El jefe de la diplomacia estadounidense Antony Blinken transmitió “su apoyo para una transición política pacífica” durante una reunión virtual este lunes 2 de octubre con el presidente electo de Guatemala Bernardo Arévalo, afirmó el portavoz Matthew Miller en un comunicado.
La fiscalía allanó la sede del tribunal electoral de Guatemala y se incautó viernes y sábado de cajas que contenían actas de los resultados de las elecciones, que ganó Arévalo en segunda vuelta en agosto.
Arévalo denuncia que el decomiso de actas oculta intenciones golpistas y que el proceso de transición entre el gobierno saliente del presidente Alejandro Giammattei y el suyo se encuentra bajo amenaza.
Según el portavoz, el jefe de la democracia estadounidense expresó “su solidaridad con el pueblo guatemalteco, que se enfrenta a continuos esfuerzos para impedir un traspaso democrático del poder”.
Blinken dijo a Arévalo que espera trabajar con él “en temas de interés compartido” como la “migración irregular”, en un momento en el que el aumento de los migrantes que intentan cruzar a Estados Unidos preocupa sobremanera a Washington.
Arévalo también informó de esta reunión en su cuenta de X (antes Twitter).
“Intercambiamos y reiteramos nuestro compromiso para que prevalezca la democracia y se garantice el respeto al voto de las y los guatemaltecos, así como por la mutua colaboración en crear oportunidades de desarrollo para el país”, afirmó.
Desde junio se han multiplicado los embates legales contra el tribunal electoral y el partido Semilla de Arévalo, a pesar de múltiples condenas tanto en el país como en el extranjero.
Este fin de semana Miller ya anunció que Estados Unidos está tomando medidas para imponer restricciones de visas a aquellos que socaven la democracia, incluidos congresistas y “actores judiciales”. “El pueblo guatemalteco ha hablado. Su voz debe ser respetada”, afirmó.
Arévalo denuncia que su partido es víctima de una persecución judicial después de que la fiscalía pidiera suspender el movimiento por supuestas anomalías en su inscripción en 2017.
El último allanamiento -el quinto hasta ahora- ha vuelto a desatar duras críticas y protestas en la calles, donde grupos de manifestantes bloquean carreteras para exigir la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras.
