El crecimiento de la demanda eléctrica y la incorporación de nuevas plantas generadoras aumentan la necesidad de ampliar la red de transmisión en Guatemala. Los trámites municipales, los derechos de paso y los conflictos comunitarios prolongan la ejecución de proyectos que buscan mejorar el suministro.

Guatemala enfrenta el desafío de ampliar su red de transmisión eléctrica para responder al crecimiento del consumo y permitir que la energía producida por nuevas plantas generadoras llegue a los hogares, comercios e industrias. Los retrasos en la construcción de líneas y subestaciones, asociados con permisos municipales, autorizaciones estatales y derechos de paso, dificultan el desarrollo de la infraestructura.

Durante El Foro de Guatemala No Se Detiene, representantes del Gobierno, el Congreso y el sector eléctrico coincidieron en la urgencia de acelerar estas inversiones. David Cabrera, presidente de la Asociación Guatemalteca de Transportistas de Electricidad (AGTE), señaló que el consumo eléctrico del país crece entre 6% y 7% al año, mientras que la infraestructura de transmisión registra un crecimiento aproximado de 1.5%.

El rezago también se refleja en los procesos de contratación. Francisco Tzirín, viceministro del Área Energética del Ministerio de Energía y Minas (MEM), explicó que el último plan de expansión de transmisión adjudicado corresponde al 2014. Aunque en el 2025 se convocó un nuevo proceso, denominado PET-3, este no alcanzó los resultados esperados.

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Luis Ortiz, presidente de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE), aseguró que existen obras previstas para ejecutarse en tres o cuatro años que han acumulado más de una década de gestiones. Incluso mencionó subestaciones terminadas desde hace diez años que todavía no pueden entrar en funcionamiento por falta de autorizaciones.

Alfonso González, presidente de la Asociación de Generadores con Energía Renovable (AGER), advirtió que la saturación de las líneas existentes puede provocar interrupciones del servicio, mientras que las nuevas plantas generadoras necesitarán infraestructura para transportar la electricidad que produzcan.

Frente a este escenario, los participantes del foro identificaron tres asuntos que deben atenderse para facilitar la construcción de nuevas líneas: los cambios propuestos en la iniciativa de ley 6665, la discrecionalidad de las autoridades municipales y los procedimientos relacionados con licencias, servidumbres y conflictos comunitarios.

Iniciativa 6665 busca agilizar la construcción de las líneas eléctricas

Uno de los mecanismos planteados para facilitar la expansión de la red es la iniciativa de ley 6665, conocida como Ley de Infraestructura para el Transporte de Energía Eléctrica, que se encuentra en discusión en el Congreso de la República y propone modificaciones a los procedimientos relacionados con la construcción de infraestructura de transmisión eléctrica.

Jorge Ayala, diputado y presidente de la Comisión de Economía y Comercio Exterior del Congreso de la República, explicó que la propuesta contempla la creación de una ventanilla única: “Estamos desarrollando la posibilidad de constituir una ventanilla ágil, (...) donde los diferentes entes del Estado que participan en el proceso de autorización de esas licencias participen de forma digital, remota, integrada, no secuencial”, explicó Ayala.

La propuesta pretende evitar que las autorizaciones dependan de procedimientos sucesivos ante distintas instituciones, una situación que, según los participantes, prolonga los tiempos necesarios para comenzar las obras.

Ayala también señaló que se plantea establecer un arbitrio municipal que permita definir los costos asociados con la instalación de líneas y subestaciones eléctricas. El objetivo es que los desarrolladores conozcan previamente los montos que deberán pagar y los procedimientos aplicables.

Por su parte, Ortiz identificó tres obstáculos que la iniciativa busca resolver: “Uno es el tema de las licencias de entidades de gobierno, estoy hablando de ambientales y de otro tipo, incluso del Ministerio de Energía y Minas. El segundo es el de las autorizaciones municipales y el tercero son los derechos de vía”, detalló.

El presidente de la CNEE señaló que las dificultades acumuladas han provocado que algunos proyectos iniciados hace más de una década continúen sin concluirse, pese a que originalmente tenían plazos de ejecución mucho menores.

