Estados Unidos
Muertes por accidentes de tránsito superan a homicidios en 13 departamentos de Guatemala
Entre enero y septiembre del 2026, 13 departamentos registraron más muertes viales que homicidios. Las motocicletas concentran gran parte de los fallecimientos.
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Una motocicleta quedó destruida tras impactar con un camión el 2 de enero del 2023 en la CA-2 Occidente, en San Bernardino, Suchitepéquez. Dos personas murieron. Los fallecidos que se transportaban en motocicleta representan actualmente la mayoría de las muertes viales registradas en el país. Foto Prensa Libre: Hemeroteca.
Álex Fernando Franco Sabán regresaba a casa en motocicleta después del trabajo. Tenía 34 años y antes había dejado a un compañero en su casa.
En el trayecto sufrió un accidente. Durante su atención médica presentó complicaciones respiratorias y renales, además de neumonías. Sobrevivió.
El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) presentó su caso durante el Congreso Internacional de Seguridad Vial 2026 para mostrar las consecuencias que pueden extenderse más allá del momento del impacto: cirugía, hospitalización y rehabilitación.
En el 2025, el Hospital General de Accidentes Ceibal atendió a 32 mil 954 afiliados por accidentes de tránsito. De ellos, 30 mil 17 correspondieron a casos relacionados con motocicletas.
No todos volvieron a casa. Muchos han sido parte de una “epidemia de accidentes”, como la han llamado algunas autoridades.
El IGSS reportó que 285 personas ingresaron en sus servicios de emergencia después de un percance vial y posteriormente murieron.
Los registros de la Policía Nacional Civil (PNC) muestran otra dimensión del problema. Entre enero y septiembre pasados, en 13 de los 22 departamentos del país hubo más fallecidos por accidentes de tránsito que por homicidios.
Alta Verapaz es uno de esos casos. Registró 123 muertes viales y 21 homicidios; Petén, 156 y 146; Izabal, 117 y 96; Suchitepéquez, 86 y 64; Huehuetenango, 44 y 17, y Totonicapán, 27 y tres.
En el departamento de Guatemala ocurrió lo contrario. Hubo 463 fallecidos por accidentes de tránsito y la violencia homicida se cobró 964 vidas.
Fuera de Guatemala
La relación cambia al excluir el departamento de Guatemala.
En el 2023, los otros 21 departamentos sumaron mil 252 fallecidos por percances viales y mil 236 homicidios. Fue el primer año de la serie analizada en que las muertes viales superaron a los homicidios fuera de ese departamento.
La diferencia continuó en el 2024, con mil 307 frente a mil 147; en el 2025, con mil 287 frente a mil 199, y en el 2026, con mil 523 frente a mil 374.
Petén presentó el mayor aumento entre enero y septiembre del 2025 y el mismo período del 2026: pasó de 104 muertes viales a 156.
Suchitepéquez, de donde es originario Álex Fernando Franco Sabán, aumentó de 50 a 86; Izabal, de 84 a 117; Alta Verapaz, de 92 a 123, y Huehuetenango, de 19 a 44.
A escala nacional, los homicidios todavía son más numerosos, pero la distancia es menor que hace siete años.
Entre enero y septiembre del 2019, la PNC registró mil 312 decesos por accidentes de tránsito y dos mil 756 homicidios. La diferencia era de mil 444 casos.
En el mismo período del 2026 hubo mil 986 muertes viales y dos mil 338 homicidios: 352 casos de diferencia.
En el 2019 hubo 48 fallecidos por percances de tránsito por cada cien homicidios. En el 2026 son 85.
La reducción no ocurrió de manera continua. En el 2024, la diferencia fue de 360 casos y en el 2025 volvió a ampliarse a 619. En el 2026 se redujo a 352, la menor del período comparable entre enero y septiembre del 2019 al 2026.
Solo en septiembre pasado se registraron 252 muertos por percances viales y 260 homicidios.
El peso de la motocicleta
Franco Sabán se transportaba en motocicleta cuando sufrió el accidente. Ese vehículo también concentra la mayoría de las muertes registradas este año.
Entre enero y septiembre del 2025, la PNC contabilizó mil 40 fallecidos que se transportaban en motocicleta. En el mismo período del 2026 fueron mil 272, un aumento de 232 personas, equivalente al 22.3%.
En esos mismos períodos, el total de fallecidos por accidentes de tránsito pasó de mil 778 a mil 986: 208 casos más.
Las demás categorías de vehículos, consideradas en conjunto, bajaron de 738 a 714 decesos.
De cada cien personas que murieron en percances viales durante los primeros nueve meses del 2026, 64 se transportaban en motocicleta.
Harold Reyes, jefe del Observatorio Nacional de Seguridad del Tránsito (Onset), expuso durante el referido congreso que las motocicletas involucradas en incidentes viales aumentaron 28%; los fallecidos, 22%, y los lesionados, 17%. Lo definió como un “cambio estructural”.
“Hay que poner al ser humano como un pilar fundamental dentro de cualquier estrategia, plan o política pública”.
Harold Reyes, jefe del Observatorio Nacional de Seguridad del Tránsito (Onset).
