Aumenta número de familias que necesitan asistencia alimentaria para combatir la desnutrición

El primer pago del Bono Familia no llegó a las comunidades en pobreza y pobreza extrema mientras el gobierno asegura que el combate a desnutrición es su prioridad.

En Guatemala, según la Cepal y la FAO habrá 300 mil nuevos pobres extremos este año. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)
En Guatemala, según la Cepal y la FAO habrá 300 mil nuevos pobres extremos este año. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Al dar a conocer la Gran Cruzada Nacional por la Nutrición, el presidente Alejandro Giammattei aseveró que es una prioridad para su gobierno reducir las tasas de desnutrición a nivel nacional, Pero, por el contrario, en los últimos meses el número de niños con desnutrición aguda y las familias que necesitan asistencia humanitaria han aumentado dramáticamente y los programas de gobierno no han llegado a ellos.

Según los datos oficiales del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSAPAS), los casos de desnutrición aguda reportados en niños y niñas menores de cinco años para lo que va del año roza los 20 mil.

Para el mes de junio, la organización Oxfam había detectado un incremento del 129.8 por ciento de los casos reportados y temen que con el paso de los meses esto siga aumentando.

Aunque mencionan que el incremento se debe también a que las autoridades de Salud cambiaron la forma en cómo se registran los datos, no dudan a que la crisis generada por la pandemia del covid-19 ha agravado la situación.

“La desnutrición crónica ya era un problema antes de la pandemia y esto se debe a situaciones estructurales que no han sido resueltas, pero la pandemia ha agravado estas carencias” explica Iván Aguilar, investigador de Oxfam y quien también lideró el estudio “El hambre es la medida del covid-19: Incremento de la población que requiere asistencia alimentaria en el Corredor Seco de Guatemala”.

El referente estudio menciona un incremento de 102.8 por ciento de hogares que requieren asistencia alimentaria en relación a 2019. En cuanto a la inseguridad alimentaria severa se ha incrementado en 289.2 por ciento y la moderada en 25.3 por ciento.

Según las estimaciones, más de un millón personas que viven en el corredor seco (1 millón 12 mil 292) requieren de asistencia alimentaria.

Los 6 departamentos que superan los mil casos de casos de desnutrición aguda reportados hasta el momento son San Marcos con 2 mil 386 casos, Guatemala con 2 mil 276, Escuintla con 2 mil 168, Huehuetenango con 1 mil 495, Alta Verapaz con 1 mil 259 y Quezaltenango con 1 mil 007, concentrando en su conjunto, el 66.2% de todos los casos del país.

La falta de empleo, la suspensión de contratos, los cierres de municipios para evitar el contagio del covid-19 y el toque de queda han sido algunos de los factores que han colaborado para que cada vez sea más difícil para las familias tener acceso a alimentos.

Esto era una de las razones principales por las que, según el gobierno, motivaban a crear el programa del Bono Familia para ayudar a las familias más vulnerables a enfrentar la crisis provocada por el covid-19, sin embargo, con el primer pago hecho se evidenció que quienes recibieron este beneficio no eran los más necesitados.

Según el primer informe “Monitoreo Participativo del Bono Familia” elaborado por Paraíso Desigual destaca el hecho de que en 133 municipios el número de hogares beneficiarios es menos de la mitad del número de viviendas en condiciones de pobreza.

Según evidenciaron, las familias con mayor necesidad que no cuentan con energía eléctrica o que comparten contadores no están incluidas. “Un ejemplo son las 86 comunidades que integran la Zona Reina y que no han recibido ninguna información de los 10 programas del Gobierno”, mencionan.

Ahora que se espera que en las próximas semanas se realice el segundo pago, las instituciones darán seguimiento al programa y a los beneficiarios para saber si se logrará tener una mejor cobertura.

“El área rural es más complejo y preocupa más porque la brecha digital hace que los hogares con vulnerabilidad alimentaria sean los que tiene mayores dificultades para acceder al bono”, menciona Aguilar.

Pero además, la pandemia también está exponiendo otros grupos poblacionales que no estaban visibilizados dentro del problema de la inseguridad alimentaria.

Andrea Aldana, Defensora de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), menciona a las poblaciones urbanos marginales y que pertenecen a la economía informal como uno de los sectores que cayeron en mayor precariedad tras la llegada de la pandemia al país.

“Antes de la pandemia, se hizo una encuesta que mencionaba que 2.3 millones de personas viven en inseguridad alimentaria a nivel nacional y ahora pos covid ese número será mucho más grande y será muy difícil para las familias poder superar esta situación”, menciona.

Según los entrevistados, los efectos de la pandemia todavía serán latentes el próximo año y para que las familias vulnerables puedan salir de esta situación sin mayores efectos a largo plazo el gobierno debe enfocar sus esfuerzos no solo en la asistencia inmediata por la emergencia, sino en fortalecer los programas de desarrollo comunitario como, por ejemplo, los relacionados con la agricultura familiar.