Doce fueron compradas con aportes voluntarios de los residentes y otras cuatro fueron donadas por una empresa de telecomunicaciones, junto con un DVR, un monitor y equipo complementario.

La instalación fue acordada en asamblea y quedó a cargo de la organización vecinal.

El 5 de septiembre, la Policía Nacional Civil (PNC) intervino parte de ese sistema.

Alexander Morales —identificado de esa manera por razones de seguridad— asegura que cuatro cámaras fueron retiradas y otras dos quedaron dañadas durante el operativo. En el sector permanecen 10.

La PNC sostiene que los equipos intervenidos estaban instalados en espacios públicos sin autorización. Morales afirma que las 16 cámaras se encontraban en áreas privadas de las residencias, aunque algunas estaban sujetas a postes instalados por la comunidad.

Los vecinos sostienen que los dispositivos formaban parte de las medidas de seguridad organizadas durante años. Esa diferencia es la que ahora intentan aclarar.

Morales explica que el Comité Único de Barrio (CUB) del sector está registrado y validado por la Municipalidad de Guatemala.

La instalación de las cámaras fue discutida en asamblea y algunas quedaron consignadas en actas.

La Municipalidad reconoce la organización mediante los CUB, pero eso no equivale a que cada dispositivo cuente con una autorización individual.

Una colonia organizada

Justo Rufino Barrios surgió como un proyecto habitacional del Instituto Nacional de la Vivienda (INVI). Las primeras casas fueron entregadas en 1971 y la mayoría de sus etapas fueron inauguradas en 1972.

En el 2026, los vecinos conmemoraron 55 años de la colonia.

Una publicación de la Hemeroteca de Prensa Libre del 2015 recogió recuerdos de sus primeros habitantes, quienes relataban una época en la que las familias permanecían hasta tarde en calles y parques y los jóvenes del sector se conocían entre sí.

Cinco décadas después, algunos sectores cuentan con garitas, controles de ingreso y otras medidas gestionadas por organizaciones comunitarias.

Justo Rufino Barrios no es un residencial privado. Sus calles y avenidas están bajo administración municipal, pero en algunos sectores los vecinos han organizado controles de acceso.

En la cuadra entre 13 y 14 calle, las personas ajenas al lugar deben identificarse para ingresar, según Morales. Las cámaras se incorporaron a ese esquema de seguridad hace unos siete años.

Un crimen reciente en la colonia

La preocupación por la seguridad persiste en el sector.

El 1 de septiembre, cuatro días antes del retiro de las cámaras, Reina Violeta Herrarte López, de 28 años, originaria de Honduras, murió baleada en la 33 avenida y 10a. calle, frente a las canchas de fútbol. La PNC capturó después a Kener Josué López Ruano, de 28, señalado de matar a su expareja. Según las autoridades, ambos trabajaban en seguridad privada y el ataque habría ocurrido después de una discusión.

Las autoridades no han relacionado ese crimen con pandillas ni con las cámaras retiradas.

Para entonces, el sistema vecinal llevaba alrededor de siete años instalado. Morales reconoce que las cámaras no impiden por sí mismas que ocurra un delito.

Las describe como un mecanismo disuasivo y una herramienta para conservar imágenes que puedan utilizarse en investigaciones.

Asegura que, durante un período de cinco años, las grabaciones permitieron aportar medios probatorios después de dos asesinatos ocurridos en el sector.

El acceso al sistema estaba restringido. Solo cinco o seis integrantes de la organización vecinal podían consultar las imágenes y conocían la ubicación de los equipos de monitoreo.

“Nosotros solo ejecutamos lo que la asamblea solicita”, afirma Morales.

Retiraron más de 400 cámaras de videovigilancia

El operativo del 5 de septiembre no se limitó a la 33 avenida. Ese día, la Policía retiró 32 cámaras en las colonias Justo Rufino Barrios, Vásquez y Loma Blanca, zona 21.

Un día después fueron desmontadas otras 21 en las zonas 18 y 24. Con esos operativos, la cartera del Interior reportó 427 cámaras retiradas durante el 2026.