“Un proyecto que se comenzó en el año 2009 no se ha podido concluir hoy y ese proyecto fue planteado para terminarse en cuatro años. Entonces eso puede dar una idea de la magnitud del problema”, aseguró.

González consideró que la creación de una ventanilla única debe acompañarse de plazos definidos para que las instituciones respondan a las solicitudes: "Esa ventanilla única a las instituciones hay que ponerle plazo. Y es un plazo para hacer, no para no hacer”, afirmó.

El diputado Ayala indicó que el compromiso desde el Congreso consiste en avanzar en la discusión de las enmiendas de la iniciativa, particularmente sobre licencias ambientales y municipales, la ventanilla única y el otorgamiento de derechos de paso y servidumbres.

"Como presidente de la Comisión de Economía es avanzar en la discusión de las enmiendas de la iniciativa 6665 de la forma multiinstitucional que lo estamos haciendo”, señaló.

Cobros y decisiones municipales generan incertidumbre en los proyectos

Las diferencias entre los procedimientos que aplican las municipalidades fueron uno de los principales problemas señalados durante el foro. Los participantes explicaron que las empresas deben gestionar autorizaciones ante distintas autoridades locales, sin que necesariamente existan criterios uniformes sobre los requisitos, plazos y costos.

David Cabrera expuso que un mismo tipo de expediente puede recibir respuestas muy diferentes según el municipio donde se presente.

“Hoy en día yo llevo un expediente a la municipalidad, el expediente es idéntico y el resultado es diferente; en uno puede tardar un mes, en otro puede tardar cinco años, en uno puede costar 100 mil quetzales, en el otro 10 millones de quetzales”, señaló.

Según Cabrera, la falta de criterios uniformes entre municipalidades dificulta establecer los costos y plazos de los proyectos de transmisión eléctrica: “Necesitamos estandarizar eso porque en Guatemala hay 330 pequeños feudos o reinatos donde tenemos que ir a gestionar este tema”, expresó.

El presidente de AGTE también señaló que algunas obras cuya construcción requiere entre un año y medio y dos años pueden tardar entre seis y ocho años únicamente en obtener los permisos necesarios.

La discusión también abordó los alcances de la autonomía municipal. El viceministro Francisco Tzirín reconoció que se trata de una facultad constitucional, pero cuestionó su aplicación cuando las decisiones de las autoridades locales impiden ejecutar proyectos de infraestructura: “El problema está cuando las autoridades lo sacan de contexto, lo llevan más allá y obstaculiza el desarrollo de proyectos de toda naturaleza, no solo las eléctricas”, afirmó.

Luis Ortiz, presidente de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE), coincidió con ese planteamiento y sostuvo que la autonomía municipal no debería utilizarse para bloquear obras contempladas en los planes nacionales de expansión.

“Las municipalidades tienen una autonomía administrativa, pero eso no quiere decir que se puedan o que se deban oponer a los proyectos que emanan de los entes superiores, tanto del Ejecutivo como del Organismo Legislativo”, manifestó.

Como ejemplo de las consecuencias de estos retrasos, explicó que en Chicamán, Quiché, existe una subestación construida por el Instituto Nacional de Electrificación (INDE) que todavía no ha podido energizarse debido a la falta de licencias de las autoridades locales.

“En ese lugar precisamente hay una subestación que el INDE construyó hace diez años que no se puede energizar por falta de las licencias de las autoridades locales”, indicó.

El presidente de AGER, advirtió que la incertidumbre sobre los cobros municipales afecta las decisiones de inversión. “Más que las tasas es la falta de certeza, el no saber qué es lo que se va a cobrar, el no saber cuánto es un tema que hay que regular”, manifestó.

Por su parte, el viceministro Francisco Tzirín explicó que los costos asociados con los permisos no afectan únicamente a las empresas desarrolladoras, sino que se trasladan a los consumidores. “Al final todos esos costos van a la tarifa eléctrica y lo pagamos todos”, señaló.

A estas dificultades se suma la posibilidad de enfrentar disputas legales. Ortiz, afirmó que Guatemala enfrenta un proceso de arbitraje relacionado con la falta de certeza jurídica, debido a situaciones en las que las autoridades conceden licencias y posteriormente las revocan. El funcionario no precisó el expediente ni el monto en disputa.

