecto de la legalidad de dichos cobros. La Cámara considera indispensable que todo cobro efectuado por el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentre basado en la normativa vigente, como garantía fundamental de legalidad y seguridad jurídica", detalla la posición sectorial.

Al respecto, Larios Hernández dijo que, si hay en curso una acción, se respetará cualquier decisión sobre el actuar del Registro y que debe existir un acto reclamado sustentable.

"Hay que ver cuál es ese acto que la Campi está denunciando y será el tribunal constitucional el que deberá revisar esa actuación y el informe circunstanciado para determinar si hay que enmendar alguna actuación o bien avalarla", justificó la viceministra al ser consultada por Prensa Libre.

Recordó que la Campi ha entablado acciones en el pasado, sobre todo por el arancel y las tasas del Registro, y que existe una sentencia sobre un expediente relacionado con esos cobros, la cual determinó que están apegados a derecho.

"Desconozco cuál es el cobro que debe ser objeto de revisión", añadió la viceministra.

El Registro cuenta con un marco normativo propio y con un reglamento en el que se establecen las tasas por los servicios prestados.

Fuentes cercanas confirmaron que se dio un "aviso" para suspender temporalmente los cobros que se realizaban sin justificación.

Usuarios denuncian demoras

Otra de las quejas de los usuarios del Registro de la Propiedad Intelectual son las dificultades para acceder oportunamente a información que, por su naturaleza, constituye información pública.

La Campi ha decidido promover las acciones legales que resulten procedentes para que las autoridades competentes se pronuncien respecto de la legalidad de dichos cobros.

"La limitada disponibilidad de mecanismos ágiles para sostener reuniones técnicas o resolver consultas directamente con los funcionarios responsables de los expedientes; y la ausencia de canales eficientes de comunicación que permitan aclarar dudas o atender incidencias durante la tramitación de los distintos procedimientos. Estas circunstancias generan retrasos innecesarios, incrementan los costos para los usuarios y afectan la eficiencia con que deben prestarse los servicios públicos", señala el comunicado gremial.

Según la viceministra Larios Hernández, se está determinando si existe alguna acumulación de expedientes, pero se debe asegurar la confidencialidad de las operaciones, así como emitir recomendaciones para fortalecer esos procesos.

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"Una de las prioridades es atender la agilidad de los trámites. El reporte con que contamos es que no hay ninguna desmejora en los tiempos de trámites de las solicitudes; se mantienen estables. En el área de oposiciones tenemos una acumulación institucional e histórica, porque se deben resguardar expedientes de terceros que ya están registrados y, en ese contexto, puede haber cierto retraso administrativo", aclaró.

Reportan fallas en plataformas

La Campi agregó que también se han reportado, de manera recurrente, deficiencias operativas en los sistemas informáticos utilizados por el Registro, incluida su página web institucional y la plataforma de la Ventanilla Electrónica del Registro de la Propiedad Intelectual (Verpi).

"Las interrupciones del servicio, las dificultades de acceso, las inconsistencias en la información disponible y demás incidencias tecnológicas repercuten directamente en la tramitación de expedientes, el cumplimiento oportuno de plazos legales y la adecuada prestación de los servicios registrales. En un entorno en el que la digitalización constituye una herramienta fundamental para facilitar el acceso a la administración pública, resulta indispensable continuar fortaleciendo la estabilidad, confiabilidad y eficiencia de dichas plataformas", añade el comunicado.

La viceministra expuso que se ha requerido información a las autoridades registrales sobre el funcionamiento de las plataformas que utilizan los usuarios.

ESCRITO POR:

Urias Gamarro

Periodista especializado en macroeconomía, finanzas públicas e infraestructura, con 20 años de experiencia en medios radiales, impresos y digitales.