La Corte de Constitucionalidad (CC) confirmó la expulsión de Adrián Camilo García Flores, estudiante de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia de la Universidad de San Carlos (Usac), al declarar sin lugar el recurso de apelación que presentó contra la sentencia emitida por la Sala Quinta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

Con esa resolución quedó firme la sanción impuesta por el Consejo Superior Universitario (CSU), que en enero del 2023 resolvió expulsarlo tras un proceso disciplinario iniciado en el contexto de la crisis universitaria derivada de la elección de Walter Mazariegos como rector.

García Flores era representante estudiantil ante el CSU y participó en las acciones de rechazo al proceso de elección de rector, el cual diversos sectores universitarios calificaron de irregular.

La decisión de expulsarlo fue cuestionada desde entonces por organizaciones estudiantiles y de derechos humanos, que la consideran una represalia por su participación en la defensa de la autonomía universitaria, mientras que las autoridades universitarias sostuvieron que la sanción respondió al procedimiento disciplinario correspondiente.

La resolución de la CC fue adoptada por mayoría de tres magistrados contra dos. Debido a la inhibitoria de dos magistradas titulares, el tribunal se integró con magistrados suplentes para conocer el expediente.

Las magistradas Astrid Lemus y Dina Ochoa se inhibieron de conocer el expediente, y el pleno se integró con los magistrados suplentes Luis Fernando Bermejo y Claudia Paniagua.

Votaron por declarar sin lugar la apelación Roberto Molina Barreto, Julia Rivera y Claudia Paniagua, mientras que Bermejo y Anabella Morfín emitieron votos disidentes.

En el caso de la magistrada Lemus se inhibió de conocer el caso debido a que previamente había ejercido la defensa de Camilo García. En contraste, la magistrada Julia Rivera participó en la votación, pese a que distintos sectores señalan que su exesposo, Luis Cordón, funge como secretario general de la Usac. Rivera votó a favor de confirmar la resolución impugnada.

Julia Rivera, magistrada de CC, apoyó a su ex esposo, Luis Cordón, Secretario de USAC, en el caso de Camilo García, estudiante que buscaba anular su expulsión. Astrid Lemus, también magistrada fue abogada de García pero ella si se apartó de los expedientes a diferencia de Rivera. pic.twitter.com/ydYoU0VXKt

— Douglas Cuevas (@dcuevas_pl) July 29, 2026

Además de su expulsión como sanción administrativa, el estudiante García Flores también ha enfrentado un proceso penal en el caso Toma Usac impulsado por el Ministerio Público contra estudiantes, docentes y profesionales vinculados con la toma de instalaciones universitarias ocurrida en el 2022.

Tema llega pleno

La situación en torno a la San Carlos fue tema de discusión también este miércoles 29 de julio en el Congreso de la República, ante las denuncias de estudiantes que aseguran que sus registros académicos fueron eliminados del sistema universitario.

El diputado Raúl Barrera intentó que el Pleno conociera un proyecto de Acuerdo Legislativo para exigir a la Usac transparentar las sanciones disciplinarias y los bloqueos de expedientes estudiantiles aplicados desde agosto del 2022. La propuesta también contemplaba requerir información sobre los contratos de seguridad privada de la universidad, el inventario de armas y la validez jurídica de actas emitidas por la Rectoría.

Sin embargo, la moción para incorporar el asunto a la agenda no obtuvo el respaldo necesario durante la sesión. La propuesta recibió 43 votos a favor, 59 en contra y 58 diputados ausentes, por lo que no avanzó a la fase de discusión del acuerdo legislativo.

Durante la sesión plenaria extraordinaria del Congreso de la República, el diputado Raúl Barrera presentó una moción para que el Legislativo solicite un informe a la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) sobre el proceso de elección de rector y la expulsión de… pic.twitter.com/5WwGnJMQIH

— Oscar Vásquez Mijangos (@oa_vasquezz) July 29, 2026

Piden cese del PDH

De manera paralela, un grupo de diputados remitió un oficio a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, Dámaris Carolina Cerna Acevedo, para solicitar el inicio del procedimiento que podría derivar en la cesación del Procurador de los Derechos Humanos, José Alejandro Córdova Herrera.

Los legisladores argumentan que, desde el inicio de la crisis universitaria en abril del 2022, se han denunciado expulsiones de estudiantes, bloqueos de expedientes académicos, persecución penal y otras medidas que consideran represalias contra integrantes de la comunidad universitaria, sin que la PDH haya ejercido de manera efectiva sus funciones constitucionales de protección y supervisión.

En el oficio también solicitan que la comisión requiera un informe circunstanciado al Procurador, recopile las actuaciones realizadas por esa institución desde agosto del 2022 en relación con la Usac, convoque a audiencias públicas con representantes de la comunidad universitaria y elabore una evaluación técnica sobre el desempeño del magistrado de conciencia.

Como parte de la argumentación, los diputados citan observaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), las cuales —afirman— evidencian deficiencias en la actuación de la Procuraduría frente a las denuncias relacionadas con la crisis de la universidad pública. Asimismo, sostienen que la autonomía universitaria no exime a las instituciones del cumplimiento del orden constitucional ni limita las facultades de supervisión que corresponden a la PDH.