Retalhuleu y Suchitepéquez son los departamentos  donde la agroindustria desvía con mayor  frecuencia los ríos, por lo que   agricultores denuncian  esas  acciones, pues los pozos artesanales y los  afluentes  se secan  durante   el verano. Un ejemplo son los  ríos Sis e Icán, en Cuyotenango; y el  Ixtacapa, San Antonio, cuyas  aguas son   utilizadas  por la agroindustrias.

De acuerdo con  una  denuncia presentada por  vecinos, los referidos afluentes  son desviados por personal de los  ingenios Tululá y Palo Gordo,  lo que impacta en las comunidades  El Chacalte Aparicio, San Isidro y  El Progreso,   Cuyotenango. Además, residentes de  San Antonio y San José el Ídolo deben racionar  el agua, debido a la escasez.

“Estamos abandonados, porque la municipalidad no nos presta servicio da agua entubada y el ingenio nos quita el río”, lamentó  Feliciana de la Cruz, vecina de cantón Chacalte Aparicio, Suchitepéquez.

Josefa Ramírez, otra pobladora, explicó que en ocasiones piensan liberar el paso del río; sin embargo, siempre hay  hombres armados que lo impiden.

Los ríos Ocosito y Jesús La bomba, que nacen en la cabecera de Retalhuleu, también son desviados por la industria cañera. Ambos afluentes desembocan en la laguna del Manchón Guamuchal, pero por la falta de agua se está secando, informó Jorge Vázquez, líder comunitario.

Se buscó la versión de los ingenios, pero al cierre de esta edición no habían respondido la  solicitud.

En Coatepeque, Quetzaltenango, desde hace varios años los  vecinos  han solicitado a las autoridades inspeccionar empresas de monocultivo qué desvían  afluentes, como el  Pacayá y el Mopa, que pasan por las comunidades San Rafael Pacayá I y II, Villa Flores, Santa Fe, Los Encuentros y San Vicente Pacayá.

En lo que va del año, la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) ha  recibido   tres denuncias de  Coatepeque,  una de Escuintla, una de Retalhuleu,  una de Jutiapa y  una de Suchitepéquez.

Escuintla y Santa Rosa

El  desvío del río Madre Vieja, Coyolate y Achiguate  causa revuelo en Escuintla, pero hasta ahora no se ha emitido ninguna sanción  contra  las empresas que aprovechan el  agua para  el  riego de sus cultivos.

Nelson Yanes,  presidente de la Asociación para la Protección de las Bordas de los Ríos Coyolate y Madre Vieja, comentó que luego de  que las comunidades y líderes se levantaran en Nueva Concepción para liberar el caudal del  Madre Vieja,  las autoridades se unieron y decidieron actuar.

“Hay una mesa técnica en la que participan empresarios, lo que favorece  que el líquido se utilice de manera racional”, agregó Yanes, quien señaló  que el mayor problema lo causa  el cultivo de palma africana.

El desvío de los afluentes en  ese departamento  ha causado daño a más de 400 hectáreas de mangle, lo que hace vulnerable a inundaciones  a  poblaciones  cercanas, refirió el ambientalista Rodrigo Espinosa, del portal GuateSostenible.org.

Alex Guerra Noriega, director general de Instituto Privado de Investigación sobre Cambio Climático, indicó que nadie tiene autorización para bloquear el cauce de los ríos, pero  enfatizó que históricamente se han otorgado algunos derechos para uso de la industria.

En Santa Rosa,  unas 50  mil personas viven en la ribera  del río Los Esclavos, quienes son  afectadas por  el desvío y la contaminación del afluente.

“En  verano se puede observar que hay   ríos  que no llevan suficiente agua, como la Canoa,   Seco,  La Virgen, La Paz y   María Linda, pues  sus aguas son desviadas por la industria de caña, y café, así como por  granjas avícolas  y porcinas”, comentó Rony Cordero,   presidente del Consejo Comunitario de Desarrollo de  La Ceiba Gacha, Oratorio.

Los vecinos  más afectados  son los que viven en la orilla  del río Los Esclavos, el cual nace en las montañas de Mataquescuintla, Jalapa, y atraviesa unos  10 municipios de Santa Rosa, para  desembocar en el Canal de Chiquimulilla.

Daños  en Petén 

El río Subín y La Pasión, dos afluentes   importantes en   Petén, han sido desviados por ganaderos, aseguran vecinos  afectados.

El río  Subín, pasa por   Las Cruces, Sayaxche y La Libertad, fue desviado en el 2010 cerca de su nacimiento, en el punto conocido como La Esperanza, San Francisco, lo que  provocó disminución del caudal y afectó a pequeños y medianos ganaderos, así como a miles  de familias que  utilizan sus  aguas.

