La aprobación de la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria por parte del Congreso de la República, en el 2024, estipuló la creación de la Dirección de Proyectos Viales Prioritarios (DIPP), una entidad que tendrá a su cargo el mantenimiento y la atención de los principales tramos carreteros del país, incluidos corredores centroamericanos.

Sin embargo, a más de un año de la entrada en vigor de la normativa, la instalación formal de la dirección aún no se ha concretado. Representantes vinculados al directorio señalan que, entre los principales factores que han incidido en el proceso son la falta de consensos, la ausencia del reglamento y la limitada convocatoria a reuniones para la toma de decisiones.

La presidenta del Consejo de Usuarios del Transporte Internacional de Guatemala (Cutrigua), Carmen Abril, indicó en un foro el pasado 10 de febrero, que la discusión sobre la operatividad de la DIPP trasciende el ámbito administrativo y se relaciona con la movilidad y los costos logísticos que enfrentan miles de guatemaltecos diariamente. “El interés no es solo que se construya infraestructura, sino que se le dé mantenimiento, porque eso implica menos tiempo, menos muertos. Además, los trayectos serán más predecibles y tendremos claridad sobre cómo vamos a actuar”, afirmó.

Abril agregó que, desde la perspectiva del sector usuario del transporte, la falta de funcionamiento de la entidad tiene efectos en la competitividad. “Para nosotros, la DIPP no es administrativa. Son horas perdidas, costos operativos y también mermas en la competitividad del país”, señaló.

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La DIPP permitiría atender emergencias en trámites prioritarios. “Podríamos llegar de inmediato cuando un tramo colapsa, sin tener obstáculos que ordinariamente se presentan”, dijo Abril. También destacó que la DIPP podría atender casos en los que los proyectos estén suspendidos o judicializados. “Podemos adquirir puentes si colapsa una infraestructura, y eso sí es atender la movilidad con emergencia”, enfatizó.

De acuerdo con lo expuesto por representantes de entidades que conforman el directorio, la dinámica de votación también ha incidido en los tiempos de avance. “La última semana tuvimos una votación y no hubo suficientes representantes. No se llegan a consensos, y eso es legítimo; no tenemos por qué estar de acuerdo en todo. Del lado del sector público tienen claridad de lo que quieren”, expresó Abril.

Cambios de funcionarios en el CIV

Abril señaló que los cambios de autoridades en el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) han tenido efectos en la continuidad del proceso. “Cada vez que hay un cambio de autoridades sucede una distorsión o un rompimiento en el camino que llevaba la institución, porque se deben volver a colocar las piezas en su lugar”, explicó.

Indicó que, cuando llegan nuevos funcionarios, las revisiones de procesos pueden modificar el ritmo institucional. “Hay funcionarios que llegan y dicen: Bueno, lo que veníamos haciendo, sigámoslo haciendo; lo revisan y le hacen ajustes. Pero cuando hay funcionarios que no están de acuerdo con lo que había antes, entonces sí generan un daño muy fuerte a la continuidad; eso es innegable”, afirmó.

Abril reiteró la necesidad de mantener una cadencia de trabajo constante. “Ya llegamos a un punto en el que es importante que todos tengamos la convicción de que, sin importar lo que pase o si hay cambios de autoridades, deberíamos mantener un ritmo, una cadencia, porque no podemos consolidar una institución como la DIPP a un ritmo lento. Es necesario que lo hagamos con una cadencia de atención semanal”, expresó.

El director ejecutivo de Fundesa, Juan Carlos Zapata, señaló que el reglamento fue trabajado en un proceso participativo. “El reglamento se elaboró en una comisión donde hubo participación de todos los ministerios y de todos los representantes del sector privado. Por eso, no entendemos por qué no ha avanzado”, explicó.

Añadió que los cambios de autoridades podrían haber incidido en el retraso. “Como hemos tenido cinco ministros en menos de dos años, puede ser que algunos de los que participaron en la elaboración del reglamento ya no estén. Pero uno esperaría que eso fuera institucional y que no dependiera de personas”, afirmó.