El parque de motocicletas también aumentó. Los vehículos clasificados por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) específicamente como tipo “moto” pasaron de dos millones 958 mil 380 en septiembre del 2025 a tres millones 447 mil 687 un año después.
El incremento fue del 16.5%, mientras que las muertes de personas que se transportaban en motocicleta aumentaron 22.3%.
En septiembre del 2026, las unidades registradas como “moto” representaban el 49.6% del parque vehicular.
Petén muestra ambas variaciones. Allí, el parque de motocicletas pasó de 139 mil 730 a 163 mil 722 unidades entre septiembre del 2025 y septiembre del 2026, un aumento del 17.2%. Los fallecidos que se transportaban en motocicleta subieron de 60 a 94 en los primeros nueve meses de ambos años.
Reyes también relacionó la expansión de la motocicleta con las necesidades de transporte y movilidad de la población.
Distintos registros
Después de un percance vial intervienen distintas instituciones.
Si la persona resulta lesionada, puede llegar a un hospital, como Franco Sabán. Si muere, su caso puede aparecer, además, en registros policiales, fiscales y forenses.
Para el 2025, último año completo disponible, la PNC y el Onset reportaron dos mil 432 fallecidos por hechos de tránsito. El Ministerio Público (MP) registró dos mil 576 levantamientos de cadáveres por esa causa, mientras que el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) contabilizó tres mil 653 necropsias clasificadas como accidentes de tránsito.
El reporte del MP organiza los casos según la variable “Año de denuncia”, mientras que el Inacif utiliza el año en que se practica o registra la necropsia.
Al 30 de septiembre, la PNC contabilizaba mil 986 fallecidos y el Inacif, dos mil 874 necropsias clasificadas como accidentes de tránsito. El MP reportó dos mil 197 levantamientos con corte al 5 de octubre último, pero que corresponden a septiembre.
El MP explicó a Prensa Libre que, cuando una persona lesionada muere posteriormente en un hospital, el fiscal verifica si ya existe un antecedente. Si lo hay, el procesamiento del cadáver se relaciona con el registro creado inicialmente; si no lo hay, se abre uno nuevo.
Un perito del Inacif, que pidió reservar su identidad, explicó que la institución conoce inicialmente los casos de personas cuyos cuerpos son trasladados a sus morgues. Los lesionados que llegan a hospitales pueden morir horas o días después y, según indicó, en algunos casos el registro posterior puede consignar la complicación que causó la muerte y no el accidente de tránsito que originó las lesiones.
Sin embargo, la misma fuente reconoció que ese procedimiento no explica por qué los registros del Inacif son mayores que los del MP. Por la forma en que intervienen ambas instituciones, dijo que esperaría que ocurriera lo contrario y consideró necesario que el área estadística revisara la diferencia.
La diferencia entre cifras coincide con otro de los problemas planteados durante el congreso: cómo las instituciones producen, comparten y usan la información.
Una de las respuestas
Durante el Sexto Congreso de Seguridad Vial, “Del diagnóstico a la ruta: hacia un sistema seguro de movilidad en Guatemala”, organizado por el Automóvil Club Guatemala, la Fundación para el Desarrollo de Guatemala y la Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana, se planteó una hoja de ruta para los próximos cuatro años y se dio paso a una mesa de seguridad vial para coordinar acciones y responsabilidades.
Manuel Valiente, asesor del Ministerio de Gobernación, señaló que ninguna institución puede responder por sí sola y planteó coordinar al Ministerio de Gobernación, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, los gobiernos locales y otras entidades relacionadas con la movilidad.
“El Estado de Guatemala no puede ni debe normalizar la pérdida de vidas humanas sobre el asfalto”.
Manuel Valiente, asesor del Ministerio de Gobernación.
La continuidad también requiere recursos. Roy Rojas, director de Proyectos del Consejo de Seguridad Vial de Costa Rica y representante adjunto de ese país en el Observatorio Iberoamericano de Seguridad Vial, expuso que las políticas necesitan fuentes permanentes de financiamiento.
Mencionó mecanismos usados en Costa Rica vinculados con multas, seguros, licencias de conducir e inspección técnica vehicular.
Rojas también advirtió de que la cooperación internacional debe acompañar los procesos nacionales, pero no originarlos, porque los proyectos pueden perder continuidad cuando termina el financiamiento externo.
“La cooperación financiera internacional debe acompañar procesos, pero no los debe originar. Si los origina, cuando se acaba la plata se acaba el proyecto”.
Roy Rojas, director de Proyectos del Consejo de Seguridad Vial de Costa Rica.
Álex Fernando Franco Sabán conoció otra parte del sistema: la que responde después del impacto. Sobrevivió y requirió atención médica por las complicaciones que siguieron al accidente en motocicleta.
El denominado “sistema seguro” plantea intervenir antes y después: prevenir, identificar dónde se concentra el riesgo, coordinar a las instituciones y responder cuando ocurre el percance vial.
Franco Sabán sobrevivió. Entre enero y septiembre del 2026, mil 986 personas fallecieron por accidentes de tránsito. En 13 departamentos, esas muertes fueron más numerosas que los homicidios.
El desafío planteado en el referido congreso es que la respuesta no comience después del impacto.
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