Estados Unidos
BLOQUEO DE SEÑAL
Cárceles sin bloqueadores de señal: la propuesta se eleva a Q110 millones y frena su ejecución
La instalación definitiva de los equipos para bloquear la señal celular en las cárceles de Guatemala está paralizada entre variaciones que dispararon la cifra de su costo de Q10 millones a Q110 millones.
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Fuerzas de seguridad durante un operativo para el traslado de reos de alta peligrosidad a un nuevo centro de aislamiento en mayo del 2026. (Foto de referencia Prensa Libre: SP).
A pesar de que las pruebas piloto para inhibir la señal celular en los centros penitenciarios resultaron satisfactorias en Zacapa, el proyecto definitivo se encuentra paralizado debido a nuevas variaciones en los costos y la ausencia de un plan claro sobre quién, cómo y cuándo ejecutará la compra.
Durante una citación parlamentaria, el subdirector del Sistema Penitenciario, Melvin Rosales, y el subdirector de Informática, Daniel Edelman, explicaron que se efectuó una prueba piloto de 30 días con la empresa Net Telecom para evaluar la efectividad de la tecnología.
Según detallaron, el sistema demostró operatividad y confiabilidad, con "4 a 6 horas" de autonomía eléctrica mediante un banco de baterías y un generador ante eventuales cortes de energía. La prueba, según los funcionarios, fue calificada oficialmente como "satisfactoria".
Costos pasan de Q10 millones a Q110 millones
Sin embargo, el proyecto fue cuestionado debido a las diferencias financieras. El diputado José Chic cuestionó a los funcionarios por la falta de certeza en los costos.
Se abordó la diferencia entre tres montos para el bloqueo de señal que varían, según los funcionarios, por la cantidad de recintos, la modalidad de contratación y el origen de la propuesta.
Dos meses atrás, en julio pasado inicialmente la viceministra de Tecnología, Karen Ortiz, había planteado una proyección de Q10 millones para arrendar el servicio únicamente en 8 centros penitenciarios durante 2 años.
Con base en esa estimación, el Sistema Penitenciario aprobó y proyectó en su Plan Anual de Compras (PAC) un presupuesto de Q55 millones para cubrir el arrendamiento en todas las cárceles del país.
No obstante, los funcionarios expusieron durante la citación de este martes que, al finalizar la prueba piloto con la empresa Net Telecom surgió una cifra de Q110 millones, cuando la propuesta técnica pasó de un modelo de alquiler a uno de adquisición —compra directa de la tecnología— para 8 centros.
Este monto de Q110 millones no quedó programado en el PAC oficial y los técnicos penitenciarios explicaron que desconocen los detalles de su cálculo, ya que las gestiones con la empresa proveedora fueron efectuadas directamente por el Cuarto Viceministerio.
"La viceministra —de Tecnología, Karen Ortiz— aquí mismo decía que Q10 millones costaba el tema de los bloqueadores... Ya hoy me sorprendí que ya dicen Q110 millones. ¿En qué momento pasamos de Q10 —millones— a Q110 —millones—?", cuestionó el diputado.
Sistema Penitenciario explica diferencias de costos
Los representantes del Sistema Penitenciario aclararon que la cifra de Q10 millones correspondía a "Q10 millones para 8 centros durante 2 años. En calidad de arrendamiento", explicó Edelman.
Asimismo, explicaron que el aumento a Q110 millones surgió cuando la propuesta cambió hacia un modelo de adquisición. "Cuando nos presentan los resultados, presentan costos de adquisición", precisó.
Sobre los Q55 millones que la institución contempló en su Plan Anual de Compras (PAC) para cubrir todos los penales, argumentaron que "al final" son costos estimados. "No directamente es que se vaya a adquirir como tal un servicio, un bien, por el monto que se estipula en el PAC", agregó Edwin Rodas, subdirector de Planificación de la misma entidad.
Proyecto sigue sin cronograma de ejecución
A pesar de contar con Q55 millones aprobados y disponibles en el PAC, las autoridades admitieron que no existe un cronograma ni una ruta administrativa definida.
"Tendríamos que iniciar el proceso... y a lo mejor, pues, se va a tener que seguir continuando con el proceso", indicó Rodas.
Actualmente, la institución del Sistema Penitenciario no ha fijado fechas ni responsables para la licitación y admite mantener sus expectativas en una solución desde el Congreso de la República.
"Nosotros aún estamos esperanzados, la verdad, con el tema de la iniciativa... en la cual sea una obligación de las empresas que prestan el servicio de telefonía. Estamos a la espera de eso", indicó Rosales.
El diputado cuestionó la falta de controles en los penales y advirtió que la debilidad institucional solo favorece a los reclusos para mantener el dominio de las instalaciones.
"Lamentamos que el viceministro y el ministro vivan en una burbuja y que no se quieran dar cuenta que siguen entregándole con su inacción a los privados de libertad las cárceles en este país", afirmó.
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