En ese sentido, indicó que el proceso debería avanzar hacia su validación formal. “Creemos que debería ser lo antes posible que se envíe a la Procuraduíra General de la Nación (PGN) y se inicie el proceso, para luego llegar a la Secretaría General de la Presidencia y lograr el acuerdo gubernamental necesario para su aprobación”, dijo.

Retos presupuestarios

El viceministro de Transparencia Fiscal y Adquisiciones del Estado del Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin), Carlos Melgar, explicó en un foro el pasado 10 de febrero que la redacción de la ley implica una serie de pasos técnicos previos para la transferencia de recursos. “Había una obligación que marcaba la ley de 60 días, una vez entrada en vigor, para transferir 10 millones al fondo operativo”, indicó.

Según el funcionario, la normativa establece la creación de un fondo con dos subfondos, uno operativo y otro de infraestructura, que permitirían iniciar la contratación de personal y habilitar funciones administrativas. “Con eso se construía el capital inicial para que la DIPP pudiera comenzar a contratar personal y habilitar funciones administrativas para todos sus roles”, explicó.

No obstante, Melgar precisó que la transferencia de recursos depende de condiciones institucionales previas. “Para que la cartera pueda trasladar los recursos, deben existir condiciones previas en el sistema administrativo financiero del Estado. Constituir todo esto no es una decisión exclusiva del Ministerio de Finanzas, sino decisiones que se toman en el directorio de la DIPP”, señaló.

El viceministro también destacó la complejidad operativa derivada del diseño legal del directorio. “Por disposición de los legisladores, todas las decisiones que toma el directorio de la DIPP deben aprobarse con cuatro votos, de cinco. No siempre se logran esos consensos, y eso define la toma de decisiones”, indicó.

Entre los requisitos técnicos pendientes, mencionó la asignación del código de unidad ejecutora, indispensable dentro del sistema presupuestario para recibir recursos públicos. “Sin este código es técnicamente imposible hacer transferencias en el Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin)”.

Posteriormente, debe aprobarse la estructura presupuestaria y la creación formal de los fondos establecidos por la ley. “Al día de hoy, la estructura presupuestaria aún no ha sido aprobada por parte del directorio”, afirmó Melgar.

Asimismo, añadió que, incluso si eso ya estuviera definido, la pregunta es: ¿a dónde transferir el dinero? “La ley establece los fondos y no han sido creados. No hay un receptor, no existe el instrumento financiero al cual transferir los recursos, aunque la ley marque los tiempos”, dijo.

Cuellos de botella

Uno de los principales retos identificados es la emisión del reglamento. Según Abril, el directorio aprobó una propuesta desde la primera semana de noviembre, aunque su emisión por parte del Organismo Ejecutivo aún está pendiente. “La ley establecía que debía emitirse el 30 de noviembre. No se ha emitido. ¿Dónde está ese expediente? ¿Dónde está esa gestión?”, cuestionó.

Otro punto señalado es la falta de acuerdo sobre la estructura presupuestaria. “No hay un acuerdo sobre cuál es el programa que se debe usar para la estructura presupuestaria”, explicó.

Además, indicó que la definición del salario de la gerente ha sido objeto de discusión durante varios meses. “Llevamos seis meses discutiendo el sueldo de la gerente. El sector público no está de acuerdo con la propuesta y tampoco tiene una propia. Pareciera que es algo menor, pero no lo es”, afirmó.

“¿Cómo vamos a vencer ese impase de establecer un equipo que empiece a trabajar en poner su núcleo operativo, si no podemos ni siquiera instalar a la gerente?”, explicó.

Próximos pasos

Abril planteó que una de las propuestas del sector usuario es establecer un calendario de instalación intensiva con reuniones semanales, y no quincenales, mientras se resuelven los pendientes. “Hemos pasado hasta más de dos meses sin ser convocados al diálogo. Esa inactividad es tiempo país perdido. Cuando tenemos una reunión, tenemos quórum para sesionar, pero no para decidir”, expresó.

