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Gobernación proyecta invertir Q10 millones para bloquear llamadas e internet en ocho cárceles
La propuesta surge tras una prueba técnica realizada en la cárcel de Zacapa y contempla supervisión remota para evitar sabotajes, explicó una funcionaria del Ministerio de Gobernación.
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Durante una requisa en la Granja Modelo de Rehabilitación Canadá, en Escuintla, las autoridades incautaron 170 teléfonos celulares y antenas satelitales de internet el 11 de marzo del 2026. (Foto Prensa Libre: PNC)
La viceministra de Tecnología, Karen Ortiz, informó que se estima una inversión inicial de Q10 millones para implementar sistemas de bloqueo de señal en los ocho centros de detención con mayor presencia de pandillas.
Según las proyecciones financieras presentadas, el monto de Q10 millones está destinado a cubrir la operatividad del sistema durante un período de dos años. La viceministra detalló que este presupuesto permitiría el despliegue del nuevo sistema.
"Estamos hablando de alrededor de... como un millón y medio (por centro)", monto que, según expuso, podría variar ligeramente dependiendo de la geografía y las dimensiones de cada penal.
La funcionaria aseguró que este monto es viable dentro de la planificación actual, aunque, en caso de requerirse fondos adicionales, se contempla verificar excedentes en otros ministerios para realizar las transferencias necesarias.
Resultados técnicos
El anuncio de esta inversión surge tras una "prueba de concepto" realizada en la cárcel de Zacapa, que se inició el 18 de junio y concluyó el 7 de julio. Ortiz explicó que una empresa, de la que no describió su razón social, hizo las pruebas iniciales sin costo.
La funcionaria explicó que se trata de una empresa de El Salvador, de la que no precisó si tiene algún servicio implementado en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), prisión de máxima seguridad ubicada en Tecoluca, en ese país.
Ortiz afirmó que la tecnología consiguió bloquear la señal telefónica y de internet. "Hicimos alrededor de 80 intentos de llamada en diferentes puntos... fueron fallidas. O sea, no se logró la conexión. Tampoco se pudo hacer enlace con datos", especificó.
El sistema propuesto requiere supervisión remota obligatoria por parte de la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio de Gobernación (Mingob). Además, debe contar con un mecanismo de alertas automáticas que notifique a las autoridades en caso de vandalismo contra dispositivos individuales, diseñado para que el daño a un equipo no interrumpa el funcionamiento del resto de la red de bloqueo.
En cuanto a la protección física, las especificaciones técnicas exigirán una infraestructura robusta, mediante el uso de bases sólidas y fundidas, instaladas a una altura superior para dificultar posibles sabotajes por parte de los internos.
La funcionaria amplió detalles durante una citación en el Congreso de la República. El diputado José Chic cuestionó la efectividad de la estrategia actual y señaló que las extorsiones y las órdenes de sicariato continúan saliendo de centros como los de la zona 18, Pavoncito y Matamoros.
El congresista criticó que, a pesar de existir un presupuesto de Q200 millones asignado por la ley antipandillas hace casi un año, no se ha ejecutado "ni un solo centavo" para frenar estas comunicaciones.
El hecho de no cubrir de inmediato los 24 centros, según explicó Ortiz, responde a que la selección se hizo en conjunto con el Primer Viceministerio, con base en la presencia de pandillas, que constituyen el principal foco para reducir la coordinación de delitos y extorsiones.
Admitió que es necesario ampliar el sistema a toda la red penitenciaria, pero que ello depende de los resultados de la mesa financiera y de la disponibilidad presupuestaria.
Acciones legales contra el internet ilegal
Como parte complementaria de esta inversión, el Mingob iniciará una ofensiva legal contra el uso de routers de internet en las prisiones. La viceministra advirtió que, mediante la dirección IP, las empresas telefónicas pueden identificar a los responsables: "Se van a empezar a presentar las denuncias en contra de las personas que se resulten responsables de la propiedad de los routers".
Para la inversión estimada de Q10 millones destinada a ocho centros penitenciarios durante dos años, el Ministerio de Gobernación proyecta establecer bases de licitación con requisitos técnicos específicos para asegurar el control estatal.
El objetivo es que el nuevo sistema no dependa de guardias que puedan apagarlo, sino que cuente con alertas a distancia. Si un dispositivo es vandalizado, el sistema notificará de inmediato y el bloqueo continuará funcionando en el resto del penal, para evitar que un ataque físico anule toda la seguridad.
En cuanto a la protección física, las especificaciones técnicas exigirán una infraestructura robusta, mediante el uso de bases sólidas y fundidas, instaladas a una altura superior para dificultar posibles sabotajes por parte de los internos.
Sin cámaras de videovigilancia
Mientras avanza el proyecto de los bloqueadores, el Sistema Penitenciario enfrenta el reto de reactivar su red de cámaras, la cual actualmente es inoperante en casi todos los centros carcelarios.
El subdirector del Sistema Penitenciario, Melvin Rosales, admitió que hoy solo tienen control de cámaras en dos cárceles; una de ellas es el Centro Preventivo de Salamá.
No obstante, bajo el marco del Decreto 5-2025, la institución se ha fijado como meta que para septiembre del 2026 todos los centros cuenten con sistemas de vigilancia general bajo control estatal, tras haber finalizado la vigencia del contrato con una empresa externa.
Ortiz reconoció que uno de los mayores obstáculos es la rapidez de los avances tecnológicos, como el 5G y el 6G, por lo que afirmó que es necesaria una ley que obligue a las empresas telefónicas a colaborar y que permita al Estado establecer las reglas técnicas en las licitaciones para no depender de lo que las empresas quieran ofrecer.
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