Contraloría General de Cuentas da marcha atrás en reservar información durante siete años

La Contraloría General de Cuentas (CGC) dio marcha atrás a la declaración de reserva de información de la institución por los próximos siete años, según confirmó la entidad fiscalizadora del Estado en sus redes sociales.

Las fuentes manifestaron que las autoridades de la CGC, ante las críticas que surgieron posterior a la publicación de la decisión en el diario oficial, decidieron retractarse bajo el argumento de "respetar el acceso a la información en el marco de la transparencia y rendición de cuentas".

Por esa razón, según la información oficial, este jueves 27 de junio la CGC publicó la decisión de "dejar sin efecto la resolución A-068-2024", que le dio vida a la reserva de información por los próximos siete años, algo que en esta misma semana hizo la Corte de Constitucionalidad, relacionado con su esquema de seguridad.

El contenido

La CGC publicó el 26 de junio del 2024 en el Diario de Centro América la resolución A-068-2024, que establece reservar la información de herramientas y procesos de fiscalización por los próximos siete años.

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La CGC declaró como reservada la información acerca de los instrumentos, documentos, nombramientos, insumos, metodología, comunicación electrónica, aplicaciones informáticas, sistemas, providencias o procedimientos utilizados para la planificación, ejecución, comunicación de resultados y gestión de los procesos de fiscalización, según consta en la publicación del diario oficial.

También los informes jurídicos, oficios, opiniones, dictámenes técnicos y/o legales, proyectos de denuncias, denuncias, demandas o documentos legales emitidos como resultado de las fiscalizaciones.

La institución fiscalizadora basó dicha resolución en el artículo 23, numeral 9, de la Ley de Acceso a la Información Pública, que refiere sobre información reservada que sea determinada de esa forma por efecto de otra ley.

La resolución establece que la información bajo reserva la podrá conocer solo el titular del derecho, “que garantice la confidencialidad de los detalles que se le confíen”.

⚠️📣 La Contraloría General de Cuentas, expresa su firme convicción y respeto a la observancia del acceso a la información pública, en el marco de la transparencia y rendición de cuentas. pic.twitter.com/aFLSMFFwDT

— Contraloría General de Cuentas (@Contraloria_gt) June 27, 2024

En contra

El diputado de la bancada VOS, José Chic, presentó un recurso de revisión en la Contraloría. El legislador considera que fue una mala decisión y esperaría que cumplan con dar marcha atrás a la decisión de reservar información de la entidad fiscalizadora.

Chic comentó que también analizan de presentar acciones contra la Corte de Constitucionalidad por haber tomado la misma decisión esta misma semana.

El legislador criticó al titular de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), Alejandro Córdova, por haber emitido una escueta postura respecto de este tema.

También se pronunciaron el presidente Bernardo Arévalo, quien publicó en redes sociales que "reservar información, que debería ser de acceso público, no es el camino que Guatemala escogió".

Según el mandatario, "es mala señal la decisión de la Contraloría General de Cuentas. Por más transparencia y menor opacidad en la función pública, insto a que esta medida sea revisada y derogada".

Manfredo Marroquín, fundador de Acción Ciudadana (AC), capítulo de Transparencia Internacional en Guatemala, opina que esta decisión es cuestionable porque reservan información “normal” de la Contraloría.

“Son gestiones de trámites normales que no ameritan reservarse”, asegura. Marroquín también anunció presentar acciones legales por tales medidas.

“Ellos no pueden ni deben reservar procedimientos, ni auditorías. Es a todas luces ilegal, no se justifica. La ley establece cuando una reserva es necesaria, pero este no es el caso”, argumenta.

Por esa razón, según el fundador de AC, presentarán un recurso de revisión “en contra de la clasificación de información reservada que publicó la Contraloría porque vulnera la máxima publicidad de los actos administrativos que establece la Constitución y el derecho humano al Acceso a la Información".

De acuerdo con el análisis de Acción Ciudadana, esta decisión, como la de los magistrados titulares de la Corte de Constitucionalidad (CC), es parte de “una ola que pretende generar opacidad en las instituciones de control”.