Guatemala no es su destino, pero en ese trayecto de movilidad humana la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) recibió más de 900 denuncias por vulneración de derechos de personas que se han desplazado por el país entre el 2025 y lo que va del 2026. Tres de cada 10 reportes están relacionados con temas de seguridad.

Pero no es la única demanda. Otras de las principales denuncias están vinculadas al incumplimiento del derecho a la igualdad (139 reportes), a la salud (102), educación (91), libertad personal (83) e integridad personal (63). Hay otros 11 derechos humanos en la lista, pero los registros son menores.

Entre los reportes relacionados con la seguridad, el año pasado se documentó una denuncia anónima recibida vía telefónica, en la cual se expone que los migrantes guatemaltecos deportados son víctimas de “taxis piratas” que se estacionan en las afueras del Centro de Recepción de Retornados, en la Fuerza Aérea Guatemalteca (FAG), en la zona 13 capitalina.

Se expone que, al momento en que las personas suben a los taxis, el conductor les pregunta información personal, como cuánto tiempo estuvieron en Estados Unidos, dónde trabajaron, cuánto ganaban y si enviaban remesas. También les interesa saber si tienen familiares en la ciudad o en algún departamento, si dejaron familia en territorio estadounidense e incluso buscan información relacionada con los “coyotes” que les ayudaron a cruzar la frontera.

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“El denunciante considera que los coyotes se comunican con los taxistas para buscar o retener a las personas retornadas porque, según ellos, tienen suficiente dinero o bien para exigirles un pago”, informa la PDH a través del Departamento de Comunicación Social.

Se habla de posible extorsión o presiones para requerir algún pago por el servicio ofrecido. De esa cuenta, la Procuraduría remitió la denuncia al Ministerio Público (MP) y verificó el seguimiento al caso.

Esta práctica no es nueva. En el 2024, la PDH documentó otra denuncia que surgió en el Consejo de Atención y Protección (CAP), en la que se señalaba a pilotos de taxis autorizados y no autorizados que permanecerían afuera de las instalaciones del Centro de Recepción de Retornados.

Además de buscar información personal de los migrantes retornados, realizaban cobros excesivos por viajes hacia CentraNorte, CentraSur o El Trébol, y pedían el pago en dólares.

Otro de los puntos señalados es que los taxistas perseguían a los buses que el Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala (Conamigua) utilizaba para trasladar a los guatemaltecos deportados hacia las terminales de transporte extraurbano, y al descender los abordaban.

“El tema de seguridad era prioritario en esta situación porque los migrantes eran vulnerados”, indica la Procuraduría, por lo que se abrió un expediente para que las instituciones del Estado garantizaran el derecho a la seguridad de las personas. También se trasladó el informe al MP por la posible comisión de una falta o delito.

Por este caso, la PDH recomendó al director general de la Policía Nacional Civil (PNC) brindar seguridad perimetral en el Centro de Recepción de Retornados, para resguardar a los deportados y a los familiares que llegan a recibirlos. También se pidió a la Entidad Metropolitana Reguladora de Transporte y Tránsito (Emetra) el control y orden de los vehículos que se estacionan en el lugar.

Comunicación Social de la Procuraduría señala que, a raíz del seguimiento que dieron a las denuncias, ahora los migrantes retornados tienen la opción de un transporte que los traslade a las terminales o bien a sus lugares de origen, proporcionado por Conamigua.

Viaje seguro

Debido a los asaltos en taxis a los que están expuestos los migrantes guatemaltecos retornados al salir del centro de recepción en la zona 13 y buscar transporte para volver a sus hogares de origen, desde mediados del 2021 Conamigua les proporciona transporte terrestre.

Raúl Eduardo Berríos Ramírez, secretario ejecutivo de la institución, refiere que el apoyo lo hacen en tres vías: entrega de boletos para trasladarse en buses que van a Huehuetenango, San Marcos y Quiché. También rentan vehículos de pasajeros para transportarlos.

Por otro lado, Conamigua tiene dos buses para movilizar a unas 90 personas que necesitan viajar a comunidades bastante retiradas de la capital.

Otros casos

Entre las denuncias de personas en tránsito relacionadas con la seguridad que registra la PDH está el caso de varios venezolanos indocumentados que el año pasado se movilizaban por Esquipulas, Chiquimula, y que al carecer de identificación oficial fueron abordados por agentes de la PNC. Sin embargo, particulares grabaron el momento y los señalaron como delincuentes.

También se incluye la posible vulneración de derechos humanos de las familias mexicanas que huyeron de su país por temas de violencia y que se refugiaron en Huehuetenango. La PDH dio seguimiento al caso para que se brindara un trato digno a las personas mientras se regularizaba su situación en Guatemala.

El paso de migrantes venezolanos por la capital también ocasionó denuncias, pues hubo personas que buscaban aprovecharse de ellos a través de intimidación o extorsión.

“Nuestra función es verificar y hacer que la institucionalidad actúe en esta defensa y protección de los derechos humanos”, señala la Procuraduría.

La mayoría de las denuncias que ha recibido la PDH son de personas provenientes de Honduras, Nicaragua, Venezuela y Ecuador, y en menor medida hay de migrantes originarios de India y de países africanos.