A través de un comunicado, la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia (SCSP) dijo que el apoyo del gobierno central al proceso electoral se evidencia al haber puesto a disposición más de 42 mil agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), más de 25 mil elementos del Ejército de Guatemala y al habilitar más 2 mil 500 escuelas como centros de votación.
“Aunado a lo anterior, en cumplimiento de lo establecido en la ley, hemos puesto a disposición de los candidatos a presidencia y vicepresidencia que participan en la segunda vuelta electoral un equipo de la Secretaría de Asuntos Administrativos (SAAS) y de Seguridad para garantizar la seguridad e integridad de los postulantes”, agrega el comunicado.
“Por otro lado, pese a que se desencadenaron hechos de conflictividad electoral durante la primera vuelta de las elecciones generales, por discrepancias en algunas juntas electorales, los hechos fueron abordados de forma oportuna por las fuerzas de seguridad, evitando una escalada del conflicto”, reiteró el gobierno de Alejandro Giammattei.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE), mediante la mandataria judicial María Lucrecia Morales Molina, presentó un amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC) contra de ocho funcionarios públicos ante la “la amenaza cierta, futura e inminente de que las autoridades denunciadas vulneren del Estado Democrático de Derecho”.
En el amparo que presentó el TSE, se menciona que este va dirigido por “la amenaza cierta, futura e inminente de que las autoridades denunciadas vulneren del Estado Democrático de Derecho al no garantizar el ejercicio de las funciones del Tribunal Supremo Electoral, de los Órganos Electorales Temporales y de la ciudadanía en general, para el desarrollo de un proceso electoral hasta su conclusión en un ambiente de libertad y plena vigencia de los derechos constitucionales de la ciudadanía y organizaciones políticas”.
En el amparo también señala que los denunciados “se abstengan de emitir decisiones y órdenes que se opongan a la plena vigencia, eficacia y cumplimiento de lo dispuesto en el acuerdo 1328-2023”. – en el que declarar la validez de la Elección de presidente y vicepresidente de la República, realizada el 25 de junio pasado-.
Los funcionarios denunciados son:
- David Napoleón Barrientos Girón, ministro de Gobernación
- Henry Yovani Reyes Chigua, ministro de la Defensa Nacional
- Silvia Patricia Valdés Quezada, presidenta del Organismo Judicial y la Corte Suprema de Justicia
- María Consuelo Porras Argueta, fiscal general y jefa del Ministerio Público
- Wuelmer Ubener Gómez González, procurador general de la Nación
- Edwin Manfredo Ardiano López, director general de la Policía Nacional Civil
- José Alejandro Córdova Herrera, procurador de los Derechos Humanos (Aunque luego enmendó y lo sacó de la denuncia)
- Edwin Martínez Cameros, ministro de Finanzas Públicas
Escuelas dañadas
El Ejecutivo también aprovechó para recordar que 17 de los centros educativos puestos a disposición del TSE quedaron dañados por los hechos de conflictividad ocurridos el 25 de junio y en días posteriores, “por lo que esperamos que el Tribunal Supremo Electoral se haga responsable de su reparación para evitar que los estudiantes vean vulnerado su derecho a la educación”.
“Las dependencias del Organismo Ejecutivo han trabajado en cumplimiento de su mandato legal, sin requerir de alguna resolución judicial que las obligue a ello, por lo que reiteran su compromiso de continuar cumpliendo con las funciones que el andamiaje jurídico les demanda en el proceso electoral”, concluyó el comunicado.
Minfin: “No sé por qué nos incluyeron”
Edwin Martínez Cameros, ministro de Finanzas Públicas, fijó su postura este mediodía luego de conocer el amparo solicitado por el TSE y comentó: “yo en realidad no comprendo por qué incluyen a Finanzas en un amparo de esa naturaleza, porque es un órgano en la administración de recursos, que ve la parte técnica y financiera, apoyando a todos”.
Al preguntarle sobre la dotación de recursos al órgano electoral, el funcionario enfatizó que se “ha apoyado, no solo con tenerle los recursos a tiempo (los desembolsos); para el asunto de la deuda política estuvieron pidiendo apoyo y se les incrementó; y en temas operativos se les apoya con los insumos de forma inmediata para que no tengan ningún tropiezo y adquieran todo lo que necesitan. O sea que es un apoyo casi directo e inmediato”.
Añadió que desde Finanzas no se puede vulnerar un proceso electoral, “pero ellos tendrán sus razones para incluirnos y es algo que afecta al ministerio porque la gente lo interpreta mal. Finanzas seguirá trasladando los recursos, considerando que hay disponibilidad”, afirmó.
Asignación al TSE
En cuanto a las asignaciones presupuestarias al TSE, el ministro Martínez Cameros respondió que el presupuesto que tiene asignado y vigente es de Q1 mil 566.7 millones, que incluye el gasto institucional y para el proceso electoral. De este monto, ya se le ha desembolsado el 56% y a la fecha, tiene en caja Q665 millones disponibles porque el total de ejecución aún es del 37.6%.
“Creo que es importante dejar claro esto porque no podemos desembolsar la totalidad de los recursos. Nosotros, como responsables de la administración de la hacienda pública, tenemos que ver si hay recursos en los bancos. Si es así, ¿por qué vamos a desembolsar más?”.
El funcionario aseguró que hay reuniones constantes con ellos (funcionarios del TSE) y se les indica que el dinero asignado se les va a trasladar, “pero lo importante es de que usen lo que está en la caja, porque la función de una institución pública no es estar ahorrando. Que se paguen los compromisos que tienen con esos Q665 millones y se les completa el 44% que se les debe”, sentenció.
PDH: Compromiso inquebrantable con los derechos humanos
Por su parte, el Procurador de los Derechos Humanos (PDH) Alejandro Córdova, también emitió un comunicado en el que destacó el trabajo del Observatorio y Voluntariado Electoral, conformado por trabajadores de la institución y estudiantes universitarios voluntarios, ha brindado acompañamiento y asistencia al ciudadano votante y elector, labor que se realizará hasta la finalización del proceso electoral.
“Nuestro compromiso ha sido garantizar el ejercicio del derecho al voto mediante llamamientos, observaciones y señalamientos para corregir cualquier irregularidad que pudiera impedir indebidamente el ejercicio del sufragio”, destacó Córdova.
“Respecto al amparo interpuesto por el Tribunal Supremo Electoral, es importante mencionar que posteriormente se aclaró que nuestra institución debe ser vinculada en calidad de tercero con interés y no de autoridad impugnada, ya que el propio tribunal reconoce nuestra labor de protección y respaldo a la actuación de las instituciones estatales”, agregó el PDH.
De esa cuenta, como tercero interesado, el PDH reiteró su “compromiso inquebrantable” con la protección de los derechos humanos en este proceso electoral y con la vigilancia para que los derechos fundamentales sean respetados en el desarrollo de la democracia guatemalteca.
