La muerte de Nidia Renata Bautista García, tras 14 días de agonía luego de ser arrollada y arrastrada por un conductor supuestamente ebrio que intentó darse a la fuga, ha vuelto a confrontar a Guatemala con otra crisis vial: el alcohol al volante.

Su deceso, el pasado 12 de julio de 2026, vuelve a plantear la discusión sobre la siniestralidad vial, en la que portavoces de tránsito señalan la existencia de un vacío legal y limitaciones en los controles en carretera que podrían continuar cobrando vidas.

Este patrón de evasión y la extrema gravedad del incidente no constituyen un escenario ajeno para las autoridades de tránsito.

Al ser consultado sobre la recurrencia de siniestros, Roger Escalante, gerente de la Entidad Mixqueña de Tránsito (Emetra), confirmó que la fuga y la evasión de responsabilidades son conductas recurrentes y críticas en la labor de la policía de tránsito.

“Los conductores tratan de evadir la responsabilidad que tienen y esto genera que traten de huir y generen peores situaciones”, explicó Escalante.

El funcionario enfatizó que esta reacción, ligada al consumo de alcohol, suele transformar incidentes menores en mayores tragedias. “Tal vez es un hecho de tránsito en el que se reportan daños materiales, pero por huir, por escapar, por no tener esa responsabilidad, pues generan hechos de tránsito donde se han observado fatalidades”, expuso.

Fines de semana, motos y alcohol

El caso de Nidia encaja en los patrones de riesgo identificados en el boletín oficial del Observatorio Nacional de Seguridad del Tránsito (ONSET). La siniestralidad general en el país aumentó un 10% de enero a mayo de 2026, cobrando la vida de 1 mil 032 personas.

Del informe resalta el perfil de vulnerabilidad, en el que las motocicletas representan el 50.95% del parque vehicular nacional y son el grupo más afectado, registrando 654 fallecidos y 2 mil 456 lesionados en solo esos cinco meses.

El informe del ONSET destaca, días y horas críticas, siendo los sábados (720 hechos) y domingos (715 hechos) los más peligrosos, con picos de siniestralidad en las horas de la tarde y noche entre las 18 y 19 horas.

Además de esos datos, la persistencia del alcohol es un factor agravante explicó Dalia Santos, vocera de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Nueva, que reportó que en ese municipio se han registrado cientos de hechos de tránsito, con 13 fallecidos, y 495 personas dieron positivo a la prueba de alcohelemia.

"Es bastante frecuente la conducción en estado de ebriedad"*, afirma Santos, ejemplificando que incluso un lunes, como el 13 de julio, por la tarde se detectó a dos motoristas alcoholizados.

Reformas

Ante la reincidencia de estos casos, Amílcar Montejo, de la PMT de Ciudad de Guatemala, indicó que deberían efectuarse reformas urgentes a la Ley de Tránsito.

Actualmente, el artículo 40 bis establece la retención de la licencia de 1 a 2 años y multas de Q5 mil a Q25 mil para conductores particulares ebrios, remitiendo al ámbito judicial solo si ya se cometió un delito.

"Deben cambiar la base legal. Conductor que se demuestre científicamente que conduce en estado de ebriedad, debe ser catalogado como delito y no como una falta que se soluciona pagando una multa", especificó el portavoz.

Montejo también urge a que la prueba de alcoholemia sea obligatoria por ley y no opcional para el conductor, y que las sanciones escalen según el tipo de vehículo.

En este municipio del área metropolitana, se han demostrado científicamente 92 casos de ebriedad este año, principalmente en las zonas 11, 12 y 7.

A la debilidad de las sanciones se suma la pérdida de control operativo en las carreteras. Tras las recientes reformas a la Ley de Tránsito, las PMT perdieron injerencia en tramos nacionales como la Ruta Interamericana, Calzada Roosevelt y San Juan, quedando en manos de la Policía Nacional Civil (PNC).

El oficial Roger Escalante de Mixco advierte las consecuencias. "Nosotros como municipalidad tenemos mayor alcance, la PNC carece de personal para tener presencia… y sí hemos observado un crecimiento en los hechos de tránsito". Esto coincide con el ONSET, que identifica a la CA-9 Sur (21%) y la CA-1 Occidente (17%) como las carreteras más mortales del país.