En agosto, las autoridades habían atribuido 162 al Barrio 18, 86 a la Mara Salvatrucha y 76 a grupos vinculados con narcomenudeo, robo de motocicletas y otros delitos.

La PNC sostiene que algunas estructuras utilizan estos dispositivos para observar patrullajes, advertir sobre el ingreso de agentes, vigilar a rivales y controlar territorios o lugares donde se cometen delitos.

Morales reconoce que pandillas y otros grupos criminales pueden utilizar sistemas de videovigilancia.

Rechaza que ese fuera el caso de los equipos de su cuadra

.“Explicación no recibimos ninguna”, afirma, al responder si la PNC les indicó  las razones de quitar los dispositivos electrónicos.

Las pesquisas también han alcanzado negocios de telecomunicaciones.

A inicios de septiembre, la Policía investigaba una empresa de internet y cable de la zona 18 por posibles vínculos con el Barrio 18.

El caso continúa bajo investigación y no se ha establecido públicamente que el negocio pertenezca a esa pandilla.

Cómo detectan las cámaras vinculadas con grupos criminales

Una fuente de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) de la PNC,  explicó que las pesquisas pueden comenzar por denuncias confidenciales recibidas mediante el 110 o Crime Stoppers.

También pueden abrirse después de homicidios, extorsiones, narcomenudeo u otros delitos.

Los investigadores verifican los dispositivos, entrevistan a vecinos y consultan a municipalidades o empresas. También utilizan testimonios de víctimas y evidencia localizada durante allanamientos o capturas.

La fuente asegura que en teléfonos incautados a integrantes de organizaciones criminales han encontrado videos y monitoreos de rivales y autoridades.

La DEIC afirma haber localizado administradores, instaladores y centros de monitoreo relacionados con algunas investigaciones, pero no proporcionó cifras.

Por ahora se desconoce cuántos equipos retirados fueron analizados, cuántos casos fueron remitidos al Ministerio Público (MP) y cuántas personas fueron identificadas como administradoras de esos sistemas.

El director de la PNC, David Custodio Boteo, fue consultado sobre esos datos, pero no respondió al cierre de esta edición.

Qué información llegó al Ministerio Público

En el 2026 la PNC ha llevado a cabo operativos en los que atribuye sistemas de videovigilancia a estructuras criminales. Entre ellos figuran intervenciones en la zona 18, Villa Nueva, Chinautla y San Pedro Ayampuc.

Prensa Libre consultó al Ministerio Público (MP) para establecer cuántos casos relacionados con cámaras retiradas por la PNC han sido remitidos a esa institución y cuántos dispositivos han sido sometidos a análisis forense.

También se preguntó cuántas personas han sido identificadas o investigadas a partir de esos equipos y cuántos casos han llegado ante un juez. El MP no respondió al cierre de esta edición.

Quién las autoriza

El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, explicó a Prensa Libre que la PNC utiliza dos elementos para decidir la intervención de estos dispositivos: el análisis de inteligencia policial y la validación municipal.

“El criterio definitivo y concluyente es la validación de la autoridad edil”, respondió.

Según Villeda, cuando una cámara previamente perfilada por la Policía no cuenta con validación municipal, se determina que no corresponde a un sistema legítimo de prevención ciudadana.

La Dirección de Comunicación Social de la Municipalidad de Guatemala explicó que una cámara instalada dentro de una propiedad privada no requiere autorización municipal.

En las colonias, la gestión se realiza mediante el Comité Único de Barrio (CUB) y la alcaldía auxiliar correspondiente.

Morales asegura que ese fue el procedimiento seguido en su sector. No existe, según el ministro, un registro público nacional de cámaras comunitarias. Una fuente de la DEIC indicó, sin embargo, que los vecinos pueden realizar gestiones ante la Municipalidad y Gobernación para “registrarlas”.

La comuna explicó el procedimiento mediante los CUB y las alcaldías auxiliares, pero no mencionó un registro ante Gobernación.

Ninguna fuente policial precisó qué registro es ese, qué norma lo establece ni qué dependencia lo administra.