También sugirió que el reglamento avance bajo una ruta crítica que establezca responsables y plazos de respuesta a las observaciones, para agilizar su aprobación.

Por su parte, Zapata identificó tres componentes urgentes para destrabar el proceso institucional. “Los tres temas más urgentes son el reglamento, la estructura presupuestaria para que se le puedan trasladar recursos, y el análisis de toda la red vial, que debe estar concluido antes del 25 de abril”, indicó.

Añadió que el estudio de la red vial permitiría definir una planificación de inversiones. “Esperamos que, por lo menos, se logre iniciar lo antes posible ese estudio, porque eso es lo que permitirá luego tener un primer plan de inversión de infraestructura vial para el país, que sería el primer plan vinculante de este tipo que podríamos tener”, explicó.

Sobre las proyecciones de la DIPP, indicó que el corto plazo estaría enfocado en planificación, más que en ejecución. “Para el siguiente año, yo diría solo el estudio y el plan de inversión de infraestructura vial. Si eso se logra concluir antes de que termine el año, sería un gran avance para que el próximo año se inicien las licitaciones de proyectos”, afirmó.

El viceministro señaló que el proceso actual corresponde principalmente a la configuración institucional de la dirección. “El reto, por ahora, es configurar la DIPP como tal y, en ese sentido, hay recursos que no se han podido trasladar, no por responsabilidad del Ministerio de Finanzas Públicas, sino porque decisiones que deben tomarse previamente no se han concretado en el directorio”, indicó.

Añadió que, en esta etapa, aún no se prevé la aprobación de proyectos o licitaciones. “Estos primeros meses tienen que ver con la estructura de la dirección, no con aprobar proyectos o licitaciones, porque para todo esto primero debe agotarse la fase de creación institucional”, explicó.

El funcionario también destacó que la ley establece la realización de una evaluación de la red vial, proceso que aún debe ejecutarse. “Va en proceso, quizá no al ritmo que muchos quisieran, pero son decisiones que toma el directorio, y no solo una entidad”, señaló.

Abril añadió que, en términos operativos, los primeros meses podrían enfocarse en estudios y diagnósticos. “En seis meses, la DIPP podría hacer muchas cosas: podríamos levantar estudios, realizar la evaluación de la red vial… pero que vean a la DIPP ejecutando en seis meses, eso no está en la planificación”, indicó.

Calendario previsto de la DIPP

Realizado

• Nombramiento de los miembros del primer directorio. Plazo: 30 días desde la vigencia de la ley. Estatus: realizado. Responsable: CIV.
• Directorio nombrará a Comité ad hoc para convocar y evaluar candidatos a primer gerente de la DIPP. Plazo: 15 días desde la vigencia de la ley. Estatus: realizado. Responsable: directorio de la DIPP.
• Nombramiento del primer gerente general de la DIPP por parte del cimité ad doc. Plazo: dos meses después de designar al comité. Estatus: realizado. Responsable: directorio de la DIPP.
• Definir estándares para evaluación del estado de la infraestructura vial prioritaria. Plazo: cuatro meses después de integrar directorio. Estatus: realizado. Responsable: directorio de la DIPP.

Incumplido

• Desarrollar y ajustar módulos de sistemas financieros, desarrollar la estructura financiera de la DIPP. Plazo: 30 días desde la vigencia de la ley. Estatus: incumplido. Responsable: Minfin, Segeplan y directorio de la DIPP.
• Desembolso de Q10 millones para fondo operativo y Q20 millones para infraestructura. Plazo: 30 días desde la vigencia de la ley. Estatus: incumplido. Responsable: Minfin.
• Ejecutivo emitirá reglamento de la Ley de Infraestructura Vial Priotitaria. Plazo: 10 meses de vigencia de la ley. Estatus: incumplido desde el 20 de noviembre de 2025. Responsable: Ejecutivo.

A tiempo

• Contratación, licitación o convenio para la primera evaluación del estado de la infraestructura vial prioritaria. Plazo: seis meses después de que el gerente tome posesión. Estatus: a tiempo, se vence el 25 de abril de 2026. Responsable: gerente de la DIPP.

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