La CC argumentó, a través de un comunicado este 21 de julio, que el fallo respondió a la acción legal que presentó la organización partidaria en la que se advertía que la orden de suspender la personalidad jurídica de Semilla, pondría en “peligro” el curso normal del proceso electoral.
Además, la CC recordó que en la resolución del amparo provisional, dejó en claro la “protección solicitada” y que la orden que el juez Fredy Orellana emitió el 12 de julio “no afecta ni deja en suspenso” el acuerdo con el que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) oficializó los primeros resultados de las votaciones y, por ende, el avance hacia la segunda vuelta.
Con esa resolución, recuerda el máximo tribunal, que además de que la segunda vuelta “se lleve a cabo en la fecha indicada y con la participación de los candidatos oficializados” en el acuerdo del TSE.
En esa resolución, sostiene la CC, la orden del juez Orellana “carece de efecto en cuanto a suspender el proceso electoral en la fase en la que se encuentra, así como sus efectos posteriores”.
A su vez, la CC aclara a las autoridades electorales, al Ministerio Público (MP), al Organismo Judicial y a la ciudadanía, que con el amparo que ya otorgó, toda orden penal “carece de efectos para suspender la continuidad y conclusión del proceso electoral” que se desarrolla en Guatemala.
En concreto, indica que la orden del juez tampoco tendrá efectos para “dejar sin personalidad” a los partidos que participan en las elecciones.
#Ahora | Corte de Constitucionalidad emite un comunicado respecto a la crisis electoral que se vive en Guatemala. #DecisionLibre2023 https://t.co/Tzo9lOGikM
— Prensa Libre (@prensa_libre) July 21, 2023
La CC se pronunció luego de que el TSE pidiera este mismo viernes 21 de julio a la CC, que impida al MP entorpecer el balotaje presidencial del 20 de agosto, luego de una serie de maniobras de fiscales que han generado incertidumbre.
El amparo presentado por el TSE ante la CC solicita que esta ordene a la Fiscalía, Policía, Ejército, Corte Suprema y otras instituciones del Estado garantizar la segunda vuelta presidencial, en la que se deberán enfrentar los candidatos Sandra Torres, por la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y Bernardo Arévalo, del partido Semilla.
El TSE argumentó que existe “la amenaza cierta, futura e inminente de que las autoridades denunciadas vulneren el Estado Democrático de Derecho, al no garantizar el ejercicio de las funciones del Tribunal Supremo Electoral, de los Órganos Electorales Temporales y de la ciudadanía en general”.
El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) Luis Almagro, expresó su respaldo al pronunciamiento de la CC, a la vez que hizo un llamado a “gobernantes y gobernados al respeto al proceso electoral en curso y con ello, a la democracia en el país”.
Las acciones legales y los pronunciamientos surgieron mientras el Ministerio Público allanaba la sede del partido Semilla, como parte de las diligencias de un supuesto caso de corrupción con el que busca la cancelación del partido.
Ante la situación que atraviesa Guatemala, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) Luis Almagro, expresó su respaldo al pronunciamiento de la máxima corte, a la vez que hizo un llamado a “gobernantes y gobernados al respeto al proceso electoral en curso y con ello, a la democracia en el país”.
Además, en un segundo mensaje declaró su condena al allanamiento que el MP emprendió en la sede del Movimiento Semilla.
“Llamamos a detener de inmediato estos ataques con fines políticos y respetar el proceso electoral así como al sistema democrático”, publicó en un tuit.
Por su parte el Gobierno se pronunció respecto a la acción de amparo solicitada ante la CC por el TSE, contra funcionarios del MP, OJ y el Ejecutivo.
Según el Gobierno, “es sorpresiva y lamentable” la acción, pues asegura que ese organismo ha brindado “todas las garantías de protección” y acceso al voto durante el proceso electoral, a través del Ministerio de Gobernación.
Además de señala que ha puesto a disposición acciones de seguridad y más de 2 mil 500 centros educativos para ser usados como centros de votación.