También hay diferencias sobre el destino de los equipos. La DEIC respondió que las cámaras retiradas posteriormente son destruidas.

El ministro Villeda explicó que, cuando pueden constituir evidencia, pueden quedar bajo secuestro judicial y ser sometidas a peritajes informáticos.

Las autoridades no detallaron cuáles son peritadas, cuáles son remitidas al MP ni en qué momento son destruidas.

Más allá de la Ciudad de Guatemala

El problema trasciende la Ciudad de Guatemala.

En los otros 339 municipios del país también pueden existir sistemas de vigilancia instalados por vecinos o comunidades, pero no hay un registro nacional que permita determinar cuántos son, dónde están ni quién los administra.

La criminalidad tampoco golpea de igual manera en todo el territorio. La presencia de pandillas, el narcomenudeo y otros fenómenos delictivos varía entre municipios, por lo que conflictos como el ocurrido en la zona 21 pueden tener otra dimensión o menor exposición fuera de la capital.

Quién puede ver lo que documentan

El problema tampoco termina en quién instala una cámara.

Los sistemas de videovigilancia registran personas, vehículos y movimientos y pueden almacenar imágenes o permitir accesos remotos.

Un informe publicado en mayo del 2026 por la Electronic Frontier Foundation (EFF) recoge estándares interamericanos que consideran datos personales las imágenes que permiten identificar a una persona.

También plantea la necesidad de determinar quién trata esa información, para qué la utiliza, cuánto tiempo la conserva y quién puede acceder a ella.

En la 33 avenida, Morales asegura que solo cinco o seis integrantes de la organización vecinal podían consultar las imágenes, precisamente para evitar que llegaran a terceros.

Algunos intentos por regular

La discusión legal antecede a los operativos del 2026.

Al menos 10 iniciativas han sido presentadas desde el 2009 relacionadas directa o indirectamente con protección de datos, videovigilancia y seguridad comunitaria.

En el 2014 llegó al Congreso la iniciativa 4877, Ley Reguladora de Cámaras de Video Vigilancia. El proyecto proponía autorizaciones y registros para determinados sistemas, identificación de responsables y normas para el manejo de grabaciones. No se convirtió en ley.

En septiembre del 2025, el diputado Juan Carlos Rivera presentó la iniciativa 6642, Ley de Seguridad Comunitaria.

El proyecto establece que las organizaciones comunitarias deben inscribirse en las municipalidades y representar como mínimo al 20% de los habitantes de la comunidad. Las comunas llevarían los registros y acreditarían a sus representantes.

También contempla coordinación con la PNC y recursos para luminarias, sistemas de cámaras, botones o alarmas vecinales.

No crea, sin embargo, un registro individual de cámaras ni establece códigos QR, georreferenciación o reglas específicas sobre quién puede acceder a las grabaciones.

Rivera considera ahora que esos mecanismos deberían incorporarse para identificar cada dispositivo, registrar su ubicación y establecer responsables, además de restringir el acceso a las imágenes.

Esas disposiciones no están en el proyecto original.

“Sí, al final en el dictamen se puede mejorar la propuesta y también con el reglamento”, respondió Rivera.

Guatemala cuenta con normas aplicables según cada caso, pero no con una ley integral y actualizada que reúna las reglas sobre videovigilancia privada y comunitaria.

Sin una respuesta

En la 33 avenida quedan 10 de las 16 cámaras que los vecinos instalaron durante los últimos siete años.

Ahora reorganizan parte del sistema para cubrir los puntos que consideran vulnerables y preparan una gestión ante el Congreso de la República para pedir explicaciones sobre las seis intervenidas.

Morales reconoce que estructuras criminales utilizan cámaras para vigilar territorios, autoridades y víctimas. Dice que entiende que la Policía las investigue y desmonte cuando encuentre evidencia de ese uso.

Lo que rechaza es que ese haya sido el caso de las cámaras de su cuadra.

La PNC mantiene abierta la investigación y no ha revelado qué evidencia específica encontró sobre esos seis dispositivos.

Los vecinos saben quién compró las cámaras, quién decidió instalarlas y quién podía acceder a las imágenes.