El desvío de La Pasión fue de un kilómetro y medio,   a lo que se suma la contaminación de sus  aguas, pues en  en los últimos tiempos  se ha reportado mortandad  de peces y otras  especies, según se  constató  en la Fiscalía de Delitos contra el Ambiente del Ministerio Público (MP).

Monitoreo

Sydney Samuels, ministro de Ambiente y Recursos Naturales, informó que la entidad no tiene  registro de las consecuencias del desvío de ríos, pero reconoció  que afecta “grandemente” a las comunidades que dependen del agua.

“Hay un desorden con el uso de los recursos y el problema ha caído en la anarquía, porque las industrias toman lo que quieren y no pagan nada. Eso hace que las comunidades se queden sin el recurso o bien reciban agua contaminada”, señaló.

El 9 de abril último, el funcionario llevó a cabo una inspección aérea en la Costa Sur, donde confirmó más de 50 desvíos de ríos.

De acuerdo con Samuels, para esta  semana  se tiene previsto confirmar qué  empresas continúan con el desvío de ríos para accionar contra ellas en el  MP.

Jorge de León Duque, procurador de los Derechos Humanos,  señaló  que la  Constitución establece que el agua es un bien imprescriptible e inalienable, pero lamentó el “aprovechamiento” que hacen las empresas de ese recurso.

“El Código Penal determina la condición de  delito cuando se evidencia que personas particulares, fincas e ingenios cometen un ilícito; se debe perseguir a los responsables”, agregó De León, quien hizo énfasis en que  el país carece de una ley de aguas —el único de Centroamérica—.

Aparicio Pérez, del Comité de Unidad Campesina (CUC), y el diputado Amílcar Pop,  coinciden en  que el problema de desvío de ríos radica en la falta de políticas de Estado que  busquen poner  fin a esas prácticas, mientras las  empresas  de  palma africana, caña de azúcar, banano y otros productos generan millonarias ganancia.

A pesar de que el desvío de ríos está tipificado como    delito  en el Código Penal, del 2012 al 2013 ingresaron 76 casos al Organismo Judicial, de los cuales  hubo nueve sentencias absolutorias y ninguna condena.

Estadísticas del MP del 2012 al 2014 señalan que  se recibieron 174 denuncias por ese ilícito y que  se formularon 10 acusaciones, pero  apenas se dictaron dos condenas.

Aprovechamiento

Un estudio del Portal de Recursos Hídricos de Guatemala establece que el sector agrícola utiliza  cada año para riego dos mil 200 millones  de metros cúbicos de agua —un metro cúbico equivale a mil litros—, que representa   10 veces el caudal del Lago de  Amatitlán.

Además, esa cifra se compara con los dos mil 283 millones de metros  cúbicos que se requieren para la producción de energía, con la salvedad de que  el agua  queda disponible para  un nuevo uso.

El estudio agrega que la industria requiere de 850 millones de metros cúbicos de agua  al año, mientras  que  la red de distribución de agua entubada del país, 283 millones de metros cúbicos.

Un mapa sobre cuencas hidrográficas de Guatemala registra 38 ríos principales distribuidos en tres vertientes: la del Pacífico, que cuenta con 18 afluentes; la del Atlántico, 10,  que desembocan en el Golfo de Honduras; y la del Golfo de México, con otros  10.  Además, el 95 por ciento  del recurso hídrico del país está contaminado.

Normativas

El desvío de ríos es penado con prisión.

El artículo 260 del Código Penal se refiere a la usurpación de aguas y el aprovechamiento ilícito de los ríos, y sanciona con prisión de uno a tres años y  multa de Q1 mil a Q5 mil.

La Constitución, en los artículos 127 y 128 hace alusión del régimen y el aprovechamiento de las aguas, lagos y ríos; el artículo 346 del Código Penal, que se refiere a la explotación ilegal de los recursos naturales, castiga con prisión de dos a cinco años y el decomiso de  maquinaria.

El 26  de abril, 70 diputados se opusieron  a conocer la reforma al Código Penal para castigar rigurosamente el desvío y retención de las aguas de los ríos.  Sesenta y uno  estuvieron a favor y 27 no se presentaron.

Registros de  la Dirección Legislativa del Congreso establecen que en 1993 recibió la primera iniciativa de ley de aguas  a cargo del diputado Arturo Escobar. Este año Sydney Samuels, ministro de Ambiente,  presentó otra iniciativa —la  12, en su orden—, que en este momento se encuentra en análisis.

Á. Coyoy, C. Paredes, O. Méndez, J. Tizol, O. Cardona y R. Escobar