Veteranos militares provocan disturbios, lanzan piedras e ingresan a la fuerza en el Congreso

Situación tensa en el Congreso por disturbios provocados por militares veteranos que exigen indemnización.

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Situación tensa por disturbios provocados por militares veteranos en el Congreso. (Foto Prensa Libre: María José Bonilla)
Situación tensa por disturbios provocados por militares veteranos en el Congreso. (Foto Prensa Libre: María José Bonilla)

La manifestación que veteranos militares que se desarrollaba frente al Congreso de la República terminó en disturbios este martes 19 de octubre.

Los manifestantes exigen avance en la iniciativa que les otorgaría una compensación económica por Q120 mil a cada uno.

Desde temprana hora manifestaba frente al Legislativo, lo que origina tránsito complicado en el Centro Histórico de la capital.

La situación se salió de control y los manifestantes ocasionan disturbios en el perímetro del Congreso, han lanzado piedras hacia el parqueo del Legislativo.

Un grupos de antimotines han lazado gas lacrimógeno para dispersar a los descontentos.

Algunos ya ingresaron al parqueo del edificio y quemaron al menos cinco vehículos y varias motocicletas. También han dañado puertas de ingreso del inmueble.

El Congreso ha tratado de evacuar a empleados y diputados, debido a la tensa situación.

Algunos de los periodistas que cubren la manifestación han sido agredidos por la piedras lanzadas por los manifestantes.

Condenan hechos

La Cámara del Agro (Camagro) condenó los hechos registrados este martes en el Congreso de la república y en un comunicado dijo que “condenamos enérgicamente los hechos violentos desarrollados en el marco de manifestaciones ilegales el día de hoy en los alrededores del Congreso de la República. Y exigimos a las autoridades del Ministerio Público y la Policía Nacional Civil actuar de manera inmediata identificando y capturando a los responsables de los delitos cometidos. Presentándolos a las autoridades de justicia para que, conforme al debido proceso, se les aplique todo el peso de la Ley”.

Agrega que “las manifestaciones ilegales atentan contra la democracia, la vida y la paz de la sociedad guatemalteca en su conjunto. Exigimos al MP que se investigue además a todos los individuos que pudieran estar vinculados a estos hechos, ya sea como organizadores o financistas, y a cualquier organización o partido político que pudiera estar vinculado a los mismos”.

La Cámara de Industria de Guatemala (CIG) también condenó los hechos violentos ocurridos en el Congreso.

 

“Condenamos toda acción que vulnere los derechos constitucionales de los

habitantes de la República de Guatemala y sus instituciones, amenazando así su

libertad de locomoción, seguridad, justicia y paz, atentando contra la libertad de

industria, comercio y trabajo”, dice la CIG en un comunicado.

Agrega que “exigimos a las autoridades que intervengan y se restaure la tranquilidad en la población e investiguen los actos de vandalismo acontecidos de forma ilegal,

instalando terror y dañando bienes del Estado y los alrededores del Congreso de

la República”.

También señala que “creemos que, en todo momento, se debe preservar el orden público y evitar que el derecho a manifestar se desvirtúe en delitos y actos de violencia, los cuales deben ser perseguidos y penados por ley. Garantizar la vida e integridad de quienes hoy fueron víctimas de actos delictivos, es fundamental para que se preserve el Estado de Derecho”.

Por su parte, el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales Y Financieras (Cacif), reiteró que “toda manifestación debe llevarse a cabo en el marco de la Ley y con el debido respeto a los derechos de todos los guatemaltecos”.

También le exige a las autoridades actuar “sin demoras” para que los responsables sean llevados ante las instancias correspondientes.

“El sector empresarial organizado rechaza los actos violentos que se llevaron a cabo esta tarde en instalaciones del Congreso de la República. Asimismo, recordamos que existe un fallo vigente de la Corte de Constitucionalidad que ordena al presidente de la República, Ministerio de Gobernación y Policía Nacional Civil a preservar el orden y la seguridad ciudadana”.

También la Asociación de Azucareros de Guatemala (Asazgua) publicó un comunicado en el que “manifestamos nuestro rechazo a las acciones violentas registradas este día en el Congreso de la República que pusieron en riesgo la vida de las personas que laboran en dichas instalaciones, así como la de periodistas que realizaban la cobertura noticiosa”.

“Respetamos el derecho a la manifestación, pero este debe ejercerse sin transgredir la ley y sin socavar los derechos de otros guatemaltecos. Exigimos a las autoridades sancionar a los responsables de acuerdo con la Ley, ya que este tipo de acciones no deben de quedar impunes. La violencia no es solución para ningún problema. Solo a través del diálogo y el respeto a la ley se pueden lograr soluciones viables y duraderas”, concluye el comunicado de Asazgua.

Constantes manifestaciones

El 14 de octubre, los veteranos militares levantaron los bloqueos que mantenían en diferentes puntos del país  tras el ofrecimiento de las comisiones respectivas del Congreso de que los recibirán para atender sus demandas.

Sin embargo, advirtieron de que si no se cumple con los ofrecimientos, tomarán la ciudad capital y podrían bloquear todos los accesos a ella.

Los veteranos exigen que el Congreso apruebe una ley con la que exigen Q120 mil para cada uno por servicios prestados durante el conflicto armado interno.

Las exigencias del grupo de exmilitares son simples: que se les otorgue el pago a cada uno y se les permita acceder a tierras y seguro médico. Sus solicitudes las fundamentan en un compromiso político que dicen tener con el presidente Alejandro Giammattei, que les prometió en campaña, a cambio de votos, ese beneficio, promesa que renovó Felipe Alejos, de Todos, al presentar una iniciativa para que se convirtiera en ley.

Ahora, estas exigencias están en un entuerto técnico, porque nadie sabe cuántos exmilitares son y, por consecuencia, todos ignoran cuánto dinero se necesitará para cumplir con el pago.

El panorama se complica un poco más cuando los manifestantes emplazan al Congreso a que resuelva su situación en una semana o, caso contrario, seguirán en las calles pero se alejarán de cualquier actitud pacífica para protestar.

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