Permisos, servidumbres y conflictos comunitarios prolongan las obras

Además de las autorizaciones municipales, la construcción de nuevas líneas de transmisión requiere cumplir con procedimientos ambientales, obtener derechos de paso por terrenos y resolver diferencias con las comunidades ubicadas en las zonas donde se desarrollarán los proyectos.

Estos procesos involucran a distintas instituciones públicas, autoridades locales, propietarios y empresas, lo que exige coordinación para evitar que las obras permanezcan detenidas durante varios años.

El viceministro Tzirín consideró que la solución debe ser interinstitucional e incluir a las comunidades desde las primeras etapas de los proyectos. “Muchas veces también de la parte de las comunidades locales, las demandas y los requerimientos también son legítimos y entonces es necesario que no solo se les escuche, sino que también se resuelva”, afirmó.

En ese sentido, explicó que algunas solicitudes comunitarias corresponden a responsabilidades del Estado y no pueden ser atendidas únicamente por las empresas encargadas de construir las líneas de transmisión.

Cabrera coincidió con ese planteamiento y mencionó que durante los procesos de diálogo pueden surgir peticiones relacionadas con obras y servicios públicos. “Cuando le piden a uno un puente, una escuela, un puesto de salud, una carretera, estas son necesidades que tiene la población, son legítimas, pero son necesidades que van más allá del problema eléctrico”, señaló.

Por su parte, Ortiz consideró necesario distinguir entre los reclamos legítimos de las comunidades y otros conflictos que, según su apreciación, responden a intereses distintos. “Hay dos tipos de conflictividad, una conflictividad que es legítima, en el sentido de que hay reclamos de las poblaciones por cosas que les pueden afectar; esos normalmente se resuelven en una mesa, se resuelven con diálogos”, manifestó.

En otros casos, los desacuerdos se relacionan directamente con la constitución de servidumbres y la compensación que debe recibir un propietario por permitir el paso de infraestructura eléctrica.

Cabrera explicó que la iniciativa 6665 contempla mecanismos para agilizar la resolución de diferencias sobre los montos de compensación por servidumbres. La propuesta permitiría llevar estos casos ante un juzgado para determinar el pago correspondiente, sin detener necesariamente la ejecución de las obras durante el proceso judicial.

Por su parte, el diputado Jorge Ayala señaló que la iniciativa también plantea revisar disposiciones relacionadas con áreas protegidas, licencias ambientales y manejo forestal, con el propósito de coordinar los procedimientos entre las instituciones responsables.

“No podemos separar y considerar cada uno como un feudo independiente, sino que tenemos que tener una visión integradora”, sostuvo Ayala, quien consideró necesario identificar alternativas que permitan desarrollar los proyectos con el menor impacto ambiental posible.

González, agregó que otro desafío durante las negociaciones consiste en identificar a los representantes legítimos de las comunidades. “Mucho de lo que sucede en los procesos de diálogo es que resulta que el que está sentado en la mesa no es el que por ley debe estar sentado en la mesa”, cuestionó.

Al concluir el foro, los participantes expusieron los compromisos que podrían contribuir a acelerar las inversiones en transmisión eléctrica. El viceministro Francisco Tzirín anunció que el Ministerio de Energía y Minas espera convocar en los próximos meses la licitación PET-4, incorporando las lecciones aprendidas del proceso anterior.

“Incorporar mejoras en la próxima licitación, la PET-4, que esperamos lanzar en los próximos meses, tomar lecciones aprendidas de las anteriores, principalmente de la PET-3”, explicó Tzirín.

El presidente de la CNEE, destacó la necesidad de fortalecer el mecanismo de iniciativas propias, que, según indicó, ha demostrado ser una alternativa ágil para desarrollar proyectos específicos.

Finalmente, Ayala se comprometió a avanzar en la discusión de las enmiendas a la iniciativa 6665, con énfasis en cuatro aspectos: licencias ambientales, autorizaciones municipales, creación de una ventanilla única y otorgamiento de derechos de vía y servidumbres.

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